“Fue una experiencia de mucha incertidumbre. Pero lo tranquila que te sentís después no tiene comparación”, es uno de los testimonios recogidos en la encuesta que realizaron Ibis y la Colectiva Feminista La Revuelta, convocada entre mayo y junio de 2023, en cuatro provincias: Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y San Juan. Del sondeo participaron mujeres y personas gestantes que habían accedido a un aborto recientemente. “El conocimiento de la legalidad del aborto entre las 473 personas que respondieron la encuesta es extendido, aunque es menor la cantidad de personas que saben que el aborto es gratuito, que se debe garantizar en un plazo de 10 días y que debe estar cubierto por obras sociales y prepagas. Esto dejó en evidencia que aún queda mucho camino por recorrer en torno a la difusión de la Ley 27.610, su alcance y su aplicación integral en todo el sistema de salud”, dice el informe llamado “Un estudio sobre experiencias de acceso luego de la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo”, publicado en mayo pasado.

En cuanto al acceso, la mayoría de las participantes abortaron dentro de los 10 días y en el período de tiempo que deseaban. Además, el acompañamiento de Socorristas en Red (Senred) ayudó a que las personas accedieran servicios de aborto más rápidamente. “Sin embargo, un 15% de las participantes no pudo abortar en el plazo estipulado por la ley y casi la mitad debió llamar o visitar a dos o más lugares antes de recibir atención, la mayoría porque iban a tener que esperar demasiado o porque el centro no confirmaba que le proporcionarían la atención”, siguen las conclusiones del informe.

¿Por qué se eligieron las cuatro provincias en las que se realizó la encuesta? Porque en todas hay colectivos de Socorristas en Red que acompañan abortos, aunque no todas las que respondieron las preguntas cuantitativas y cualitativas realizaron la interrupción del embarazo con el acompañamiento. Eso también permitió relevar las diferentes experiencias. “De quienes respondieron las encuestas, un 83% recibió este tipo de acompañamiento. En Buenos Aires fue del 73%, en Neuquén del 86% y en Córdoba y San Juan del 87%”, deslinda el informe.

Como el aborto es un derecho que debe ser brindado por todo el sistema de salud, se consideró dónde se accedió a la práctica. “En todas las provincias el 73% lo hizo en el sistema público de salud: el 42% fue a centros de salud y 31% a hospitales. En tres provincias (Buenos Aires, Córdoba y San Juan) se mantuvo esta proporción de mayor concurrencia a centros de salud que a hospitales, en cambio en Neuquén sucedió a la inversa. En la provincia patagónica el 50.5% fue al hospital público, mientras que el 14.9% a centros de atención primaria de la salud”, se detalla.

“En este contexto de tanto vaciamiento y crueldad organizada, es mucho el valor que podemos encontrar en este tipo de informes. Primero, por cómo lo hicimos, somos de distintas colectivas, con el apoyo de una organización internacional, que eso nos hizo y nos hace estar juntas también, pensando lo que queremos, hacia dónde queremos también ir con nuestro hacer. Y bueno, este informe habla de la importancia de seguir construyendo redes de acompañamiento. Habla también de los saberes y de los conocimientos que hay previos con respecto a quienes deciden abortar. Habla del derecho al acceso al aborto, ¿no? Como la importancia que tiene saber. Digo, el 95% de quienes entrevistamos saben que el aborto es ley. Entonces, me parece que ese saber y ese conocimiento cobra un papel fundamental en este tiempo, porque hace que pueda apoderarme de ese conocimiento para exigir al sistema de salud, tanto privado como público, el acceso a ese derecho”, considera Belén Grosso, integrante de la Colectiva Feminista La Revuelta.

Por lo mismo, también la encuesta -respondida en forma virtual- diferenció las experiencias de aborto entre quienes habían sido acompañadas por una organización feminista y quienes concurrieron en soledad al sistema de salud. “En líneas generales el apoyo de socorristas fue bien recibido ya que un 98% aseguró que su acompañante les dio la información que quería durante todo el proceso, un 92% remarcó que recibió un muy buen trato y la mayoría contactó a SenRed porque anticipaban buen trato”, se lee en el informe, donde también detallan: “Sobre la obligación del sistema de salud de garantizar el acceso al aborto en un plazo máximo de 10 días, lo sabía el 50.8% de las no acompañadas y el 42.6% de las acompañadas. Estas diferencias podrían deberse a que las personas que tenían menos conocimiento de la ley primero buscaron maneras fuera del sistema de salud para realizar su aborto”.

Peligros que acechan

Mientras el acceso al aborto legal, seguro y gratuito fue política de estado hasta el 9 de diciembre pasado, el actual gobierno nacional ha re-instalado un discurso criminalizante, que niega el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes. “La vuelta de las narrativas vinculadas al aborto como un crimen nos pone en el desafío de seguir construyendo narrativas vinculadas a los cuidados, a los acompañamientos, a las decisiones de vida. Es un desafío que tenemos como activistas feministas y, bueno, quienes acompañamos situaciones de aborto también”, considera Grosso.

Es que las dificultades y obstáculos para acceder aparecen de la mano de un gobierno nacional que desconoce las políticas públicas que garantizan el acceso a derechos sexuales y reproductivos, con el claro objetivo de desmantelarlas. “Por un lado, el acceso al aborto en el sistema de salud se redujo y también hay más obstáculos. El acceso está más facilitado en algunas provincias, pero creo el Gobierno Nacional, al desmantelar de la manera que está haciendo el programa de derechos sexuales y reproductivos y desligarse también de la construcción a nivel nacional del Estado, hace que las provincias, al tener que ocuparse del propio acceso a la medicación, profundiza las desigualdades. En Neuquén, el Gobierno de la provincia garantizó que en todos los hospitales y centros de salud esté la medicación. Ya compraron, ya está todo equipado, pero en otras provincias eso no está pasando. Entonces, en esas provincias hay mucha más dificultad y el acceso cada vez es más difícil”, se explaya Grosso sobre la situación que genera el Estado Nacional.

Lo que está claro es que mujeres y personas gestantes seguirán abortando. “Seguramente va a haber personas que no aborten, pero también lo que logra este vaciamiento de las políticas públicas vinculadas al acceso al aborto es que los abortos vuelvan a ser inseguros. Los hubo siempre y los va a haber en mayor cantidad y las guardias y los hospitales y las clínicas se va a ver un aumento también de personas que llegan en situación de riesgo de vida, porque creo que al no haber acceso al derecho, las personas que deciden abortar, ya lo sabemos, van a abortar igual y van a hacer todo para abortar. Entonces me parece que va a haber más riesgo de vida para quienes deciden abortar con las políticas que está llevando adelante este gobierno”, consideró la activista.

En este contexto, se agiganta la importancia de construir redes feministas, “redes de acompañamiento que hagan que el derecho al aborto se pueda garantizar de la mejor manera posible, con un acceso que no ponga en riesgo la vida de la persona que va a abortar”.