Al día de hoy cuatro personas continúan privadas de su libertad con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza por manifestarse en contra de la Ley Bases.

La brutal represión que se vivió en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la jornada del miércoles 12 de junio, mientras se debatía la Ley Bases, dejó como saldo a más de 600 personas heridas y 33 detenidas por la Policía Federal y de la Ciudad de Buenos Aires. 17 de ellas fueron liberadas a los dos días, en tanto que 11 siguieron detenidas hasta el martes 18 de junio. Inexplicablemente, cuatro varones y una mujer permanecen al día de hoy todavía detenidos, mientras que quienes fueron liberados continúan con procesos abiertos debido a la apelación del fiscal Carlos Stornelli.

Se les acusa por delitos de intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad, de incitar los disturbios y a la violencia colectiva. Todas las acusaciones se basan en las versiones de los y las policías, sin más pruebas que sus palabras, contra las versiones de las y los detenidos. No tiene ni una foto ni una filmación que los encuentre participando de hechos de violencia. La Justicia no respeta las normas procesales y actúa más bien en respuesta a la presión política del gobierno nacional. Como sostienen Maristella Svampa y Enrique Viale, todos los organismos estatales (el Ministerio de Seguridad, las policías y la fiscalía) actuaron con falta de transparencia y de manera antidemocrática.

La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, la Asociación Americana de Juristas, el SERPAJ, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, la LADH, la APDH, el Instituto de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencia EN FOCO, la CTA-Autónoma y la Federación Judicial Argentina junto a otras personalidades, se presentaron como amicus curiae en la causa. Cuestionan la criminalización de la protesta social impulsada por el gobierno nacional y exigen “la inmediata liberación de todos los detenidos, su sobreseimiento y el cierre de todas las causas vinculadas”.

A esto se suma lo sucedido en la mañana de este lunes 1º de julio cuando la policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), integrantes de ATE y de la CTA Autónoma que realizaban un reclamo en las puertas del instituto para rechazar el despido de 288 trabajadores. También detuvo a dos de ellos, que fueron liberados después de las 7 de la tarde. La represión se enmarca como parte de la nueva ola de despidos estatales impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Si bien la criminalización de la protesta social no es novedosa, la naturalización con que es vivida por gran parte de la sociedad, así como las causas que les imputan a las personas detenidas, presentan una gran preocupación y alertan sobre los peligros de la instauración de regímenes de excepción.

Algo de esto ya se anticipó en el verano en Rosario, cuando siete personas fueron detenidas violentamente por pintar la Plaza 25 de Mayo, la de las Madres, también en contra de aquel proyecto original de la Ley Bases. El 2 de febrero a la madrugada un grupo de personas estuvimos hasta pasadas las 3.30 hs. esperando su liberación en las afueras de la Comisaría 2°, donde iban a llevarlas inicialmente, y de la Jefatura de Policía, donde finalmente se encontraban detenidas. Pero no imaginábamos que cuatro meses después cinco personas estuvieran encarceladas más de 20 días por protestar.

Como decíamos, hechos de tal gravedad invitan a pensar en la instalación, gradual y progresiva, de un estado de excepción donde son suspendidos determinados derechos y garantías constitucionales. Para ello, no se precisa necesariamente dar un golpe de Estado o instaurar una dictadura. De hecho, la Constitución Nacional argentina contempla la posibilidad de su implementación, a través de la figura del “estado de sitio”, el cual estaría justificado cuando una supuesta o real amenaza atente contra el orden establecido. La memoria social más reciente al respecto en el país es la del estado de sitio declarado por el entonces presidente Fernando De La Rúa el 19 de diciembre de 2001.

Pero, como sostiene el historiador Pablo Scatizza, no siempre es necesario un decreto presidencial o una ley del Congreso para que se instituya un estado de excepción. “También es posible pensar su implementación de manera gradual y progresiva, a partir de una sucesión de medidas políticas tendientes a suspender determinados órdenes legales, y mediante la sanción de una legislación cada vez más represiva”.

En este sentido, Maristella Svampa y Enrique Viale argumentan que la situación y la arbitrariedad de las detenciones el día del tratamiento de la Ley Bases son propias de regímenes autoritarios, donde se instala un estado de excepción con estrategias de persecución política, disciplinamiento social y ataque deliberado a la libertad de expresión y al derecho a la protesta.

Para estos autores, la represión y las detenciones, además, forman parte de la llamada “batalla cultural” que el gobierno nacional lleva a cabo en contra de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, a las que viene demonizando a la par que realiza un recorte drástico de sus presupuestos.

En este marco, la comisión de solidaridad con las personas detenidas y ex detenidas durante la marcha contra la Ley Bases organizó una colecta solidaria con los elementos que necesitan las cinco personas que hasta el momento continúan detenidas. La misma idea de comisión de solidaridad remite a otros momentos de nuestra historia donde hubo que demandar por la libertad de los presos políticos.

Otra vez, no estamos diciendo que este gobierno sea una dictadura, pero sí que implementa elementos similares a los de otros regímenes autoritarios de nuestra historia, como la instauración de un estado de excepción que suspende derechos y garantías constitucionales, como el derecho a la protesta. Estamos diciendo que debemos alertar y parar esta pérdida de derechos ahora, porque si dejamos pasar esto, será muy difícil de revertir y en algún momento puede ser demasiado tarde.