Fernanda Miño, ex Secretaria de Integración Socio Urbana y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (Mte), desmintió este jueves los trascendidos mediáticos que aseguran que el Gobierno de Javier Milei decidió postergar una nueva auditoría sobre el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) para "aflojar la presión" sobre el dirigente Juan Grabois por pedido de la Iglesia. "No es que aflojaron, sino que lo que encontraron en la última auditoría no era motivo de delito ni mucho menos", aseguró la funcionaria. 

Días atrás, se conoció que la auditoría que el presidente Javier Milei ordenó hacer sobre el uso del Fisu, la política estatal con la que entre 2020 y 2023 el Gobierno financió mejoras en los barrios populares, no encontró indicios de malversación de dinero, pago de sobreprecios, o algún hecho que implicara la comisión de delitos durante la gestión anterior, poniendo en jaque las acusaciones del ultraderechista, quien decía que esa política pública era una “caja” de Juan Grabois.

Tras revisar las cuentas y procedimientos realizados en el período a cargo de Fernanda Miño, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) hizo sólo observaciones sobre procesos administrativos -recomendando cómo tramitar mejor los expedientes- y señaló cuestiones como las demoras en la realización de las obras, pero no más que eso. El informe de la Sigen se suma, en este sentido, a lo que ya había planteado el funcionario que hoy está a cargo del área, Sebastián Pareja: que los fondos del Fisu estuvieron siempre sometidos a "varios controles" y que la Secretaría de Integración Socio Urbana tuvo un buen funcionamiento. 

"En el último informe no encontraron nada, o encontraron algunas cosas a mejorar en el área administrativa, no era ningún desvío de fondos ni sobreprecios ni nada de lo que estuvieron hablando. No es que aflojaron, sino que lo que encontraron no era motivo de delito ni mucho menos (...) Fue un trabajo ejemplar y lo dicen los mismos funcionarios (del gobierno ultraderechista)", destacó Miño este jueves en diálogo con Futurock.

“Nosotros desde el primer momento que asumimos la gestión, allá a principios de 2020, tuvimos esa premisa de empezar a trabajar y a crear controles de transparencia y monitoreo porque sabíamos que íbamos a estar mirados con muchas lupas porque una mujer de un barrio empezaba a administrar un fondo que en ese entonces no era mucho pero que después sí se engordó con el aporte de las grandes fortunas", agregó la exfuncionaria. 

Según Miño, las acusaciones contra ella y Grabois solo se explican como parte de una operación del Gobierno de Milei. "Era obvio que no estaban queriendo mostrar la verdad porque en ningún momento llamaron a que acompañemos a ver las obras. Y siempre que pasábamos informes tergiversaban (la información) y además mostraban lo que ellos interpretaban", remarcó.

De hecho, contó Miño, "en una primera reunión que tuve con Pareja a principios de marzo él decía ‘yo estoy diciendo la verdad, lo que encuentro, lo que voy investigando y no encuentro ninguna anomalía. Yo estos informes los elevé al periodismo pero terminaron diciendo cualquier cosa’".

Las operaciones contra el Fisu, evaluó la exfuncionaria, se explican por diferentes motivos. Por un lado, "creo que este gobierno da cuenta todos los días que poco le importa la gente pobre, la gente de los barrios populares, las familias abandonadas al costado del camino, porque han recortado todo, hasta tienen alimentos incautados y no los reparten. Tienen un ensañamiento, un sadismo, una falta de humanidad...  La operación fue para demonizar un área para desfinanciarla y ese financiamiento que todavía existe lo manejen discrecionalmente desde Economía, que es donde está ahora el fideicomiso", reflexionó Miño.

Ese proceso, siguió la funcionaria, también tenía como objetivo deslegitimar a Juan Grabois. "Pensaron 'de paso cañazo le damos al personaje más relevante de la política', que ha promovido a una mujer de un barrio como yo para esa Secretaría, como es Juan Grabois". El dirigente del MTE, advirtió Miño en ese sentido, "no es funcionario pero las denuncias le caen a él, todo inventado para desprestigiarlo o para callarlo". Sin embargo, este tipo de operaciones tienen "un efecto contrario en Juan, que es un gran hombre, un gran militante que se pone al hombro esta lucha y sale por donde puede a defenderla y a mostrar lo que está pasando", aseguró.

Por último, lo que ocurrió tiene también que ver con una interna del Gobierno ultraderechista, opinó Miño, que "no quiere a este funcionario (Pareja), por lo que me enteré y lo poco que he podido hablar con él".

En la actualidad, lamentó Miño, la actividad del Fisu es mínima. "Han salido algunos desembolsos pero no como los que teníamos, supongo que también por toda esta mirada y por la interna feroz del Gobierno que ataca a sus propios funcionarios", insistió.

Según reveló la ex Secretaria de Integración Socio Urbana, luego del informe del SIGEN varios cooperativistas e intendentes de distinto signo político se contactaron con ella "para ver si se algo de cómo viene todo, si ahora que dejaron estos ataques infundados va a funcionar de nuevo el Fisu". 

"Yo estoy formando parte de la mesa de barrios populares y estamos con esa inquietud y viendo cómo activar alguna forma para que esos fondos vuelvan a ser parte de obras para los barrios populares", explicó Miño, quien contó que días atrás le mandó un mensaje a Pareja "diciendo que me daba mucha alegría que hayan aflojado con las operaciones y los ataques infundados y que ojalá esto sirva para reactivar las obras que son tan necesarias en un momento en que el Estado se retrae completamente de los lugares más pobres".

Auditoría sobre el Fisu

El Fisu fue creado en noviembre de 2020. Recibió un porcentaje del aporte de las grandes fortunas, así como una parte del impuesto a la compra de dólares, para ejecutar obras de integración de los barrios populares. Esta política había sido aprobada mediante una ley del Congreso durante el gobierno de Mauricio Macri, pero los fondos para concretarla recién se consiguieron a partir de 2020, cuando a raíz de la pandemia se fijó un aporte a las grandes fortunas.

La auditoría del Sigen tomó el período que va de enero de 2022 a diciembre de 2023. Sobre los resultados de este informe los medios afines al gobierno estuvieron difundiendo, en las últimas semanas, una serie de afirmaciones que resultaron fakes, anticipando que la auditoría había encontrado graves irregularidades. Por ejemplo, dijeron que había llegado a manos del ministro Caputo y que Caputo la había definido como “fulminante” o que la auditoría era “un escándalo”.

Sin embargo, resultó ser que el organismo de control no señaló delitos. Sí hizo una serie de observaciones sobre procedimientos administrativos y dio recomendaciones para mejorarlos. Por ejemplo :

*Aconsejó crear una base de datos única, ya que algunas actividades del Fisu se registran en planillas excel, con lo que su seguimiento es difícil.

*Dijo que hubo demoras generalizadas en el avance de las obras, una situación lógica si se considera que se trata de la urbanización de barrios informales, donde suele haber pasillos y no calles, y en los que las viviendas fueron levantadas de la manera más precaria imaginable.

* En tres expedientes (nótese lo bajo del número) la auditoría encontró que las licitaciones no habían sido informadas de manera previa a su adjudicación; pero el informe aclaró que esta no fue una situación generalizada.

* Planteó que hubo cooperativas de trabajo que no tenían antecedentes “de especialidad e idoneidad”. Es algo lógico, ya que la idea del programa era, justamente, incluir en el mundo del trabajo a la población de los barrios a urbanizar.

* Criticó retrasos en las rendiciones de cuentas. Sobre este punto el informe de la Sigen no encontró desvíos de fondos ni sobreprecios, sino demoras en la presentación de las rendiciones.