Al rechazo generalizado que cosechó el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que el Gobierno presentó en el Congreso para quitarle autonomía al    organismo tras forzar la renuncia de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, se sumó ahora la Iglesia Católica. Varios obispos solicitaron en una carta en la que sobresalen las firmas del flamante presidente del Episcopado, Oscar Ojea, y el cardenal Mario Poli, y que fue refrendada también por representantes de los curas villeros, que el nuevo proyecto no elimine el programa de acceso a la Justicia, denominado Atajo. Señalaron que no mantenerlo vigente implicaría “una mala señal” y pondría en riesgo el “trabajo realizado” y “la institucionalidad obtenida”.

“Advertimos que el proyecto deroga la existencia de Direcciones Generales y Procuradurías”, dice el escrito enviado al presidente del Senado, Federico Pinedo; al presidente del bloque del PJ, Miguel Pichetto; al senador Rodolfo Urtubey; y al titular de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino. El texto lleva la firma de los obispos Poli (Buenos Aires), Ojea (San Isidro), Marcelo Colombo (La Rioja), Fernando Maletti (Merlo-Moreno), Gabriel Mestre (Mar del Plata), Carlos Tissera (Quilmes) y Oscar Miñarro (auxiliar de Merlo-Moreno).

En la carta los obispos hacen foco en que la Dirección de Acceso a la Justicia, a cargo del programa Atajo, “viene trabajando junto a las parroquias en la atención cotidiana de personas en situación de vulnerabilidad” de barrios carenciados. El mismo texto fue enviado también por el cura Lorenzo de Vedia, más conocido como el padre Toto, que forma parte del colectivo de curas villeros.

“La supresión de dicha área implica una mala señal para el trabajo realizado y para la institucionalidad obtenida, además del riesgo de dejar en la discrecionalidad la continuidad de dicha política para una futura gestión, dejando a los sectores más desprotegidos frente a la ley”, remarcaron los obispos, que por el contrario pidieron “resaltar” la figura de esa dirección en el texto de la nueva ley que a instancias del gobierno de Mauricio Macri ya se debate en la Cámara alta.

El programa Atajo busca acercar la Justicia a los barrios de mayor vulnerabilidad social con el objetivo de garantizar la “participación igualitaria en el sistema de administración de la Justicia”. Funciona a través de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, que por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires están ubicadas en las villas 21-24 (Barracas), 31 (Retiro), 1-11-14 (Bajo Flores), el barrio Mitre (Saavedra) y la villa 20 (Lugano).

Los obispos elogiaron los resultados obtenidos por Atajo y remarcaron que por primera vez “funcionarios y empleados judiciales tienen presencia en estos barrios”. Por ese motivo, consideraron importante “mantener y fortalecer dicha política”. “Entendemos que la desaparición de dicha área importará un claro perjuicio para las personas que viven en los barrios pues –a esta altura– cumple una función esencial”, remarcaron los religiosos.

El planteo de los obispos de que la reforma del Ministerio Público Fiscal no elimine el programa Atajo, coincidió con la presencia de Gils Carbó, quien dejará su cargo a fin de año, en el Vaticano, convocada por el papa Francisco para participar de un congreso de juezas y mujeres fiscales contra la trata de personas. “Desde la Justicia es muy importante porque tenemos la responsabilidad de llevar alivio y soluciones a los problemas sociales”, afirmó la funcionaria sobre el encuentro desarrollado en Roma.