Lo que para muchos fue una sorpresa en febrero, los primeros días de julio se volvió realidad. Axel Kicillof envió a la Legislatura el proyecto de ley de góndolas provincial que adelantó a principios de años frente representantes de cámaras de PyMEs y de supermercados. De esta manera, se buscará evitar la concentración de pocas marcas en las grandes cadenas comerciales y abrir espacio a la producción bonaerense.
La medida tiene un claro antagonista: el Gobierno nacional. Sucede que desde el 29 de diciembre de 2023 está en vigencia el DNU 70 que derogó la misma norma pero a nivel nacional. De esta manera, las pequeñas y medianas empresas perdieron terreno frente a las grandes marcas y grupos económicos que aglutinan el mercado de alimentos, elementos de higiene y de vestimenta, entre otros rubros.
La referencia es a las que se conocen como cuartas y quintas marcas. Al respecto, Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, resalta a Buenos Aires/12 que la ley no tiene como premisa una imposición u obligación de ventas, sino que abre la perspectiva de ofertas para incorporar a las PyMEs.
“La realidad es que los supermercados como Coto, Carrefour o Walmart también buscan nuevos proveedores y hay que tener en cuenta que hay un Gobierno nacional que les pide importar alimentos que, como vemos, no se traduce en precios más bajos”, sostiene Ariel Aguilar.
El funcionario que integra el equipo de Augusto Costa, ministro de Producción bonaerense, define la norma con un leit motiv: “Democratizar las góndolas”. Asegura que las cámaras empresariales estaban a la espera de que se avance el proyecto que el propio Kicillof puso sobre la mesa en una de las primeras reuniones del año con los sectores cuando el consumo empezaba a mostrar claros signos de recesión.
Al día de hoy, el desplome se refleja en números. Según los últimos datos publicados por Pablo López, ministro de Economía de la provincia, en el primer cuatrimestre del año se registró una caída del poder adquisitivo del salario de 20 puntos. Eso se ve reflejado en las ventas de los supermercados, con una caída interanual del 13 por ciento al mes de abril.
Prepararse para competir
Como medida comparativa, desde el Ministerio de Producción de la provincia explican que el 74 por ciento de la facturación de los productos de las góndolas de las cadenas proviene de, a penas, veinte empresas.
Ese número no es una novedad. A principios de año, este medio contó que desde el sector de las PyMEs tienen en claro que un supermercado necesita de sólo catorce proveedores para abastecerse.
Consultado por este medio, el titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), Marcelo Fernández, resalta el valor de una medida de estas características a nivel provincial tras la decisión de Milei de derogar la medida a nivel nacional.
Hoy las pequeñas empresas no pasan por su mejor momento. Como también detalla López en sus últimas publicaciones, la variación interanual de la actividad económica muestra una caída del 13,1 por ciento en el comercio, del 15,7 en la industria y casi un 25 en la construcción. Las PyMEs lo resiente, los despidos comenzaron, y, sólo en la Provincia, más de 150 mil personas perdieron su empleo en esos siete meses de Milei en el gobierno.
En este contexto, Aguilar explica que la decisión de la Provincia de impulsar esta ley está enmarcada en el fortalecimiento del programa Producción Bonaerense. La iniciativa nació, precisamente, a partir de la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27.545 o Ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Es decir, la Ley de Góndolas que Milei dio de baja.
El programa, cuenta a Aguilar, alcanzó la adhesión de más de mil PyMEs de la provincia de Buenos Aires en dos años de funcionamiento. Una de cada cuatro de las empresas alcanzó acuerdos para venderles a los grandes supermercados. “Hay que tener en cuenta que hay que preparar a las PyMEs porque no todas están en condiciones de venderles a los supermercados”, detalla Aguilar.
Sucede que no siempre los pequeños productores cuentan con, por ejemplo, el código de barras o el sistema de facturación electrónico necesario para operar. A través del programa, la Provincia se los otorga.
Este trabajo, sostiene Aguilar, es el que se materializa en el proyecto de ley. Es, remarca, una cuestión de impulso de la actividad económica bonaerense que se ve reflejado en otras aristas de trabajo de la cartera productiva como lo fueron las Rondas Internacionales de Negocios celebradas días atrás.
“Mientras Milei quiere importar alimentos, el gobernador de la Provincia trae 25 empresas del exterior para que las PyMEs bonaerenses puedan exportar”, destaca Aguilar.
El proyecto
Según el texto que ingresó a la Cámara de Senadores el 2 de julio, la ley alcanza a los establecimientos que se dediquen a la venta de alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza del hogar, tanto mayoristas como minoristas. A su vez, demanda que su aplicación sea en las góndolas físicas y virtuales de estos comercios.
El octavo artículo del proyecto detalla la regla de exhibición de productos para fomentar la presencia de las PyMEs. En los casos de los establecimientos que pertenecen a una cadena comercial, estarán obligados a exhibir al menos cinco proveedores o grupos económicos por producto.
En este punto hay una contemplación por tamaño. Para los establecimientos que no pertenezcan a una cadena pero cuenten con una superficie mayor a los 300 metros cuadrados y/o cuenten con dos líneas de cajas, el mínimo será de tres proveedores.
En el noveno artículo se determina un marco de protección a las PyMEs que no cuentan con la misma espalda económica que los grandes productores. Establece que debe haber plazos máximos de pagos a quienes estén en la categoría de MIPyMEs bonaerenses, sumado a restricciones en las exigencias de aportes o adelantos financieros, así como la eliminación de condiciones desfavorables, como entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión.
A su vez, crea el Registro de Producción Bonaerense para tener la información actualizada de las PyMEs provinciales y un régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo dictaminado por la ley.
