Los gobernadores provinciales recibieron ayer de manos del Presidente de la Nación y sus principales colaboradores un paquete de reformas fiscales que un allegado a los primeros llegó a calificar de “infernal”. Mauricio Macri le pidió a los mandatarios del interior el respaldo en el Congreso a una serie de medidas que irían mucho más allá de lo que hasta ahora se conoce de las reformas tributaria y previsional. Extensión del alcance del impuesto a las ganancias sobre operaciones “no habituales” (como la compraventa de propiedades horizontales o rodados), aumento de la alícuota del impuesto para las personas de mayores ingresos, fuertes condicionamientos al régimen del empleo público en las provincias a cambio de que el gobierno nacional compense los déficits de las cajas previsionales provinciales, posible eliminación del tope de aportes jubilatorios, y la derogación del artículo que creó el Fondo del Conurbano, modificando la distribución de esos recursos de un modo que favorecería principalmente a la provincia de Buenos Aires. “Es una propuesta de recontra máxima, pero va a ser muy duro negociar”, se lamentó un allegado a uno de los gobernadores peronistas participante del encuentro.    

  • Fondo del Conurbano. Se suponía, en la previa, que era el punto político más crítico a tratar, por su incidencia sobre los fondos coparticipables, aunque la propuesta integral que recibieron los gobernadores mostró otras aristas igualmente delicadas. El Fondo de Reparación Histórica para el conurbano es una asignación específica del 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias para esa franja del Gran Buenos Aires, creado en 1992. Cuatro años después se le fijó un tope nominal de 650 millones de pesos, y se dispuso que el resto de aquel 10 por ciento se distribuyera entre el resto de las jurisdicciones de acuerdo al coeficiente de coparticipación. Consecuencia de la inflación de las dos décadas siguientes, Buenos Aires terminó siendo la provincia menos beneficiada por el reparto de esa asignación, que hoy representa unos 50 mil millones de pesos al año. La propuesta del Ejecutivo es eliminar el artículo 104 de Ganancias, por el cual está vigente el Fondo del Conurbano, y hacer coparticipable esa asignación. La provincia de Buenos Aires pasará a recibir cerca de 20 mil millones de pesos de esos 50 mil, contra los 650 millones actuales. El resto de las provincias, que se repartían más de 49 mil millones, ahora sólo podrán redistribuirse unos 30 mil millones. 
  • Compensación a cajas previsionales provinciales. El reclamo de las provincias para que el Estado nacional aporte a resolver los déficits será atendido bajo una serie de condiciones, según le transmitieron ayer al conjunto de gobernadores. Las provincias que adhieran al régimen previsional nacional deberán definir cuál es su planta permanente, y al resto del personal se les deberá exigir pasar a la categoría de monotributistas, según trascendió ayer tras el encuentro (no hubo información oficial al respecto), para que la provincia, como empleador, deje de estar obligada a hacerle aportes a esos trabajadores precarizados. Las provincias tampoco podrían ampliar su planta permanente sobre la actual, según otro de los condicionamientos que ayer el Ejecutivo le habría informado a los mandatarios presentes.
  • Impuesto a las Ganancias, nuevas operaciones gravadas. La reforma tributaria que irá al Congreso contemplaría que pasen a ser gravadas también las operaciones comerciales “no habituales”, como la venta de un auto o una casa, por quienes no se dedica normalmente al comercio de esos bienes. También se maneja la alternativa de extender el impuesto a las utilidades financieras de todo tipo de inversiones (15 por ciento) y elevar la alícuota máxima del impuesto (hoy del 35 por ciento, pasaría al 42) para quienes tengan una retribución bruta mayor a 80 mil pesos. El “pacto fiscal” requeriría de las provincias el respaldo a estas iniciativas, de indudable impacto social negativo. 
  • Impuestos sobre los ingresos brutos. El Poder Ejecutivo transmitió a los gobernadores la “necesidad” de bajar la incidencia este tributo, que es la principal fuente de ingresos de prácticamente todas las provincias. Habrá un sistema de premios y castigos de acuerdo a cómo lo resuelva cada provincia, aunque no trascendieron detalles del mismo. 
  • Juicios contra el gobierno nacional. El Presidente exigió que, como parte del acuerdo, las provincias desistan de las demandas judiciales por diferencias de aportes y asignaciones. Solamente el caso de la provincia de Buenos Aires concentra una demanda por más de 400 mil millones de pesos, de la cual desistiría si se resuelve la cuestión del fondo del conurbano según la fórmula propuesta por el Ejecutivo. El resto de las provincias mantienen demandas pendientes por más de 300 mil millones. 

Además, durante el encuentro se habrían señalado otras modificaciones que están previstas para el mercado financiero, ya que se buscará que todos los créditos (no sólo los hipotecarios) pasen a un régimen de tasa variable o ajustable por el índice UVA, para “consolidar el sistema”. El gobierno nacional convocó a los gobernadores a apoyar estas reformas, “imprescindibles para posibilitar el financiamiento” que se les ofrece. 

Este conjunto de propuestas constituyen, en principio, un combo difícil de digerir. Pero la administración nacional mantiene deudas pendientes con la mayor parte de las provincias en distintas partidas que, en conjunto, representan una mora de 60 días, señaló a este diario una fuente muy cercana a uno de los participantes. “Nos llevan a negociar atados de pies y manos”, comentó. El escenario es complejo. El resultado de la negociación, incierto.