Un cisma político provocó en Funes la decisión de la Cámara Nacional Electoral de hacer lugar a la investigación que pesa sobre la figura del intendente, Diego León Barreto, por financiamiento ilegal dentro del PRO. Influyó en la justicia el hecho de que el titular del Ejecutivo funense era, y es, funcionario público al momento de apertura de la causa. Él se defendió públicamente y dijo que "está bien que la justicia electoral investigue este tipo de infracciones al código electoral". Por otro lado, confiado, destacó: "No hay nada que ocultar, voy a colaborar en todo lo que sea necesario". En tanto, la oposición lo castigó duro. “Yo no soy abogado pero leo que el intendente está en todos los medios de comunicación nacionales por una causa prácticamente de corrupción y la verdad es que no es grato para nadie”, disparó el edil justicialista Roly Santacroce.

El fallo judicial que golpeó al intendente de Funes coincidió con la elección del presidente del Concejo local, que se realizó ayer a la mañana. De modo que, inesperadamente para los ediles macristas, las fuerzas no oficialistas intentaron arrebatarle la presidencia. El Frente Progresista sondeó la posibilidad, pero retiró las cartas rápidamente. El peronismo vio sangre y se coló con más carácter, pero tampoco consiguió los votos. En el medio, hubo un escandalete con sillazos e insultos entre Santacroce y el oficialismo. Finalmente, todo quedó como al principio: el PRO Carlos Olmedo, ladero de Barreto, repetirá en la presidencia. “Le pedí a los concejales del PRO que por favor pusieran otro presidente que no sea Olmedo, para darle un poco de aire fresco a la ciudadanía. Pero se cagan en la ciudadanía”, reclamaba, vehemente, Santacroce.

En la esquina del municipio, la cosa estaba igual de álgida. Barreto se defendió de la acusación, afirmó que “siempre estuvo a disposición de la Justicia Electoral” y que el fallo que se emitió el martes “no cambia las cosas". Reconoció que trabaja dentro de la estructura partidaria del PRO desde hace 10 años y que “recién” el 14 de diciembre de 2012 obtuvo el cargo de tesorero por decisión unánime del Consejo Directivo del macrismo de Santa Fe. Reemplazó en el cargo a Norberto Principato, quien fue “intimado judicialmente” para que reintegre los libros estatutarios y más documentación del partido.

El titular del Ejecutivo dice que a él en particular se le imputa a justificar un monto de  5004 pesos. En ese marco, “y sabiendo que la designación como tesorero se dio en los últimos días del mes de diciembre de 2012”, entendió que existe “una intención política y no jurídica” en la acusación. “Dada la fecha, es una cuestión más política, se viene un año electoral, el PRO en la provincia está aún representado por nosotros y se están excediendo en algunas cuestiones. Todo tiene que ver con todo, es una cuestión administrativa, los elementos fueron presentados en tiempo y forma”, aseguró y, al cerrar, se esforzó llamativamente en aclarar que tanto él, como tesorero, como Miguel Torres del Sel, como presidente del partido, se encuentran “en las mismas condiciones”.