Los expresidentes Alberto Fernández (Argentina), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador) y Manuel Zelaya (Honduras) encabezaron una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su intervención en favor del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. También acompañó con su firma el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre las más de 60 personalidades que firman la misiva también están el exjuez español Baltasar Garzón, la exministra española y actual eurodiputada por el partido de izquierda Podemos Irene Montero, el excanciller boliviano Fernando Huanacuni y la exministra peruana Aída García-Naranjo.
El documento fue enviado a la CIDH en las vísperas del periodo de sesiones que celebrará en Nueva York del 8 al 19 de julio para solicitar que ordene la libertad para Glas, exvicepresidente de Rafael Correa detenido el pasado 5 de abril tras la toma por asalto por parte de la Policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, después que el Gobierno mexicano le hubiese concedido el asilo.
Además, en la misiva se pide el reconocimiento del asilo diplomático que le otorgó el Gobierno mexican. También se pidió la ampliación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en 2019 por las condiciones del encarcelamiento que en ese momento también seguía Glas y la visita de una delegación de la Comisión a Ecuador para elaborar un informe especial "sobre las irregularidades judiciales y las violaciones de derechos humanos en el caso de Jorge Glas".
"Este es un caso que pone a prueba a toda nuestra región"
Esta es la primera acción del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas, que tendrá un consejo consultivo presidido por el exmandatario Alberto Fernández y en el que también participarán los exgobernantes Evo Morales y Ernesto Samper y el coordinador del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez-Ominami.
Este grupo estará coordinado por el abogado ecuatoriano Paco Hidalgo, el boliviano Sacha Llorenti, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, y Tamara Lajtman, investigadora del Observatorio Lawfare,
"Nunca antes nuestra región fue escenario de tan flagrante atentado al derecho internacional", sostuvo en su carta el Comité, para el que "las posibilidades de que Jorge Glas encuentre justicia en esos tribunales son prácticamente nulas, dado el agotamiento de los recursos internos".
"Este es un caso que pone a prueba a toda nuestra región, a la comunidad internacional y al derecho internacional. Apelamos a que la CIDH cumpla con su papel y contribuya a que se repare el grave daño cometido contra Jorge Glas, el derecho internacional y paz y seguridad de América Latina y el Caribe", apostilló.
La comparación con el caso Assange
Durante la presentación del Comité, Llorenti afirmó que esta carta "es el inicio de un trabajo permanente, sin sosiego, que tiene como objetivo lograr la libertad plena e irrestricta de Jorge Glas".
"Trabajará permanentemente a partir de ahora, inspirado en otros procesos como el de Julian Assange. El caso de Jorge Glas es incluso mucho más grave, si es que uno toma como antecedente la invasión ordenada por (el presidente de Ecuador) Daniel Noboa contra la Embajada de México", argumentó.
El asalto a la embajada mexicana
La invasión de la Embajada de México por parte de Ecuador se produjo en medio de una crisis diplomática entre ambos países, donde el Gobierno de López Obrador concedió el asilo a Glas cuando este ya tenía una orden judicial de detención.
El exvicepresidente, que rechaza los cargos en su contra y se declara un perseguido político, había ingresado a la sede diplomática de México el 17 de diciembre de 2023 para solicitar asilo, cuando la Fiscalía se disponía a procesarlo por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016.
México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.
Mientras México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas, el Gobierno ecuatoriano sostiene que el Ejecutivo mexicano transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos, abusar de la inmunidad diplomática y violar las normas de asilo que impiden dar ese beneficio a personas condenadas por tribunales ordinarios y procesadas por delitos comunes.
