El gobierno español constituyó este martes una comisión interministerial para convertir el Valle de los Caídos, un monumento concebido por el dictador Francisco Franco, cuyo cadáver permaneció allí hasta su exhumación en 2019, en un centro de interpretación que "fomente los valores constitucionales y democráticos". Este enclave es la mayor fosa común de España, con más de 33 mil restos de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil.

El objetivo de la comisión presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, es impulsar y coordinar las medidas para convertir el Valle de los Caídos, rebautizado como Valle de Cuelgamuros, en un centro de memoria democrática en el que se promueva el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado", informó el gobierno español.

Entre sus tareas más inmediatas este grupo tiene previsto proponer una asignación de los bienes inventariados atribuidos al Valle de los Caídos a los distintos ministerios, organismos y entidades vinculados para poder gestionarlos de forma efectiva hasta la creación del centro de interpretación. Por otro lado, la comisión tiene la misión de impulsar un real decreto que establezca el marco jurídico aplicable al Valle y determine su organización, funcionamiento y régimen patrimonial.

La "resignificación" del Valle de los Caídos

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022, va destinada a toda la sociedad en general y, particularmente, a todas las víctimas que sufrieron daño físico, moral, psicológico o patrimonial, o vieron menoscabados sus derechos fundamentales durante el periodo que va desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

En ese texto se especificaba también la convocatoria de un concurso de ideas para la "resignificación" del Valle de los Caídos, con el objetivo de dar a conocer las circunstancias de su construcción y el periodo histórico en el que se inserta. El ministro Ángel Torres reiteró su intención de que los monjes benedictinos abandonen el Valle porque así lo dispone la Ley de Memoria Democrática.

"No pueden estar en ese emplazamiento y así lo haremos", subrayó Torres durante su comparecencia señalando que la identificación del Estado con una determinada  confesión religiosa "ha quedado superada". El titular de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática señaló que la posición de la Iglesia Católica respecto al Estado y a la sociedad "se verá reforzada" con la "cooperación" para reubicar a los benedictinos. 

El desalojo, en cualquier caso, no será inmediato y podría extenderse por años. El prior (superior) de los benedictinos, Santiago Cantera, adelantó que los religiosos solo abandonarán Cuelgamuros si la orden llega desde El Vaticano. Cantera llegó a comunicar al Ejecutivo de Sánchez que no permitiría el acceso de los operarios a la basílica donde se encontraba la tumba de Franco, aunque finalmente cedió ante el pedido de la Santa Sede, de acuerdo al diario La Voz de Galicía.

Un símbolo del terror en España

Alrededor de 20 mil presos políticos trabajaron en la construcción del Valle, ubicado en el terreno municipal de San Lorenzo de El Escorial, a 58 kilómetros de Madrid, y que fue concebido por el dictador Francisco Franco en 1940 como un gran monumento en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil, aunque fue inaugurado oficialmente el primero de abril de 1959.

En esa imponente fosa común permaneció enterrado Franco, cuyo cadáver fue exhumado recién en 2019. En la actualidad siguen en marcha los trabajos para exhumar a las 170 víctimas del Valle reclamadas por sus familiares, de las cuales ya fueron identificadas 12.  El 20 de junio el ministro Ángel Torres anunció la identificación de los restos de una víctima del municipio de Borja, "la primera víctima de Aragón que ha sido identificada" en ese lugar.

Torres sostuvo que pelearán en todas las instancias judiciales ante los intentos de paralizar las exhumaciones en el Valle, una operación que se lleva a cabo con pleno respeto al lugar donde se desarrolla, por lo que nadie que tenga un familiar enterrado "en cualquier otro punto de la cripta" puede reclamar que se paralice una exhumación en otro lugar "que no le atañe". Con estos trabajos de exhumación e identificación el gobierno avanza, según el ministro, "en cerrar heridas aún abiertas y duelos no realizados".

Torres recordó que las víctimas del bando vencedor están perfectamente sepultadas en las criptas "con cajas identificadas con nombres individuales", mientras que las del bando perdedor están enterradas "en una amalgama de huesos apilados sin más, hasta 12 personas en la misma caja, y sin nombre". Para el funcionario "no cabe trivialización alguna" y tampoco cabe permanecer "impasibles" ante una "falsa imagen de lugar de descanso y de paz" que se presentó durante décadas a los españoles.

En abril el gobierno invitó al Valle de los Caídos a los familiares de las víctimas enterradas en el sitio después de que el presidente Pedro Sánchez visitara por sorpresa el laboratorio forense instalado allí. Sánchez trasladó la invitación a todos los familiares que hayan cursado la solicitud de exhumación a visitar el laboratorio con el objetivo de poder recabar información de primera mano sobre las circunstancias, los obstáculos y el avance de los trabajos.