La historia del movimiento Son Niñas, No Madres surge en 2016, con la articulación de organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Planned Parenthood Global (PPG), el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai), el Grupo de Información para la Reproduccion Elegida, de México (GIRE), Amnistia Internacional, Mujeres Transformando el Mundo, el Observatorio de Salud Reproductiva, de Guatemala, Surkuna, de Ecuador y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex, de Perú), para garantizar los derechos reproductivos de niñas en América Latina y el Caribe, región con la segunda tasa más alta de embarazos su niñas menores de 15 años.
La violencia sexual que se vive en la región impacta en la salud física, en tanto tienen cuatro veces más probabilidades de tener complicaciones mortales durante el embarazo, el parto y el postparto, además de la afectación en su salud mental y desarrollo social, no solo porque ven truncadas sus infancias sino porque son obligadas a llevar adelante un embarazo que es resultado de una violación.
Entonces, ¿qué se hace con esta evidencia tan dolorosa y cómo se cambia el panorama de desprotección, impunidad y falta de opciones en las que están inmersas muchas niñas de América Latina? Hace cinco años, en 2019, este movimiento presentó una estrategia de litigio internacional que logró llevar ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas los casos de Norma, Fátima, Lucía y Susana, cuatro niñas sobrevivientes de violencia sexual que fueron obligadas por sus Estados a llevar sus embarazos a término y a ser madres. Norma, de Ecuador; Fátima, de Guatemala; y Lucía y Susana, de Nicaragua, son cuatro niñas en cuyos cuerpos se encarna la desprotección y vulneración de derechos a las que se somete a muchas niñas en la región.
Este litigio internacional es la columna vertebral del movimiento Son Niñas No Madres, que también lanzó una plataforma de conexión, comunicación y sensibilización para que todas las personas pudieran conocer esta realidad y saber que detrás de las estadísticas hay niñas convirtiéndose en madres. Y además, para convertir la indignación en acción, protegerlas y construir un mundo en el cual puedan crecer libres de violencia. Porque cuando se les niega el aborto, las niñas abandonan para siempre su infancia, los juegos, los deportes y, en muchos casos, la escuela. Norma, Fátima, Susana y Lucía atravesaron maternidades forzadas, un problema que es transversal a toda la región.
Radiografía de las cifras
En Argentina, existe la Ley 27.610 pero en el resto de la región hay países con muchas restricciones para el acceso al aborto y las cifras de violencia sexual son alarmantes. En nuestro país, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) el 68 por ciento de las víctimas de agresiones durante la primera infancia (hasta los 5 años) son niñas. Cuando la violencia es ejercida contra niños o niñas entre 6 y 12 años, la proporción de niñas se eleva al 78 por ciento. Además, según este organismo, entre 2016 y 2021 las denuncias de violencia sexual se triplicaron, pasando de 13.003 a 41.697 casos. En 2021, de acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, los registros de nacimientos que tienen como madre a una niña de entre 10 y 14 años llegaron a casi 1400 casos. En ese mismo año, cada día, 4 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres. Esa cifra se redujo a 3 niñas en 2022, por el impacto positivo del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia -ENIA-, ya desmantelado por este gobierno. Estudios basados en datos del Plan ENIA muestran que 70 por ciento de los embarazos en niñas menores de 15 años son consecuencia de abusos sexuales.
Esta radiografía representa una situación estructural y un patrón regional de desprotección a la que están expuestas las niñas latinoamericanas. Además la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, sumado a las leyes restrictivas para el acceso al aborto en muchos países latinoamericanos y la falta de medidas estatales que las protejan, sostienen estas vulneraciones en el tiempo, produciendo una alta afectacion psiquica y emocional.
Según la Organización Panamericana de la Salud, a nivel mundial, 1 de cada 2 niñas y niños de entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia cada año. En América Latina, el 58 por ciento de las niñas y niños han sufrido abuso físico, sexual o emocional en el último año, lo que posiciona a la región como una de las más afectadas por esta problemática. Una infancia con juegos, escuela, laboratorios de ciencia y deportes se ven interrumpidos cuando se las obliga a maternar sumado a la impunidad en la que quedan muchos agresores.
