Desde La Paz
Enviado especial
Hay dos graves problemas que causan zozobra política en Bolivia. La tradición golpista de sus fuerzas armadas, reverdecida con el intento de golpe fallido del 26 de junio y el conflicto interno del MAS. Un movimiento de movimientos – así lo define su propia militancia - que, como partido, va camino a la autodestrucción. El enfrentamiento personal y lleno de susceptibilidades entre el jefe de Estado, Luis Arce Catacora y el expresidente y líder histórico de esa fuerza mayoritaria, Evo Morales, parece ubicado en un punto de no retorno. ¿Cómo se entiende que dos personas que trabajaron juntas y en armonía entre 2006 y 2019 hayan dinamitado todos los puentes del diálogo? Álvaro García Linera, el ex vicepresidente que convivió con ambos durante los tres mandatos de Evo, definió la situación como una “guerra fraticida”.
Camino a su bicentenario – que en 2025 coincidirá con las elecciones nacionales – Bolivia atraviesa una actualidad convulsionada. Se percibe hacia el interior del Movimiento al Socialismo en la disputa sin tregua entre Evo y Arce Catacora, pero además en cómo se solidificó esa ruptura desde sus respectivos entornos. Las hostilidades comenzaron cuando el golpe liderado por Jeanine Áñez ya era un trágico recuerdo. Hasta los últimos días de Morales en el poder, su entonces ministro de Economía decía: “Evo cumple lo que promete”. Para muchos el artífice del llamado milagro boliviano, reconocía en su adversario de ahora, al líder absoluto del MAS. Pero algo empezó a romperse entre ellos. Y un nombre explica en parte ese distanciamiento.
Se trata de Eduardo Del Castillo, el actual ministro de Gobierno y funcionario clave en el gabinete de Arce Catacora. Joven integrante de la Columna Sur nacida en Santa Cruz de la Sierra y que acompañó siempre a Morales, se transformó en el blanco predilecto de Evo – después del presidente- desde que en agosto de 2023 denunció por narcotráfico al movimiento cocalero de Las Yungas (Departamento de La Paz) y al del Trópico de Cochabamba.
Había llegado demasiado lejos para el sector evista del MAS. No sería el primer conflicto ni el último. Ya en 2022 las Federaciones del Trópico habían exigido su renuncia por lo que consideraron ataques injustificados a antiguos miembros del gabinete de Evo y a dirigentes cocaleros. Pidieron su cabeza como la de Iván Lima, el actual ministro de Justicia. Hubo una escalada con Morales y en enero de este año, Del Castillo le reprochó al líder que defendió hasta fines de 2019: “el sujeto histórico es el bloque popular y no una persona”.
Un militante del MAS consultado para esta nota y que se desencantó con la interna, tradujo en pocas palabras la intervención crítica de García Linera dirigida a Arce Catacora y Morales: “Fue como jalarlos de las orejas para que no se pierda este proyecto”.
El partido, la herramienta política del Movimiento al Socialismo, es el otro territorio que se disputa. Se dirime en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el sector de Evo define como cómplice del gobierno. La conducción del MAS, congelada a 2017 y con Morales como máximo dirigente, para el TSE debería renovarse. Por eso llamó a un encuentro el próximo 10 de julio para destrabar la cuestión partidaria. Pero como no convocó a Morales en tanto presidente, pero sí a sus delegados, este sector ya anunció que no irá a la cita. Lo peor para el MAS podría llegar en el futuro. Si recibe tres sanciones del TSE por sus internas que impiden reorganizar al partido, podría perder la personería.
Sobre esta situación, la ultraderecha boliviana que apoyó el golpe de Estado de 2019, da todos los días un paso nuevo. Lo hace con ataques a una economía que tiene fisuras, pero lejos está de parecerse a la que describe la fundación local Milenio o lo que sostiene el detenido gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, citando a aquella: “su informe confirma con datos y argumentos técnicos lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo: la economía en Bolivia va en caída, la crisis es estructural”.
A ese argumento el presidente lo confrontó con su propia descripción del momento: “Ahora la situación está volviendo a la normalidad y el modelo funciona y vamos a resolver el tema económico y los problemas sociales”. Y además nombró dos medidas claves de su gobierno: “Hemos aplicado un impuesto a las grandes fortunas y estamos devolviendo el IVA a los sectores de menores ingresos”.
El analista económico Omar Velasco, consultado por Bolivisión, se mostró equidistante de las dos posturas: “No todo está bien, ni todo está mal”. Las perspectivas de mejoramiento existen, cualquiera sea la fuente que se consulte. Más alentadoras o más magras. Incluida la opinión de la policía económica mundial, el FMI.
En este contexto económico el gobierno anunció una marcha en defensa de la democracia para el 12 de julio. Será desde El Alto hacia la plaza Murillo en el kilómetro cero, donde las tanquetas militares irrumpieron el 26 de junio. El Pacto de Unidad, liderado por las organizaciones que acompañan a Arce Catacora con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia a la cabeza, llamó a marchar.
La salud de la democracia boliviana dio en las últimas horas una buena noticia que provino desde el mundo judicial. Un Tribunal Penal de Cochabamba les aplicó condenas de ocho a dos años de prisión a dirigentes de la Resistencia Juvenil Cochala. El motivo fue que en noviembre de 2019, en los días posteriores al golpe, el grupo atacó a patadas y golpes de puño a cholas y campesinos que defendían a Evo. Entre los sentenciados hay cuatro hombres y una mujer. Son los mismos que atacaron a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce del MAS, pintándola de rojo.
