La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron su "preocupación" por el "uso desproporcionado de la fuerza pública" durante las protestas ocurridas el 12 de junio contra la votación de la Ley Bases. Además repasa los hechos que llevar a la detención de 33 manifestantes e instan al gobierno de Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a "respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica", "abstenerse de criminalizar la protesta" y "utilizar protocolos con enfoque de derechos humanos".
El documento de la CIDH y la RELE describe con "especial preocupación" el comunicado emitido por la Oficina de la Presidencia el día de la represión --utilizado por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para justificar su voto de desempate de la Ley Bases-- por las "declaraciones estigmatizantes y criminalizantes" que calificaron a todos los manifestantes como "terroristas".
El documento marca de forma crítica que el Gobierno haya descripto lo sucedido como "un golpe de Estado moderno" para justificar la respuesta de las fuerzas de seguridad "en defensa de la democracia". Los organismos, dependientes de la Organización de Estados Americanos, indicaron que esos "supuestos" utilizados por el Poder Ejecutivo "pueden tener un impacto negativo en el debate público y la resolución pacífica de los conflictos sociales" al "activar o exacerbar actos de discriminación, hostilidad, intolerancia o violencia".
Esta misma semana, el representante Permanente de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Carlos Foradori, defendió esas calificaciones ante las denuncias volcadas también ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde negó que hayan ocurrido detenciones arbitrarias y destacó el apoyo de la oposición dialoguista a la Ley Bases.
El comunicado subraya también el ataque contra los periodistas que cubrían la movilización, de acuerdo a los reportes presentados por los trabajadores de prensa, respecto de las heridas recibidas durante la cobertura, a partir de la utilización de gas pimienta y balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, los organismos interamericanos le reclamaron al Estado que "garantice las condiciones necesarias para que periodistas puedan cubrir eventos de interés público".
"La protesta pacífica es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica", redundó el comunicado de la CIDH y la RELE y interpeló las autoridades del gobierno de La Libertad Avanza a "difundir información fidedigna, y abstenerse de estigmatizar a las personas", además de "adoptar un discurso respetuoso y constructivo que reconozca la legitimidad de las protestas".
"El uso de la fuerza pública es un recurso último y excepcional"
Sobre el uso de la fuerza pública, ordenada por el protocolo antipiquetes impuesto por la ministra Bullrich, la CIDH y la RELE recordaron que "el uso de la fuerza pública es un recurso último y excepcional" y que "las armas de fuego deben estar excluidas en los operativos de control de las protestas sociales".
En el comunicado, se detalla la información recibida respecto del uso de "uso desproporcionado" de armas menos letales, como irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma y camiones hidrantes por parte de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional durante las manifestaciones. Y resalta que "se reportó la presencia de efectivos policiales sin uniforme y de miembros de la Prefectura Naval portando armas de fuego".
El comunicado señala que desde el Gobierno la respuesta entregada fue que el Grupo de Operaciones Antidisturbios de la Prefectura Naval Argentina "cuenta con los estándares de entrenamiento y actuación diseñados e implementados con fines de no causar respuestas desproporcionadas al accionar de manifestantes". A esta respuesta oficial, el comunicado deja en claro que el Poder Judicial mencionó la "falta de entrenamiento" en las fuerzas de seguridad.
Protocolo Detenciones e investigación
El documento se detienen en varios párrafos respecto de los hechos de violencia, la represión y las detenciones ocurridas el 12 de junio para marcar con las detenciones de 33 manifestantes, bajo graves figuras penales. Y contrapone: "de acuerdo con información pública, la justicia federal liberó a 28 de las personas detenidas por falta de mérito y dictó el procesamiento de las restantes 5 personas bajo prisión preventiva".
Además, el comunicado cita, tomando una nota del diario La Nación, que la jueza federal María Servini de Cubría cuestionó públicamente el accionar de la Policía y que denunció con los sumarios estaban "muy mal instruidos" e "incompletos". El documento deja en claro la posición oficial, amparada en que "los procedimientos judiciales en cuestión son prueba de que la República Argentina respeta los principios republicanos y de división de poderes" y también reportó las heridas de 20 miembros de la fuerza de seguridad informadas por el Gobierno.
En el repaso de aquellos hechos, la RELE condena el ataque al móvil de Cadena 3, pero marca algunos reparos: que "algunos de los hechos violentos se atribuyen a personas presuntamente ajenas a la manifestación", que "según la Comisión de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, ninguna de las personas detenidas fue acusada de delitos vinculados con este hecho" y recuerda que Bullrich "instó al esclarecimiento del hecho y a la sanción de los responsables".
"Es deber del Estado individualizar a los actores violentos, diferenciándolos de aquellos que ejercen legítimamente su derecho a la protesta", resalta el comunicado y le exige al Estado argentino que utilice "protocolos con enfoque de derechos humanos que le permitan distinguir entre los hechos de violencia que no forman parte del derecho de protesta y manifestación pacífica".