En Argentina, según el Ministerio de Justicia, cada semana se abren 60 expedientes judiciales por abusos sexuales graves contra menores de edad. De estos casos, 22, suceden en el hogar, dos suceden en la vivienda de un familiar, y 17 en entornos digitales.
“Los Estados deben garantizar el derecho inalienable de cada niña a vivir una vida libre de violencia y discriminación, y se les deben respetar las decisiones que tomen para retomar su proyecto de vida luego de sobrevivir a la violencia sexual. La falta de protección por parte de los Estados no puede ser tolerada más tiempo”, destaca Marianny Sánchez, directora de comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, una de las organizaciones fundadoras del movimiento Son Niñas, No Madres.
Hacer algo para cambiar este escenario fue el imperativo que llevó a estas organizaciones a darle impulso al litigio internacional comenzado en 2019. Catalina Martinez, del Centro de Derechos Reproductivos, una organización que trabaja a través de las herramientas legales para posicionar a los derechos reproductivos como derechos humanos, dice que la estrategia ha sido lograr decisiones por parte de organismos de derechos humanos e inclusive de órganos judiciales en tanto se están vulnerando derechos fundamentales de niñas en la región.
Cuenta Catalina: “Decidimos llevar cuatro casos ante el Comité de Naciones Unidas, en contra de Ecuador, Guatemala y Nicaragua, a favor de cuatro niñas víctimas de violencia sexual que no habían podido tener acceso a ningún tipo de servicio de salud reproductiva, ni a educación sexual integral, ni a protocolos de violencia, o anticoncepción de emergencia. A pesar de que cada una de ellas había expresado que querían interrumpir el embarazo, no lo pudieron hacer. Y no lo pudieron hacer por diferentes causas: en Nicaragua porque hay una prohibición total del aborto, en Guatemala porque si bien existe la causal vida es interpretada de la manera más restringida posible, y en Ecuador porque en ese momento existía una causal salud, pero no estaba ampliamente interpretada, entonces las niñas tampoco pudieron acceder pese a que se ponía en riesgo su salud.”
Los casos de estas cuatro niñas son representativos de una realidad regional que es estructural. Se espera que estos fallos salgan en noviembre de este año.
Eran niñas, no madres
Norma, Fátima, Lucía y Susana confirmaron sus embarazos producto de violación y a pesar de expresar su deseo de no ser madres, sus Estados les negaron el acceso a la interrupción del embarazo. Además de verse desprotegidas enfrentaron estigmas, amenazas y violencia obstétrica durante sus embarazos y partos. “Los testimonios de cada una de ellas indican que los Estados infringieron varios derechos fundamentales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos incluyen la vida digna, afectada por la violencia sexual y la maternidad forzada; tratos crueles debido a embarazos no deseados y violencia obstétrica; discriminación por restricciones legales al acceso a servicios de salud reproductiva y aborto; y la violación del derecho a buscar, acceder y recibir información sobre opciones para enfrentar el embarazo no deseado”, dice Carmen Cecilia Martínez, Directora Asociada de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos.
Sus casos son muestra de la violencia y la impunidad que enfrentan cientos de niñas en la región. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años. En 2020, el 80 por ciento de las agresiones sexuales tuvieron como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años, y aproximadamente 5 de cada 100 niñas de esas edades se convirtieron en madres.
La falta de educación sexual integral también impide que las niñas conozcan sus derechos y las implicaciones de las relaciones sexuales y afectivas basadas en el consentimiento.
Lucía, Susana, Norma y Fátima
Los casos de Nicaragua son los de Lucía y Susana. Lucía fue victima de violencia sexual desde los 13 años por parte del sacerdote del coro infantil al que asistia. Queda embarazada producto de la violención y aunque manifestó que quería interrumpir ese embarazo no pudo acceder al aborto porque en ese país está totalmente prohibido. Fueron ella y su familia quienes terminan siendo culpabilizados, porque así funcionan los estereotipos de género frente a una figura de poder como es la de un sacerdote. Lucía fue obligada a seguir adelante con el embarazo, a parir y a ejercer una maternidad.
El caso de Susana es el de una niña que empieza a ser víctima de violencia sexual a los 7 años por parte de su abuelo. A los 13 años queda embarazada y se repite la misma historia, no encuentra justicia en Nicaragua, no puede acceder al aborto y es obligada a parir.
