En el marco del superávit fiscal obtenido en los primeros meses del año, el gobierno de Javier Milei aplicó una fuerte caída del 30 por ciento en la ejecución del Presupuesto durante el el primer semestre del 2024 respecto al mismo periodo del año anterior, tal como indica un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional en ese período.


Entre las principales conclusiones, el CEPA remarcó la fuerte caída de la ejecución real respecto del mismo período del 2023, lo cual implica un "significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración". Además, verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 13 por ciento del total de gastos.

De hecho, los Servicios de Deuda Pública es la única función presupuestaria que menos cae en términos reales respecto al mismo período de 2023, con una caída del 8,6 por ciento. Al analizar el gasto por organismos públicos, se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-48 por ciento), ANMAT (-17 por ciento), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-13 por ciento) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-15 por ciento).

En materia científica la situación no es mejor, ya que se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU.

También así en materia de desarrollo productivo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene un recorte del 93 por ciento, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae más del 90 por ciento. Otros programas como INTA e INTI también tiene caídas en su ejecución presupuestaria.

Los organismos de la Seguridad Social están sufriendo fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias. En el caso de la ANSES, organismo responsable de la Seguridad Social, el recorte llega al -22 por ciento respecto al año pasado. También se detectaron recortes del 70 por ciento en el INAES; y del 40 por ciento en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación, es decir por partidas programáticas, se observan caídas en los principales programas de la Seguridad Social, incluyendo algunos críticos como los de atención a la niñez en situación de vulnerabilidad social (Programa 1000 días) con una caída del 17 por ciento en base caja. También se ajustan fuertemente la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor, con un ajuste del 48 por ciento.


En materia educativa se observa fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-96 por ciento en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-88 por ciento) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-98 por ciento). 

En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-50 por ciento), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-75 por ciento), Atención Sanitaria en el Territorio (-96 por ciento), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-72 por ciento). Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 65 por ciento y el 73 por ciento. 

En materia de obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas cercanas al 100 por ciento en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica. 

Los casos de los organismos de seguridad también tienen marcadas caídas en su ejecución, especialmente las fuerzas federales.

Finalmente, en materia de transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios, los ajustes son muy marcados, encabezados por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100 por ciento), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-99 por ciento), y la Asistencia Técnica a Municipios (-93 por ciento). 

La situación general de la Administración Pública Nacional es de una fuerte reducción de su ejecución presupuestaria. Reducción que en algunos casos está llevando a la paralización de programas de alto impacto en términos sociales, y de salud de la población. