Tras el envío del proyecto de ley de góndolas provincial por parte de Axel Kicillof que ingresó a la Legislatura bonaerense el pasado miércoles, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), controlada por el empresario Eduardo Eurnekian, rechazó taxativamente la norma con el argumento de que "perturbará la operatoria de numerosas empresas e incrementará sus costos, con el consiguiente perjuicio para el consumidor final".

Tal como informó Buenos Aires/12, la ley busca evitar la concentración de pocas marcas en las grandes cadenas comerciales y abrir espacio a la producción bonaerense. Se trata de una suerte de sucedáneo de la ley de góndolas que el DNU 70, firmado por Javier Milei en el mes de diciembre, dejó sin efecto a nivel nacional. A raíz de esa desregulación, las pequeñas y medianas empresas perdieron terreno frente a las grandes marcas y grupos económicos que aglutinan el mercado de alimentos, elementos de higiene y de vestimenta, entre otros rubros.

Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, había asegurado a este medio que la ley no tiene como premisa una imposición u obligación de ventas: “La realidad es que los supermercados como Coto, Carrefour o Walmart también buscan nuevos proveedores y hay que tener en cuenta que hay un Gobierno nacional que les pide importar alimentos que, como vemos, no se traduce en precios más bajos”.

La cámara aseguró que "la herramienta propuesta es no solo incorrecta sino incluso contraproducente: la excesiva injerencia en las relaciones comerciales más temprano que tarde deriva en escasez de productos y/o suba de precios, perjudicando a empresas y consumidores".

Además, destacaron que "el proyecto vulnera la libertad de comercio consagrada en la Constitución Nacional" y que se trata de una norma abusiva porque se pretende imponer, mediante una ley "condiciones de comercialización para solamente algunos de los actores que participan en las relaciones de consumo masivo".

Con un guiño a las políticas de recorte laboral emanadas desde Nación, desde la CAC advirtieron que la aplicación de la ley pondría en riesgo los puestos de trabajo actuales: "sin un sector privado pujante no es posible crear empleo genuino ni generar la riqueza necesaria para superar los escandalosos niveles de postergación y pobreza que nuestro país registra" y que la ley, "amparada en objetivos loables, acabará por perjudicar a empresas y consumidores".

Aunque formalmente la presidencia de la CAC la ejerce Natalio Grinman, titular del consejo directivo, ese grupo es completado por Eduardo Eurnekián, mandamás de la Corporación América y los empresarios Guillermo Dietrich, del sector automotor, Alberto Grimoldi, del calzado, Martín Cabrales, uno de los principales comercializadores de café en el país, Federico Braun, al frente de la cadena de supermercados La Anónima, María Luisa Macchiavello, de la industria farmacéutica, y Rodrigo Pérez Graziano, de la automotriz Stellantis, entre otros.