El caso de Norma, en Ecuador, es el de una niña que fue agredida sexualmente desde los 12 años por su padre y a los 13 quedó embarazada. A Norma la habían retirado de la casa de su padre por una denuncia previa de su prima en contra de él. Norma estuvo viviendo con su abuela unos años (hasta que ella muere) y la vuelven a llevar con su padre, donde es victima de violencia sexual. El Estado en este caso es cómplice de lo que le sucede a Norma, que luego de quedar embarazada tuvo varios intentos de suicidio. Su agresor la sacó de la escuela apenas empezaba a notarse el embarazo.
Verónica Vera, de la organización Surkuna de Ecuador, que acompaña el caso de Norma, dice: “Hay una niña que de repente deja de ir a la escuela -la única escuela de ese pueblo muy chico en Ecuador- y nadie hace nada, nadie se pregunta qué pasó con esta niña. Una serie de impunidades, complicidades y omisiones por parte de quienes podían hacer algo, como es el sistema educativo, donde muchas veces se detectan estos casos de violencia sexual. Norma dice que no quiere continuar con el embarazo, sin embargo se le niega el aborto, se le habla de los riesgos del proceso y no de los riesgos que conlleva continuar el embarazo”. En el caso de Norma la causal salud no fue interpretada de manera amplia entonces no accede a la interrupción, no logra terminar la escuela, y el agresor muere antes de que exista algún tipo de condena en su contra, en total impunidad. Eso hace que Norma decida llevar su caso a otras instancias.
El caso de Fátima es de Guatemala y ocurrió hace 14 años, cuando ella tenía 12 y asistía a una guardería junto a sus hermanos, donde recibía educación formal. En esa institución es el director quien la viola. En Guatemala el aborto terapéutico, por la manera en que está redactado, practicamente no permite que se operativice y no hay otra opción a que las niñas tengan estas maternidades impuestas. Son entre 1500 y 2000 las niñas con maternidades forzadas y cada año la cifra va en aumento.
Justicia y reparación
El movimiento Son Niñas, No Madres es una respuesta a la necesidad de buscar justicia, reparación y medidas de no repetición para evitar que las niñas sean obligadas a ser madres, vivan libres de violencia, se tomen medidas para prevenir el abuso sexual hacia ellas, y se garantice el acceso a derechos y servicios de salud reproductiva que protejan sus infancias y les permita alcanzar el proyecto de vida que desean, incluido el acceso a la interrupción del embarazo.
Las acciones presentadas ante Naciones Unidas se han convertido en una esperanza para todas las niñas y mujeres que no encuentran justicia en sus propios países. Tras cumplirse cinco años de la interposición de la demanda, Norma, Fátima, Lucía, Susana y todas las niñas sobrevivientes de violencia sexual de la región esperan cuatro decisiones por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que puedan cambiar el paradigma jurídico con el que se aborda la violencia sexual, los embarazos y las maternidades forzadas a las que se enfrentan las niñas latinoamericanas.
Los casos de Norma, Fátima, Lucía, Susana representan un llamado de atención urgente sobre la necesidad de proteger los derechos de las niñas en América Latina y el Caribe en el respeto de sus derechos y la lucha contra la impunidad y la violencia sexual en toda la región. Durante los últimos cinco años, el movimiento Son Niñas, No Madres ha buscado maneras de activar la conversación sobre maternidades forzadas y generar avances que permitan a las niñas retomar sus infancias.
Son Niñas, No Madres se ha consolidado como una articulación activa de organizaciones que trabajan y mantienen el tema en el debate público para exigir a los Estados que garanticen los derechos de las niñas sobrevivientes de violencia sexual. El hashtag #NiñasNoMadres sigue destacando la urgencia de un cambio en América Latina, para generar un tejido de sororidad y poner esta problemática en la esfera pública.
El movimiento espera avanzar en la región en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a los servicios de salud sexual y a la educación sexual integral. En Ecuador, en Perú y en otros países de la región trabajan muy cerca de las niñas para que también sean ellas quienes se apropien de la campaña y apartar, así, la mirada adultocéntrica.
