El consejo directivo en pleno de la CGT decidió rechazar de plano el intento del gobierno de modificar la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que incluye el megaproyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Cambiemos. Los sindicalistas definieron este punto como “innegociable” por entender que, por un lado, significa la destrucción de la legislación que protege al trabajador de los abusos patronales. Pero también que forma parte de una escalada del Gobierno que avanza sobre el sindicalismo como objetivo final terminar con el peronismo. En ese sentido, se esbozó la necesidad de elaborar una estrategia (medidas sindicales) para actuar en caso de que el proyecto pueda superar el escollo parlamentario, además un mayor trabajo con las regionales para homogeneizar la posición sindical e incluso ordenar al equipo de abogados de la CGT para que actúen de manera coordinada contra los ataques judiciales a los dirigentes gremiales e incluso contra las operaciones mediáticas.
A pesar de que la negativa es rotunda, durante la conferencia de prensa posterior los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid reconocieron que no está cerrado el camino de diálogo con el gobierno. Y es que la negativa del consejo directivo no incluye los tres ítems que habían estado conversando con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana: blanqueo laboral, capacitación permanente y agencia de salud. De todas formas, los triunviros advirtieron que se realizaron una serie de observaciones sobre estos temas y, como señaló Daer, esperan “la respuesta del gobierno”. Hasta ayer nadie se había comunicado para pautar un nuevo encuentro y avanzar sobre estas “observaciones”.
En ese sentido, Daer dio a entender que habían sido, por lo menos, engañados porque nunca se había hablado de la reforma de la LCT. Ante los periodistas, el titular del gremio de Sanidad buscó ser tajante al afirmar que “la CGT no aceptará cambios respecto de la filosofía del trabajo, la política de ‘deslaborización’, el banco de horas por un año, que impedirá el pago de las extras, el cálculo de las indemnizaciones y las pasantías”. De todas formas deslizó la posibilidad de que se pueda discutir algunos otros puntos de los artículos referidos a la ley de Contrato de Trabajo pero no ahondó en ellos. Sólo llegó a decir que en caso de que el gobierno insista con su proyecto tal como lo remitieron y que el Congreso no las anule, entonces evaluarían tomar “acciones sindicales”. Daer no estaba de buen humor y minutos después se retiró ofuscado, luego de que les preguntaran la razón por la que la CGT había realizado paros en el gobierno anterior por el impuesto a las Ganancias y ahora “dudan” de tomar alguna medida. Ante la partida de Daer, tomó la posta Schmid, quien elaboró una respuesta: “La CGT cuestiona las medidas económicas del gobierno, por lo que en su momento realizó tres movilizaciones y un paro general nacional. El Ejecutivo lanzó tres vectores, es decir, las reformas tributaria, laboral y previsional, pero están entrelazadas”, dijo.
La reunión del consejo directivo tuvo asistencia casi perfecta y desde que Daer habilitó el debate todos y cada uno de los que pidieron la palabra anunciaron su rechazo al proyecto. Incluso hubo dirigentes que no suelen hablar y que en esta oportunidad decidieron hacer oír su voz. Ese fue el caso de José Reversat, secretario adjunto de la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (Fedun): “No tenemos dudas, rechazamos todo el proyecto”, indicó. Así y sin solución de continuidad los dirigentes hablaron casi con las mismas palabras para repudiar el proyecto.
El canillita Omar Plaini fue uno de los que planteó la necesidad de llevar a las regionales la posición del consejo directivo como para que haya una sola voz sindical. El metalúrgico Francisco “Barba” Gutiérrez, a la sazón secretario de Interior de la central obrera y que en el último año recorrió el país normalizando las regionales, dijo que es preciso convocar a un plenario de secretarios generales para luego rehabilitar el Comité Central Confederal, que está en cuarto intermedio, “para definir un plan de lucha ante esta coyuntura que todos rechazamos”. El referente de la UOM aprovechó y recordó que la LCT “fue producto de una construcción jurídica, social y político del movimiento sindical recopilados y creada por el abogado y compañero Norberto Centeno, detenido-desaparecido durante la dictadura”.
La propuesta de Gutiérrez de retomar el Confederal, el ámbito que puede definir el plan de lucha, no se profundizó. Pero habilitó a que Sergio Romero (Docentes) y el cervecero Carlos Frigerio plantearan el argumento que dice que el proyecto del gobierno tiene como objetivo primario destruir el entramado sindical como paso previo a anular el peronismo: “Quieren que al peronismo le pase lo que le pasó a la UCR en 2001 cuando desapareció” como partido político. Schmid hizo su aporte al recordar que fue el movimiento obrero el que desbancó del gobierno a José López Rega, a la Alianza de Fernando de la Rúa (por la ley Banelco) “y ahora quieren hacerlo con nosotros pero es la CGT la única que puede defender a los trabajadores”.
Cuando llegó el turno de Carlos Ríos, secretario adjunto de Obras Sanitarias y que estuvo en reemplazo de José Lingeri, coincidió con la lectura de Romero y Frigerio y luego de recordar que el gobierno de Cristina Kirchner nunca atacó a los trabajadores pidió reivindicar la actitud de Víctor Santa María (encargados de edificios) y Andrés Rodríguez (Upcn) porque como presidente y vice del PJ porteño hicieron firmar a los candidatos un compromiso para que como diputados no votarán leyes que perjudiquen a los trabajadores. Rodríguez, a su turno, se sumó al repudio al proyecto pero insistió en la necesidad de elaborar una estrategia “ante lo que se nos viene”.
La intervención del titular del sindicato que aglutina a un sector de los empleados estatales sirvió para que Schmid propusiera que el cuerpo de abogados de la central obrera se concentren en “preparar respuestas al hostigamiento legal contra los dirigentes sindicales pero también contra las operaciones periodísticas”, ya que para el jefe de Dragado y Balizamiento tanto medios como editorialistas “operan” a favor del gobierno que busca desprestigiar a los dirigentes gremiales.
El único de los Moyano que no participó de la reunión fue Pablo, que se encuentra de viaje en Roma, pero desde allí adelanto su decisión de “luchar contra la reforma laboral”. Su hermano Facundo, que ocupa la secretaría de Cultura de la CGT, participó del encuentro pero se retiró antes de que finalizara. Ante sus compañeros del Consejo dijo que era preciso trabajar sobre los legisladores que se dicen peronistas para que como tal rechacen el proyecto en el Congreso. Luego, una vez en la calle, que él como diputado “no negociará ni aprobará la reforma laboral original” y consideró que todos los legisladores de origen peronistas deben tomar la misma actitud porque, concluyó: “si sos peronista, que no es una cosa abstracta, no podés votar esta ley”.