Desde Barcelona
También a prisión, pero eludible bajo fianza. La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, deberá pagar 150 mil euros si no quiere seguir la misma suerte de los siete miembros del gobierno regional destituido que, desde hace exactamente una semana, duermen en cárceles de Madrid. El juez de la sala segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió también ayer, tras la declaración de Forcadell y otros cinco diputados investigados por presunto delito de rebelión, dejar en libertad a Lluis Corominas, Lluis Guinó, Ramona Barrufet y Ana Simó, aunque tendrán que pagar 25 mil euros antes de siete días para evitar la prisión, y libertad sin medidas cautelares para el coordinador general de Izquierda Unida en Cataluña (EUiA) Joan Josep Nuet.
Una semana después de que declararan ante la Audiencia Nacional el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y ocho ex consejeros de su gobierno, la presidenta del Parlamento catalán y sus miembros imputados pretendían no terminar igual que sus predecesores, es decir, entre rejas. Por eso durante los siete días de margen que les otorgó el Tribunal Supremo para preparar su defensa, los ex parlamentarios resolvieron cambiar de estrategia y optaron por mostrarse plenamente dispuestos a “colaborar” con la Justicia. A diferencia de Junqueras y los ex consellers, Carme Forcadell y los demás investigados respondieron ayer a todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía. Además –y este fue el cambio sustancial con respecto a los demás independentistas– admitieron que la votación por la independencia de Cataluña aprobada el pasado 27 de octubre era algo meramente declarativo y simbólico, sin ningún tipo de efectos jurídicos.
La intención de la Mesa del Parlamento catalán era lograr que la Fiscalía no fuera tan dura como con los miembros del Ejecutivo cesado por Mariano Rajoy y no se los enviara –del mismo modo que a Junqueras y siete de los ocho consejeros procesados– a prisión incondicional por delito de rebelión. Considerando que si había un claro reconocimiento de someterse a la Constitución podría replantearse la existencia del riesgo de reiteración delictiva y, por tanto, rebajarse las medidas cautelares solicitadas por el fiscal, los parlamentarios independentistas acataron de manera explícita el artículo 155 de la Carta Magna, por el cual el gobierno de Cataluña está intervenido desde hace diez días.
Ninguno de los gestos de marcha atrás que los miembros del Parlament esgrimieron este jueves ante el Juez pareció conmover, sin embargo, a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que solicitó el ingreso en prisión para la presidenta, Carme Forcadell, por el presunto delito de rebelión, así como para otros tres miembros de la Mesa, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó. Quien sí ablandó a los fiscales fue la diputada Ramona Barrufet del partido de Carles Puigdemont, PdeCAT, al manifestar que el referéndum del 1 de octubre no tuvo validez y no contaba con garantías. Barrufet rechazó la vía unilateral de la independencia y sostuvo que eso solo se puede hacer con un pacto con el Estado, lo cual le concedió una considerable rebaja en la medida cautelar solicitada por el fiscal.
Los seis parlamentarios catalanes están acusados, según detalla la querella de la Fiscalía, “de violar los derechos de los diputados disidentes para demoler la Constitución”. La declaración unilateral de independencia fue, a criterio de la Fiscalía, “el fin último y la culminación de una serie de actos legislativos que se han desarrollado a lo largo de la legislatura con el objetivo último de la independencia”. El Tribunal Supremo admitió a trámite la querella interpuesta por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la que se acusa a la Mesa del Parlament de “tener un papel nuclear a la hora de llevar a cabo las pretensiones de la Generalitat de obtener la independencia de Cataluña fuera de las vías legales”. Ese “papel nuclear” pasa por haber permitido la votación de las leyes del referéndum y la de transitoriedad –entre el 6 y el 8 de septiembre– a través de las cuales se pautaba la votación que tuvo lugar el 1 de octubre y la posterior transición jurídica de Cataluña como región española a Estado autónomo. Asimismo, el fiscal le recrimina a la Cámara catalana la autorización de la votación en el Parlament que el 27 de octubre dio como resultado la declaración unilateral de la independencia.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, respondió a las acusaciones argumentando que “siempre ha permitido el debate sin prejuzgar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre”. Asimismo, la diputada afirmó que “evitar un debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlament, de la legalidad internacional y de los principios del Estado Democrático”. En relación con la violencia que supone el delito de rebelión con el que el fiscal del Estado carga contra ella y contra todo el Govern en estos momentos encarcelado, Forcadell explicó ante el Tribunal que “siempre ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos y que la vía pacífica es la única posible para hacer realidad los proyectos políticos”.
El día elegido por el Tribunal Supremo para la declaración de los últimos imputados por el “procés” independentista contó también con fuerte carga simbólica ya que coincidía con el tercer aniversario de la consulta ciudadana convocada por el entonces presidente catalán, Artur Mas, sobre la posible separación de España. El 9 de noviembre de 2014, tras la oposición del Ejecutivo de Mariano Rajoy a la realización de un referéndum, el sí a la independencia se impuso en las urnas que, al igual que este 1 de octubre, el Poder central consideró ilegales. En opinión de Carles Puigdemont, sin embargo, “del 9-N de 2014 al 1 de octubre hemos avanzado mucho. El pueblo se empoderó, libre decidido y sin miedo”, exclamó el presidente de la Generalitat destituido y desde hace 10 días exiliado en Bruselas. “Juntos subiremos los últimos peldaños”, escribió Puigdemont en su cuenta de Twitter, intentando impedir que los ánimos independentistas decaigan ante los sucesivos empresonamientos y unas elecciones impuestas por el gobierno español para dentro de un mes y medio.
