El represor Lucio César Nast alias "Ronco", un represor del Servicio de Informaciones , deberá esperar hasta el próximo lunes para saber si la justicia federal le otorgará la libertad. Es que después de escuchar a cuatro de sus víctimas, al fiscal federal Adolfo Villatte y a la abogada querellante Gabriela Durruty por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el tribunal decidió un cuarto intermedio hasta el primer día hábil después del fin de semana.
Nast fue condenado dos veces: a 22 años de prisión en el juicio de Feced II, en octubre de 2014; y a 16 años, en mayo de 2020 (sentencia que todavía no está firme), en los tramos III y IV, en el marco de la megacausa Feced, que juzgó crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de víctimas que estuvieron en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario. Además, tiene en trámite una causa, conocida como "Valle", en la que investigan seis homicidios. Por el tiempo que lleva en prisión preventiva en relación a la pena de 16 años, solicita el beneficio de la excarcelación bajo el régimen condicional, según se indicó.
En 2020, la sala II de la Cámara de Casación Penal concedió el arresto domiciliario al represor Nast, por entonces de 66 años, a través de un fallo alcanzado por una mayoría que consideró que, por su edad y por su estado de salud, es un detenido de “alto riesgo”, en relación a la pandemia por Covid19. Hasta entonces, había estado detenido en el penal de Ezeiza. En tanto, se indicó que la Cámara Federal de Casación Penal le ordenó hace un mes al Tribunal Federal, que resolviera un pedido de la Fiscalía para que se revoque esa situación, ante el planteo de que las circunstancias relacionadas con los motivos por los que se dio el beneficio, en pandemia, ya no subsisten.
Al cierre de la audiencia elfiscal Villatte le relató a Rosario 12 que " duante la audiencia hicieron escuchar su voz cuatro víctimas de Nast: se expresaron en contra del beneficio de su libertad condicional Fernando Razzetti, Luis Cuello, Nicolás Segarra y Oscar Bustos".
En esa línea Villatte aclaró que " también habíamos pedido que estuviera presente un perito del Ministerio Público Fiscal, un perito psicólogo que intervino en un pericia psicológica a Nast para que explicara un punto de las conclusiones de su trabajo, en el que afirmaba conjuntamente con el cuerpo médico forense del poder judicial, que Nast no tenía implicaciones subjetivas en relación a los hechos que había cometido. Es decir que no tenía registro de que había cometido delitos, y qué por eso fue condenado. Nast niega el carácter de condenado".
Por su parte Gabriela Durruty destacó ante la consulta de Rosario12 que ayer "el tribunal tuvo la posibilidad de escuchar de primera mano a las víctimas de Nast. En particular a Oscar Bustos cuya familia entera fue víctima del represor, ya que a excepción de su hermana, su padre, su madre y su hermano que permanece desaparecido, fueron víctimas del accionar de represor como integrante de la patota Feced. En su relato -apuntó Durruty- Bustos dio cuenta de la ferocidad de Nast y de los vínculos que mantenía con integrantes de la patota que aún no han sido identificados o bien que no han podido ser habidos. Por lo cual quedó palmariamente demostrada la peligrosidad procesal, que vale decir, ya otros magistrados han entendido y que revisten gravedad ya que esta peligrosidad se ve incrementada debido a estas posibilidades. Por todo esto le solicitamos al tribunal que rechace su libertad".
Para la abogada patrocinante de las víctimas hay que rechazar su libertad porque " no solo estamos hablando de una persona con posibilidades claras de fugarse, sino de poner en riesgo la integridad física, no solo de sus víctimas sino de sus familias".
Finalmente Durruty recordó que "Nast hoy en día cumple su condena en la modalidad de detención domiciliaria, algo que también ya rechazamos porque planteamos qué esto era una excepción que solamente podía darse si la cárcel representara un trato degradante para el detenido, y este punto no pudo ser probado por su defensa. Por eso pedimos que cumpla su condena en una cárcel común" remarcó la letrada.
En la previa de la audiencia, la abogada querellante por la APDH, había planteado que "el solo transcurso del tiempo no es suficiente para acceder a una excarcelación. El genocida se encuentra sujeto a causas en trámite en el marco de las cuales diversos magistrados lo han considerado peligroso procesal y esa situación no ha variado", aseguró.
Al mismo tiempo, había sostenido que "por lo demás, ese es el criterio adoptado en la jurisdicción ante similar pedido del condenado (Daniel) Amelong. Lo antedicho es suficiente para rechazar el pedido sin perjuicio de no haber siquiera evaluado el mandato resocializador de las normas. Tenemos la convicción de que su solicitud no se ajusta a derecho".
