Las políticas del gobierno nacional siguen esquivando a los sectores populares. Mientras la Justicia insiste al gobierno para que reparta los millones de kilos de alimentos retenidos en los galpones del Ministerio de Capital Humano, en Rosario las organizaciones sociales no recibieron nada de la leche distribuida por la Fundación Camino y denuncian que las crisis en los comedores barriales es cada vez más aguda. “La gente se desespera por no perderse su plato de comida porque sabe que en los comedores no alcanza”, señaló Victoria Clerici del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “La respuesta de la fundación fue que ya habían repartido la mercadería a los comedores con los que suelen trabajar, que nos sabemos cuáles son”, dijo Hernán Sorrequieta, del Movimiento Evita. En paralelo, el gobierno desactivó la auditoría sobre el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que promovía obras de urbanización en barrios populares de todo el país y que en Rosario tenía 25 proyectos en distintos grados de ejecución. “Creo que fue una estrategia redonda. Desfinanciaron una política pública que funcionaba y aprovecharon para pegarle a Juan Grabois, que ni siquiera fue funcionario”, describió Fernanda Miño, ex titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU).

Este martes, la Cámara Federal de Casación Penal consideró “inadmisible” la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano, a la medida cautelar que le ordenaba presentar un plan de entrega de los alimentos guardados en depósitos. Es el tercer fallo contra el gobierno por esta causa, luego de haber apelado en dos oportunidades. En total, siete jueces cuestionaron la decisión del gobierno de negarse a repartir alimentos en medio de una crisis que muestra su faceta más dura en los sectores que menos tienen. “Este fin de semana murieron tres personas de frío, malnutrición y abandono. Cientos de miles de pibes comen una comida al día. No es tan difícil: repartan los alimentos, restablezcan los comedores y si alguno robó que pague el ladrón, no la gente que necesita”, escribió en sus redes sociales el dirigente social Juan Grabois, al conocerse el nuevo fallo.

Hasta el momento el gobierno solo aceptó repartir leche en polvo que estaba próxima a vencer. Para eso, eligió a sus propios intermediarios: la asociación CONIN, referenciada con Abel Albino. En Rosario, el reparto quedó en manos de la Fundación Camino, presidida por la esposa del diputado nacional de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz. Desde la organización habían adelantaron que el reparto se haría en los tres Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil que tienen en la ciudad y a unos pocos comedores que apadrinan en la ciudad. La mañana del 6 de junio, distintas organizaciones sociales y referentes barriales se acercaron a las sedes de Camino con intenciones de recibir parte de la mercadería, pero los lugares permanecieron cerrados. Los intentos de comunicarse por celular, terminaban en una misma respuesta: los productos ya habían sido repartidos en su red de comedores.

“Nosotros no pudimos establecer un contacto con la Fundación Camino. Sí sabemos de comedores y merenderos que se han contactado al celular que la propia fundación difundió. La respuesta de la fundación fue que ya habían repartido la mercadería a los comedores con los que suelen trabajar, que nos sabemos cuáles son”, explicó Sorrequieta, uno de los dirigentes que se hizo presente aquella mañana de principios de junio en una de las sedes de Camino. Para el referente del Movimiento Evita, mientras el gobierno se niega a repartir el resto de los alimentos almacenados en galpones, la situación en los comedores y merenderos de los barrios rosarinos es cada vez más difícil de sostener.

En diálogo con Rosario/12, Sorrequieta contó que en distintos barrios de la ciudad, las y los encargados de los comedores barriales están saliendo a pedir donaciones a los almacenes e instituciones del barrio, porque si bien la asistencia que reciben del Municipio y de Provincia es una ayuda, se vuelve insuficiente ante la demanda que crece. Por eso, desde el Movimiento Evita apuntan contra el gobierno nacional: “El gobierno sigue guardando millones de kilos de alimentos en galpones. Ya hay una orden de la Justicia, pero se siguen resistiendo a entregarlos y a medida que pasa el tiempo están cada vez más cercanos a vencerse. Todas las organizaciones sociales, e incluso la Iglesia en su máxima jerarquía, estamos denunciando esta situación y pidiéndole racionalidad al gobierno, porque la cosa está que arde”.

