Uno de los pocos consensos que la realidad social argentina impone a la política es que estamos inmersos, desde hace más de una década, en una profunda crisis económica, financiera y social. Esto lo refleja el estancamiento económico con inflación -con un crecimiento del PBI de 1 por ciento en doce años, entre 2011 y 2023-, la inestabilidad financiera y un acelerado deterioro de los indicadores sociales. Lo novedoso en esta oportunidad es que, a diferencia de 1989 o 2001, la situación no derivó en una crisis política generalizada, sino que la sociedad está probando "nuevas recetas” para resolverla.

Desde su inicio, los gobiernos de raíz peronista gestionaron la crisis caracterizándola como “de subconsumo”, en las que el estancamiento se asociaba a la falta de consumo interno y la inflación a la restricción externa -falta de dólares- exacerbada por la fuga de capitales. Con este diagnóstico se aplicaron políticas keynesianas enfocadas en mejorar los ingresos de los sectores populares con industrialización, controles de capitales, renegociación con quita de la deuda externa y políticas sociales activas. Los resultados, que en término de empleo e ingresos amortiguaron la crisis, fueron evaluados como insuficientes por la sociedad para controlar la inflación y la inestabilidad cambiaria.

La alternativa de derecha local, agrupada en Juntos por el Cambio, caracterizó la crisis como un problema de falta de rentabilidad del capital nacional, debido a los altos costos laborales locales -crisis por presión salarial local-. Con este diagnóstico impulsaron una redistribución del ingreso a favor del capital -que pasó de apropiarse el 35 por ciento del ingreso en el primer trimestre del 2016, al 42 por ciento en el último trimestre de la gestión en 2019, según Indec-. El modelo se centró en el hostigamiento-debilitamiento de las organizaciones sindicales, acompañado de una fuerte suba en la tasa de interés interna para garantizar la renta financiera con endeudamiento público. Las consecuencias no se hicieron esperar: crisis financiera, aceleración de la inflación y recesión.

Finalmente, la ultra derecha llega al poder, a fines de 2023, representada en el espacio de La Libertad Avanza (LLA). Desde sus usinas caracterizan la crisis local como parte de una crisis global de recomposición de la tasa de ganancia del capitalismo transnacional occidental. Con este diagnóstico se promueve una receta económica ortodoxa de salida de crisis con aceleración de la concentración del capital y extractivismo de los recursos naturales. El andamiaje institucional para impulsarla se basa en el desmantelamiento del Estado y su regulación económica y financiera, liberalización de los precios internos monopólicos, privilegios para las grandes inversiones extractivas (RIGI) y privatizaciones de empresas públicas. Los resultados afloran en destrucción de pymes y de puestos de trabajo, tanto públicos como privados, y el devenir de una profunda depresión económica.

Frente a una crisis económica global que amenaza con la desintegración nacional, las fuerzas del campo nacional y popular corren el riesgo de quedar atrapadas por una disputa, con la derecha local, sobre la distribución del ingreso y sus consecuencias -crisis de subconsumo versus de presión salarial-. Mientras, la ultra derecha avanza en su propuesta de acumulación por depredación, sintetizada en concentración económica y extractivismo.

La incertidumbre sobre la crisis y su devenir urge a impulsar una alternativa nacional, desde abajo, con un diagnóstico por fuera de los limites de la regulación keynesiana; que asimile que el capitalismo global, tal cual lo conocemos desde medidos de los años setenta-financierizado y deslocalizado-, se agotó. Y que la salida por arriba que propone la ultra-derecha; de acumulación por depredación y coqueto con una tercera guerra mundial, nos lleva al abismo. El otro camino, el que hay que fortalecer, demanda la construcción-reconfiguración de una alternativa de poder que priorice la satisfacción de las necesidades básicas colectivas, con valores relacionados a una producción de bienes y servicios que respete el cuidado de las personas, la comunidad, el medioambiente, los oficios y las economías regionales. 

*Economista