Mientras los rectores universitarios llevaron su reclamo de más fondos a la Cámara de Diputados, docentes, científicos, estudiantes y trabajadores se manifestaron ayer frente al Congreso para rechazar el ajuste previsto en 2018 y exigir una mayor inversión del Estado nacional. “El actual gobierno se apura en bajarles los impuestos a los grupos económicos más concentrados, elimina las retenciones, aumenta las tarifas de los servicios públicos y cuadruplica el pago de intereses de la deuda externa en relación a los que se ‘gasta’ en la universidad”, señalaron en una declaración conjunta las diversas organizaciones convocantes, que también se pronunciaron en contra de la reforma laboral promovida por el oficialismo.

El Poder Ejecutivo, en el proyecto de presupuesto para el año que viene, prevé destinar 95.317 millones de pesos a las universidades públicas nacionales, más otros 5 mil millones a través de programas. Las autoridades académicas, en cambio, solicitan 107 mil millones. Para remarcar la necesidad de esos recursos, los rectores comenzaron a reunirse esta semana con los bloques legislativos (ver aparte).

Las organizaciones de la comunidad universitaria, por su parte, se pronunciaron ayer al mediodía frente al Congreso. Bajo la consigna “En defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología”, el acto reunió a las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica; los investigadores de ATE-Conicet, Jóvenes científicos precarizados, Científicos y universitarios autoconvocados, y la Red federal de afectados por el ajuste en Conicet; las federaciones estudiantiles de Buenos Aires (FUBA) y La Plata (FULP), así como representantes de alumnos y trabajadores de otras casas de estudios. Es decir, organizaciones conducidas por diferentes sectores políticos que consensuaron una manifestación y una declaración para alertar sobre la caída del financiamiento a la educación.

La declaración comienza advirtiendo sobre el alcance de las reformas anunciadas por el presidente Mauricio Macri tras las elecciones legislativas, en particular su avance sobre derechos adquiridos por los trabajadores. Luego pasa a la cuestión educativa: 

  • “La frutilla del postre fue el ataque directo a las universidades públicas, acusadas de ineficientes y de demandar un enorme gasto público. El Presidente no ahorró ‘reformismo’ para las condiciones de vida de los trabajadores activos, pasivos, estudiantes y docentes quienes seríamos por lo tanto responsables de la situación de atraso del país y no quienes la padecemos (...) El presupuesto presentado al Congreso de la Nación para 2018 prevé un recorte de millones de dólares para el financiamiento asignado a las universidades, a la ciencia y a la tecnología. Las y los trabajadores/as de la universidad y la ciencia, así como los estudiantes –indica el texto–, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a este ajuste que pretende imponer el gobierno nacional.”
  • Para 2018 –continúa– el gobierno de Cambiemos “pretende ajustar el presupuesto de ciencia y tecnología en más del 20 por ciento respecto del año 2017. En este contexto, el ministro (de Ciencia, Lino) Barañao sigue disminuyendo los ingresos a carrera de investigador. Rechazamos la pretensión del ministro de (Educación, Alejandro) Finocchiaro, por su parte, de avanzar con el Plan Maestro y los operativos Aprender y Enseñar en una verdadera contrarreforma educativa a 100 años de la reforma de Córdoba que alumbró el camino a una universidad estatal, laica, gratuita y científica”.
  • “Seguiremos luchando para defender una ciencia y una universidad comprometidas con los intereses populares. Exigimos un incremento del presupuesto que garantice la continuidad de los programas públicos de investigación y de enseñanza del sistema nacional de ciencia, tecnología y universidad.”

A partir de ese posicionamiento, las organizaciones de universitarios y científicos reclamaron un aumento presupuestario para el sector, mejoras salariales, apertura de paritarias, cumplimiento de los convenios colectivos, “el cese de las políticas que atacan el acceso y la permanencia de los estudiantes”, “un boleto educativo universal y gratuito”, incremento de las becas y comedores, así como “bibliotecas de acceso universal”, entre otras exigencias.