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) también se contactaron con la Fundación Camino, pero la respuesta fue la misma: la leche en polvo quedó en manos de los comedores que integran la fundación. Para Victoria Clérici, referente de la organización, los centros de asistencia alimentaria “hacen malabares” en los barrios para poder un plato de comida caliente a las personas que se acercan. “Hoy los comedores que reparten comida al mediodía, tienen fila en la puerta una hora antes. La gente se desespera por no perderse su plato de comida porque sabe que los comedores no alcanza”, describió a este medio.

En ese sentido, la dirigente social señaló que más allá de la distribución de mercadería que la Justicia está ordenando, lo más grave es que en la concepción del gobierno no hay una política alimentaria clara pensada para los sectores que más lo necesitan: “Está claro que todo lo buscan trasladar a las provincias y que no van a destinar recursos en implementar una política alimentaria nacional. Por ahora no hay nada. Estamos en julio y no sabemos cuáles son los lineamientos sociales del Ministerio de Capital Humano”.

Desprestigiar para desfinanciar

Jaqueado por la Justicia en lo alimentario, esta semana el gobierno también decidió pisar el freno en otra de sus avanzadas contra los sectores populares y desactivó la auditoría sobre el FISU, donde investigaba presuntas irregularidades que no solo no se demostraron, sino que fueron desmentidas por Sebastián Pareja, quien asumió al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) en esta nueva gestión. “Efectivamente el trabajo del área fue un ejemplo: pidan perdón a Fernanda Miño, a los técnicos y a los cooperativistas que difamaron”, publicó también Grabois en sus redes sociales, reclamando que se retomen las obras de urbanización en los barrios populares de forma “urgente”.

En la provincia de Santa Fe, el FISU permitió iniciar 85 obras de integración barrios populares, que alcanzan a más de 30 mil familias. En Rosario se iniciaron 25 proyectos de integración, de los cuales seis se finalizaron, doce quedaron en ejecución y siete en etapas licitatorias o de contratación. Alrededor de 14 mil familias fueron alcanzadas por estas obras. En Nuevo Alberdi Oeste, la extensión de red de agua potable tiene un grado de avance del 81%, mientras que en Los Pumitas, las obras de integración quedaron en un 70%. Los datos surgen del Monitor de obras de Integración Socio Urbana, que es público y de libre acceso.

En diálogo con Rosario/12, Miño consideró que los embates mediáticos contra el funcionamiento de la secretaría a su cargo tenían un fin: desprestigiar para desfinanciar. “Creo que fue una estrategia redonda. Desfinanciaron una política pública que funcionaba y aprovecharon para pegarle a Juan Grabois, que ni siquiera fue funcionario”, cuestionó y agregó: “El nuevo funcionario a cargo dijo que no habían encontrado nada y que le parecía ejemplar la forma en que se manejó. Y la Sindicatura General de la Nación hizo un informe en donde no encontraron ni desvíos de fondos, ni nada de lo que se denunciaba. Sí hay cosas para mejorar en la gestión, pero no es para que se desfinancie una política pública que fue tan importante para las familias más pobres de la Argentina”.

En ese marco, la exfuncionaria consideró que en Santa Fe la gestión fue “sumamente virtuosa” y destacó la articulación tanto con el gobierno provincial y las intendencias, como con las organizaciones sociales que trabajan en los barrios. “Algunos proyectos lo comenzamos y algunos quedaron en marcha, con el deseo de que los continúe este gobierno. Es muy triste ver que todo eso se detuvo y que no hay intenciones de retomar las obras. Porque además, cuando el Estado no está presente, en los barrios avanzan otras formas de economía como el narcotráfico y el narcomenudeo”, evaluó.

 

Para Miño, es importante que se siga trabajando, incluso por fuera del gobierno nacional, para que se concreten las obras que quedaron en ejecución, y celebró la decisión de los gobiernos municipales y provinciales que comenzaron a avanzar en ese sentido. “Hoy no hay sectores pobres o de clases trabajadoras que no hayan sido atacados por este gobierno. Pero es importante que nosotros tengamos la convicción de que eso fue bueno y de que lo vamos a seguir haciendo desde los lugares que se puedan. Fue bueno el trabajo que pudimos hacer y lo vamos a seguir impulsando, aun sabiendo lo difícil que es”, finalizó.