En el Boletín Oficial de la Provincia de Salta de ayer se publicó el veto del gobernador Gustavo Sáenz al proyecto de ley aprobado por ambas Cámaras Legislativas que declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación los lotes del barrio Ampliación Santa Ana, con la adjudicación en venta a sus actuales ocupantes. 

El proyecto, que fue impulsado por vecinos y vecinas del barrio, ya había ingresado dos veces a la Legislatura provincial, en 2018 y 2021, pero consecutivamente perdió estado parlamentario. El tercer intento fue el 13 de junio de 2023, esta vez ingresó por el Senado, donde logró la media sanción. Diputados también lo aprobó, pero con modificaciones, por lo que volvió a la Cámara de origen donde aceptaron las modificaciones y le dieron su aprobación definitiva el 30 de mayo de este año. 

Referentes vecinales del barrio Ampliación Santa Ana, ubicado en la zona sur de la ciudad de Salta, vienen insistiendo en el reclamo de una ley de expropiación de los terrenos donde tienen sus viviendas desde hace más de 20 años. Con ese objetivo hablaron con distintos funcionarios del Ejecutivo provincial, insistieron con la iniciativa de ley y también iniciaron acciones legales desde hace al menos 6 años, sumando la denuncia de intentos de desalojos a las 117 familias que viven en el barrio. 

Tras conocer el veto, los vecinos mantuvieron dos asambleas ayer mismo y decidieron sostener el pedido de expropiación. Yesica, una de sus referentas, calificó la decisión del gobernador como apresurada y errónea: "No nos parece que era necesaria una decisión tan pronta, así que creemos que el Estado sigue siendo la fuerza para poder dar una solución a esto", expresó.

"Esperamos que realmente se haga lo que se tiene que hacer, porque nosotros ya lo hicimos de todas las maneras, en todos los poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial", añadió Yesica, quien explicó que las familias adquirieron los lotes de buena fe a mediados de 1995, a una empresa que luego se declaró en la quiebra.

Después de buscar en vano información sobre la quiebra, las familias optaron por ampararse en la posesión veinteñal, pero dos meses antes de cumplir los 20 años en el inmueble, se presentó un hombre que dijo llamarse Miguel Alberto Rueda y les comunicó que había adquirido la totalidad de los terrenos. Tras anoticiarlos, "obligó a los vecinos a renegociar sus terrenos, cobrándoles cifras extorsivas", manifestó el colectivo de familias, al asegurar que "los precios se dispararon a partir de un contrato con intereses UVA que hicieron sus propias viviendas inaccesibles".

Las vecinas y vecinos contaron en varias oportunidades a la prensa que las acciones de Rueda derivaron incluso en el inicio de juicios en contra de las familias, con el agravante de que la mayoría "no puede acceder a una adecuada defensa legal por lo que se hacen inminentes los desalojos". En paralelo, los vecinos insisten en que se investigue "como llegaron a poder de Rueda estos terrenos". Asimismo, otro grupo de familias optó también por llevar el caso a la justicia denunciando que Miguel Rueda adquirió los terrenos en Buenos Aires y de una manera "turbia". 

"Nosotros estamos con la verdad en la mano, así que, no nos asustan, no nos inquietan, y esperamos que realmente intervenga como tiene que intervenir el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda)", dijo Yesica, quien ratificó que continuarán con el reclamo: "Acá seguimos. Y va a ser así, hasta que realmente tengamos la solución". El grupo de vecinos dejó en claro que no quieren una adjudicación directa, sino que están dispuestos a pagar los lotes, tal como era su intención en 1995. 

"El Senado tomó la decisión política"

El día de la aprobación definitiva del proyecto, el senador por La Caldera, Miguel Calabró, contó que en el Senado se viene trabajando desde hace mucho con la problemática en procura de "regularizar la situación angustiante que viven más de 100 familias de la zona sur. Familias que fueron estafadas en su buena fe". Calabró sostuvo que "es el Estado, quien debe intervenir y se debe declarar de utilidad pública, pero para venta. Esto hay que aclararlo", manifestó. Adelantó que tras el veto analizarán nuevamente la situación con sus pares. 

Tras saberse las intervenciones judiciales y el diálogo con funcionarios del Ejecutivo provincial, Calabró dijo que "cuando el Estado le da mucha vuelta a un tema le está faltando el respeto de la gente". "El Senado tomó la decisión política de darle un corte a este tema, por eso acabamos de tomar esta decisión. Por unanimidad, el Senado accedió a lo que pedía en definitiva la gente que viene trabajando y peleándose muchos años", aseguró en mayo pasado.

Yesica insistió en que lo único que se está pidiendo es justicia, y en ese sentido reiteró el pedido de que se apruebe definitivamente la expropiación de esos terrenos. "Creemos que la mejor solución -más allá de cómo se dieron las cosas- es hacer uso de nuestro derecho a tener una vivienda digna, sabiendo lo que eso implica", aseguró.

"Ahora que tenemos nuestras casas, nos quieren arrebatar nuestro derecho cuando hicimos todo nuestro barrio desde cero. Lo constituimos, pusimos agua, cloacas, luz y hoy logramos tener un lugar donde vivir", manifestó. Recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce el derecho a la vivienda como un derecho humano, por lo que consideró que resulta "inaceptable que después de tantos años de vivir en el lugar, estemos en peligro de perder nuestros hogares".