¿Por qué las retenciones se sostuvieron durante tanto tiempo si existen otros instrumentos tributarios más virtuosos en términos productivos y distributivos?, se pregunta el centro de investigaciones Fundar. Esto “se debe en gran parte a la dificultad de sustituir los ingresos que generan”, adelanta. En un trabajo publicado días atrás sostiene que los derechos de exportación limitan el desempeño productivo del sector agrícola y tienen impactos distributivos ambivalentes. “Sacarlos de manera abrupta no es viable, pero mantenerlas tampoco”, agrega.

Las retenciones se aplican en la Aduana y gravan exportaciones de distintos bienes, especialmente agropecuarios como el trigo, el maíz, el poroto de soja y sus derivados. Tienen una larga trayectoria en el país y estuvieron en el centro del debate de la política interna en 2008, cuando el gobierno kirchnerista quiso sancionar la Resolución 125 para hacerlas “móviles” (es decir, variables según el precio internacional de las commodities) , pero el propio vicepresidente desampató la votación con una afirmación "no positiva".

Las retenciones aparecieron “en 1850, se restablecieron en 2002 como una forma de obtener parte de los ingresos extraordinarios que generaba la devaluación (…) y con excepción del intervalo entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, se mantuvieron presentes” hasta la actualidad, muestra el trabajo de Fundar, escrito por los investigadores Tomás Allan, Kevin Corfield, Juan O’Farrell y Carlos Freytes. El macrismo cumplió al asumir en 2015 con llevarlas a cero, pero tras la fuerte devaluación de 2018 volvieron a aumentarlas para captar parte de los recursos extra generados y contener precios.

"Las retenciones tienen gran poder de recaudación y se convirtieron en un pilar de la estructura tributaria argentina”, sostiene Fundar. “En las últimas dos décadas, significaron, en promedio, el 5,5 por ciento de la recaudación anual. Y en 2022 fueron la cuarta fuente de ingresos nacional con mayor participación sobre la recaudación total, después del IVA (23,9 por ciento), Ganancias (19,3) y los aportes y contribuciones a la seguridad social (17,7)”, detalla.

Otro de sus objetivos es la redistribución del ingreso del sector agroexportador a otros sectores de la población: “Esto se da a través de dos vías: el precio de los alimentos y la progresividad de la carga tributaria, pero ambos objetivos son cumplidos solo parcialmente”, destaca Fundar.

En cuanto al desacople de la evolución de precios internacionales y domésticos, aclara que el efecto “final” sobre los precios de venta “es bajo dado que la materia prima representa una parte menor en la formación del precio final de los bienes de consumo”. Mientras que la redistribución es solo parcial, puesto que grava “el valor bruto de venta sin tener en cuenta la estructura de costos de productores que tienen distintas realidades”. Esto fue esencial en el debate de la Resolución 125 pues partió aguas en la disputa política con “el campo”, que se revelaba como un sujeto heterogéneo.

Al respecto, Fundar dice: “Si bien el sujeto legalmente obligado al pago del impuesto es la persona física o jurídica que vende el bien al exterior, las retenciones afectan principalmente a los productores locales. Esto se debe a que las empresas exportadoras trasladan el costo del impuesto al precio que pagan a los productores, siendo estos los realmente incididos”.

Impacto

En el trabajo de investigación estiman qué hubiese pasado en 2015 si el gobierno de Mauricio Macri no hubiese modificado las retenciones de los tres principales cultivos de exportación. Con la soja, que pasaron del 35 al 30 por ciento, encontraron un efecto negativo sobre la producción, que contraría las expectativas. En el caso del maíz, que el tributo pasó de 20 a cero por ciento, encontraron una rotación alta entre el cereal y la soja por la mayor conveniencia productiva. Y también en el trigo verificaron un efecto productivo positivo. Como proxy analizaron el consumo de fertilizantes.

Fundar propone entonces “una reforma orientada a eliminar los derechos de exportación en el mediano plazo y reemplazarlos con un conjunto de instrumentos fiscales que apunten a mantener el nivel de recaudación, y al mismo tiempo permitan un mejor desempeño productivo del sector agrícola y mejores resultados distributivos”.

Evalúan que “el marco fiscal de la actividad agrícola en Argentina está basado principalmente en impuestos que gravan la producción (lo que limita el potencial productivo del sector), no consideran la estructura de costos de los productores (lo que genera desigualdades en su interior) y tienen poca capacidad de adaptación al contexto económico”. Ante una eliminación de los derechos de exportación, “el Estado recuperaría el 58,9 por ciento de esa pérdida de recaudación a través de dos efectos indirectos (el aumento en el precio interno de los bienes agrícolas y el incremento de su producción)”, sostiene Fundar.