Este martes se regularizaron las clases en la Escuela N° 4748 de Misión La Loma, comunidad conformada por integrantes de los pueblos Toba, Wichí y Guaraní, de la jurisdicción de Embarcación (municipio del departamento San Martín). La actividad se retomó luego de un acuerdo al que arribaron los referentes de las comunidades con la ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore, quien viajó hasta la zona y mantuvo una reunión con los referentes y el intendente Carlos Funes.
El acuerdo puso fin a la toma de la Escuela, que se había iniciado el 11 de junio pasado en reclamo de un cerco perimetral. Las autoridades concedieron levantar de nuevo un alambrado en lugar de una tapia que pedían, y además se harán arreglos edilicios y se regularizará la situación laboral de ordenanzas para la escuela.
Inicialmente la escuela tenía un alambrado perimetral pero se encontraba totalmente dañado. Referentes comunitarios afirmaban que chicos y chicas en situación de adicción y que abandonaron sus estudios, ingresan al predio a hurtar nafta de las motocicletas de los docentes. El combustible es consumido por vía aérea por niños y niñas, que según la comunidad ya a los diez años de edad se inician en el consumo de sustancias adictivas.
Sergio Simplicio, referente de la comunidad wichí de la zona, contó a Salta/12 que en la reunión se acordó levantar un nuevo alambrado como cerco de la escuela. Ello pese a que el intendente de Embarcación, Carlos Funes, ya había presentado el presupuesto para cerrar la escuela con una tapia, como sucede en otras instituciones de la zona. Pero la respuesta fue que esto tenía un costo de 36 millones de pesos solo para los materiales, además de la construcción de una tapia demandaría mayor tiempo, por lo cual las auitoridades plantearon que por rapidez y menor costo se hiciera el cerco con alambre.
“Nos dieron esa opción de decidir y los tres pueblos decidieron aceptar el cerco perimetral”, dijo Simplicio.
Respecto de los reclamos referidos a la infraestructura, indicó que Funes se comprometió a dejar en condiciones los baños de la escuela, lo que se hará una vez que se concluya el cercado perimetral.
Sin embargo, Simplicio advirtió que no hubo acuerdo sobre la designación de ordenanzas, lo que podría generar un nuevo conflicto.
En este punto, indicó que recién ahora se enteraron que las dos personas que se desempeñan como tales en la escuela (que aseguró que fueron nombradas por el intendente) ya tienen nombramiento del Ministerio de Educación.
“No sabíamos eso nosotros. Y nunca se consultó a la comunidad”, cuestionó Simplicio. Es que la comunidad reclama tener incidencia en la decisión de las designació de estos cargos.
Por ahora, para morigerar el posible conflicto se designaron a tres personas de la comunidad como ordenanzas pero con un pago de 60 mil pesos mensuales por cuatro horas diarias de trabajo. Simplicio aseguró que esperan poder regularizar esta situación a futuro, porque caso contrario retomarían la protesta.
