"No a la libertad condicional de Lucio 'el Ronco' César Nast", reclamaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, ante un pedido de excarcelación realizado por la defensa del represor integrante de la patota del Servicio de Informaciones (SI), condenado en la megacausa Feced, por delitos de lesa humanidad. La audiencia para analizar el planteo se realizará hoy, a las 15, y desde el organismo de Derechos Humanos, querellante en el expediente, adelantaron que se opondrán al beneficio, en relación a las víctimas que representan. También lo hará el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos Adolfo Villatte.

Nast fue condenado dos veces: a 22 años de prisión en el juicio de Feced II, en octubre de 2014; y a 16 años, en mayo de 2020 (sentencia que todavía no está firme), en los tramos III y IV, en el marco de la megacausa Feced, que juzgó crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de víctimas que estuvieron en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario. Además, tiene en trámite una causa, conocida como "Valle", en la que investigan seis homicidios. Por el tiempo que lleva en prisión preventiva en relación a la pena de 16 años, solicita el beneficio de la excarcelación bajo el régimen condicional, según se indicó. 

En 2020, la sala II de la Cámara de Casación Penal concedió el arresto domiciliario al represor Nast, por entonces de 66 años, a través de un fallo alcanzado por una mayoría que consideró que, por su edad y por su estado de salud, es un detenido de “alto riesgo”, en relación a la pandemia por Covid19. Hasta entonces, había estado detenido en el penal de Ezeiza. En tanto, se indicó que la Cámara Federal de Casación Penal le ordenó hace un mes al Tribunal Federal, que resolviera un pedido de la Fiscalía para que se revoque esa situación, ante el planteo de que las circunstancias relacionadas con los motivos por los que se dio el beneficio, en pandemia, ya no subsisten. 

En la previa de la audiencia, la abogada querellante por la APDH, Gabriela Durruty, planteó que "el solo transcurso del tiempo no es suficiente para acceder a una excarcelación. El genocida se encuentra sujeto a causas en trámite en el marco de las cuales diversos magistrados lo han considerado peligroso procesal y esa situación no ha variado", aseguró. 

Al mismo tiempo, sostuvo que "por lo demás, ese es el criterio adoptado en la jurisdicción ante similar pedido del condenado (Daniel) Amelong. Lo antedicho es suficiente para rechazar el pedido sin perjuicio de no haber siquiera evaluado el mandato resocializador de las normas. Tenemos la convicción de que su solicitud no se ajusta a derecho".