La Cámara Federal porteña mantuvo la prisión preventiva para cuatro de los cinco detenidos por las protestas frente al Congreso contra la sanción de la Ley Bases. Sólo uno de los detenidos, Facundo Gómez, recuperará la libertad. La decisión corresponde a los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah. El tercer integrante del tribunal, Roberto Boico, se había inclinado por conceder la excarcelación para cuatro.

Con el fallo de la Cámara Federal seguirán detenidos Cristian Fernando Valiente, David Sica Patricia Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez. Sobre ellos, tanto Irurzun como Farah establecen que existe una "razonable conexión" entre los eventos que habrían participado los imputados con el "elevado riesgo procesal".

Tras la cacería en el Congreso fueron 33 las personas detenidas: a ellos, el fiscal Carlos Stornelli enumeró un sinfin de delitos -desde lesiones hasta delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, en sintonía con el relato gubernamental de un intento de golpe de Estado- para que todos queden en prisón preventiva. De los 33, 28 llevaron la falta de mérito de la jueza María Servini de Cubria, que bajó de un plumazo las pretenciones de Stornelli. La Cámara Federal porteña ordenó, ahora, la liberación de Gómez, al argumentar que "las características de las acciones concretas que se le endilgaron a Gómez no poseen conexión con el tenor de las medidas de prueba actualmente en curso, de manera que quepa presumir su posibilidad de entorpecer el normal desarrollo de la instrucción en lo que sigue”, según lo escrito por Irurzun y Boico. Farha, en tanto, falló en disidencia.

El fallo de la Cámara Federal porteña detalla, además, la situación de cada uno de los cuatro acusados que quedan en prisión. En ninguna ocasión se los imputa como responsables del incendio al móvil de Cadena 3, que agrupó los flashes mediáticos y sirvió como punta de lanza para que el Gobierno rechace la protesta frente al Congreso.

Por último, vale la aclaración que el rechazo de los cuatro detenidos solo se vincula con el pedido de excarcelación. Todavía queda pendiente el análisis de los procesamientos dictados por la jueza María Servin que, si los jueces de la Cámara Federal lo rechazan, se podría poner fin a la cacería.