La economía popular, en la agenda de la CIDH

Javier Palummo, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvo en Buenos Aires, donde participó de una serie de debates sobre los derechos de los trabajadores de la economía popular. La CIDH ha decidido darle prioridad a este tema en su agenda por una razón de peso: hoy, en la región, más del 50 por ciento de los trabajadores se ganan la vida en la economía informal. El relator, en esta gira que incluyó también a Paraguay y Uruguay, compartió aquí paneles con cartoneros y vendedores ambulantes y habló de la necesidad de que los estados avancen en el reconocimiento de los trabajos de la economía informal.

--En Argentina conocemos a la CIDH por su trabajo en derechos humanos; ¿qué interés tiene la Comisión en cuestiones que son de carácter más económico o de reconocimiento de derechos sociales?

--La Comisión tiene dos relatorías especiales, una sobre libertad de expresión, que es conocida, y otra más reciente, una Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Esta Relatoría está a mi cargo desde septiembre del año pasado y hemos elaborado un plan de trabajo, que tuvo la aprobación unánime de la CIDH; el tema de los derechos de los trabajadores de la economía informal está incluido en ese plan de trabajo.

--¿Por qué decidieron ponerlo en agenda?

--Hay varias razones. Primero, porque estamos en una región donde según los datos de la OIT, en promedio el 50 por ciento de la fuerza laboral se encuentra en la economía informal. Ese es el promedio general, con países en los que el 70 u 80 por ciento de la economía es informal. Esto implica dos problemas: uno es que estos trabajadores suelen no contar con derechos laborales, no tienen protección social, seguridad social, etc… y estamos hablando de millones de personas, que se han incrementado luego de la pandemia de COVID-19; por otro lado, es una población que se desempeña sin condiciones de dignidad. Y no se trata de algo marginal, sino de porcentajes muy importantes en la economía de nuestros países. Otro tema especialmente relevante a considerar es que hay una correlación entre la imposibilidad de los Estados de tener servicios públicos de calidad, como buenos hospitales públicos o un buen sistema de educación pública, y la existencia de este alto porcentaje de la economía que se mueve en el ámbito de la informalidad.

--¿Por qué?

--Porque esas economías informales no tributan, no cotizan, no permiten mejorar la capacidad recaudadora de los estados. En un país donde el 80 por ciento de la actividad económica se desarrolla en el ámbito de la informalidad, los recursos para sostener sistemas educativos, de salud o políticas culturales se encuentran claramente mermados. De ahí viene la importancia de poner este tema en la agenda y tratar de generar avances, desde una perspectiva que no sólo tenga en cuenta las estrategias de desarrollo de los países, sino también la garantía de los derechos humanos de las personas trabajadoras.

--¿Qué panorama encontró en Argentina?

--Quiero aclarar que no estoy en el marco de una visita de trabajo de la CIDH, sino en una visita académica, en la cual he participado sólo en actividades de carácter público donde se han tratado estos temas. Compartí paneles con trabajadores de la economía informal y así tuve la oportunidad de escuchar sus posiciones y preocupaciones. Hecha esa aclaración, puedo decir que las preocupaciones son similares a las que se manifiestan en otros países de la región, pero con un ingrediente especial, que es que en la Argentina los trabajadores de la economía informal tienen sus organizaciones, lo que no se ve en otros lados. Por eso, en algún sentido, aquí hay una discusión más avanzada, sobre todo teniendo en cuenta las conquistas de derechos que han ocurrido aquí.

--Cuando habla de la necesidad de poner en agenda los derechos sociales de los trabajadores de la economía informal, ¿a qué derechos se refiere?

--El principal problema que tienen los trabajadores de la economía informal es que no son reconocidos como trabajadores. Eso implica que en muchos casos no se les reconoce el derecho a asociarse, a reunirse y generar colectivos para la defensa de sus intereses, un tema muy básico. El primer paso es es ese, reconocer que se trata de personas que están trabajando y que por lo tanto tienen que tener determinado nivel de cobertura. La otra gran dificultad es que la vulneración de los derechos de los trabajadores de la economía informal afecta a grupos que han sido históricamente discriminados: las mujeres, los migrantes, las personas afrodescendientes también, esto es clarísimo en prácticamente toda la región. Algunas actividades no necesariamente están vinculadas a la economía informal, pero sí a la economía del cuidado, como por ejemplo el trabajo doméstico, lo que se llama de casas particulares. Lo mismo ocurre con los trabajadores de plataformas digitales, donde las personas migrantes encuentran la forma más rápida de obtener ingresos en ciudades que no conocen, en las que no tienen redes sociales, donde pueden inclusive no cumplir los requisitos documentales necesarios para una inserción laboral formal.

--Los Estados, ¿cómo pueden reconocer derechos a estas formas de trabajo en las que no existe un empleador y que son formas de subsistencia?

--Creo que los Estados, en primera instancia, deben lograr que haya más formalización, reducir la informalidad. Eso es lo primero porque es lo que va a posibilitar avanzar en otros sentidos. Si estuviéramos hablando de un porcentaje muy bajo de la población, uno podría pensar en otro tipo de alternativa, pero cuando hablamos de que en toda la región el 50 por ciento de la fuerza de trabajo se desempeña en la economía informal, necesariamente tenemos que pensar de que existen intereses detrás de que haya mucha informalidad. Eso, como cuestión fundamental. Ningún país es sostenible, desde el punto de vista de su capacidad recaudatoria para brindar derechos económicos, sociales, culturales y servicios públicos de calidad, mientras tenga porcentajes tan altos de su economía en el ámbito informal.

--¿Es un problema que se resuelve con mayores controles o la salida es de otro tipo?

--Yo creo en un enfoque de protección social: que haya una mirada centrada en la dignidad de las personas desde la perspectiva de la inclusión, que le permita al Estado obtener nuevos recursos para garantizar mejores servicios. Estamos hablando de ese tipo de enfoque, con la mirada no centrada en formas de control sino en lógicas de reconocimiento.

El plan de trabajo de la Relatoría tiene cuatro prioridades o ejes: el primero es Cambio Climático y Protección del Medio Ambiente (su impacto en relación al derecho a la salud, al trabajo, al derecho al agua, a la seguridad alimentaria). El segundo eje es Empresas y Derechos Humanos, que aborda actividades empresariales como las industrias extractivas, el agronegocio, las industrias tecnológicas y la alimentaria. El tercer eje es Políticas Fiscales, con la mira puesta en la necesidad de contar con sistemas más redistributivos, y el cuarto eje es Democracia y derechos, con el planteo de que para que existan democracias fortalecidas se necesita de políticas públicas que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.