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Laura Duguine es arqueóloga. Trabaja desde hace quince años en lo que fue el centro clandestino conocido como Club Atlético. Es una de las responsables de desenterrar la verdad de lo sucedido en el campo de concentración que funcionó en Avenida San Juan y Paseo Colón. Muchos —como Paula Maroni— agradecen que Laura trabaje en el sitio de memoria. Otros sienten orgullo por lo que hace. Entre ellos se cuenta Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se sentó a su lado en la reunión informativa que tuvo lugar en la Legislatura porteña. El encuentro se hizo para denunciar los 60 despidos con los que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel arrancó la segunda mitad del año en la Secretaría de Derechos Humanos. Laura se cuenta entre los trabajadores altamente calificados que se quedaron sin trabajo.
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el Consejo Federal de Derechos Humanos, el Centro Cultural Haroldo Conti, la dirección de Leyes Reparatorias, los sitios de memoria y el Archivo Nacional de la Memoria. Esas son las áreas de la Secretaría que resultaron jaqueadas por los despidos. La enumeración la hace Octavio “Pilo” Rampoldi, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que también marca que hay un sitio arqueológico –el Atlético– que se está quedando sin arqueólogos.
El Salón San Martín está en el primer piso de la Legislatura. Es amplio. Pero esta vez hay gente que escucha detrás de las puertas vidriadas. Está repleto de trabajadores de sitios de memoria y militantes de organismos de derechos humanos. Hay funcionarios judiciales que también fueron a acompañar. En la cabecera de la mesa se ubican Victoria Montenegro (UxP) –la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura–, Gustavo Mola (UCR), la abogada y exdiputada nacional Myriam Bregman, Cele Fierro (MST- FIT), Mercedes Trimarchi (IS-FIT), Gabriel Solano y la exlegisladora Alejandrina Barry (PTS-FIT). En una esquina se acomoda Jorge Reta, militar retirado que integra La Libertad Avanza (LLA).
Hay trabajadores del Olimpo, de Automotores Orletti y de Virrey Cevallos también. Ricardo “Turco” Maggio, coordinador del sitio de memoria que funciona en lo que fue Orletti, toma la palabra por ellos. Dice que el gobierno va por la destrucción de los sitios de memoria y habla de construir la unidad. “Los sitios no se los vamos a regalar– remarca. Y si los tenemos que tomar, los vamos a tomar”.
Los aplausos en la sala sirven como un conjuro para darse valor frente a la angustia. En la parte posterior están algunos de los expertos en archivos que Luis Petri echó del Ministerio de Defensa. “Si no hubiesen trabajado bien, no los habrían echado –dice Solano. El trabajo que ustedes hacen sí jode”.
Isabel Cerruti es sobreviviente del Banco y del Olimpo. Es una de las coordinadoras del sitio de memoria en el que se convirtió el Olimpo. Ella propone buscar medidas de lucha alternativas para enfrentar la política negacionista del gobierno. A su lado, otro sobreviviente apunta: “Los que apañan genocidas son los que quieren deshumanizar y desaparecer. Hoy la desaparición es sacar del escenario político”.
Gonzalo Conte llevó los saludos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El arquitecto que integra Memoria Abierta dio en un punto medular de la situación: se preguntó qué se puede hacer por las 60 familias que se ven afectadas por los despidos. Alejandrina Barry dice que los van a acompañar y van a hacer todo para que sean reincorporados, para oponer la bandera de la memoria a la de la "memoria completa" que enarbola el gobierno. "La única memoria completa es saber dónde están nuestros familiares", reclama.
“Sabemos por qué ataca la memoria este gobierno negacionista”, responde Agustín Cetrángolo, de HIJOS Ciudad. “La ataca porque la memoria confronta con el presente”. Y llama a recordar la lucha que se dio para desalojar a las fuerzas de los que fueron los centros clandestinos de la dictadura. “Si ellos están decididos a bajar las persianas nosotros tenemos que rodearlos como cuando los conseguimos”, insiste Ana Parnas, de la comisión de uruguayos.
“Los sitios sin los trabajadores son lugares que no dicen nada”, aporta Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Ella propone construir una organización que se oponga al desguace del Estado y edificar la esperanza de que se reconstruirá todo lo que se destruya.
Margarita Cruz se presenta. Dice que es sobreviviente del primer centro clandestino del país, la escuelita de Famaillá, Tucumán. “Los sitios fueron siempre para nosotros una forma de interpelar a la sociedad –dice la integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD). Si tenemos que volver a dar testimonio en la puerta de los centros clandestinos, lo vamos a hacer”.
Bregman la escucha con atención y cuenta cómo la impactó conocer el campo de concentración de Famaillá. “A este gobierno le molesta la memoria porque la memoria trae la verdad y la verdad trae la justicia”. Además, recuerda que mientras ella querellaba contra el excomisario Miguel Etchecolatz, Villarruel aparecía en una agenda como alguien que le prestaba apoyo.
Del encuentro salió la propuesta de reunirse el jueves en Plaza de Mayo, de que la marcha de las Madres sea lo más multitudinaria posible para oponerse al desmantelamiento de las áreas que preservan la memoria, la verdad y la justicia.
“Mientras más nos enfrentan, más fuertes nos hacemos –insiste Victoria Montenegro. Es distinto esta vez: la crueldad llegó por el voto popular, pero acá está la resistencia. Estamos dispuestos a poner el cuerpo, nuestras bancas. Vamos a defender la memoria, los sitios y vamos a seguir luchando siempre”.
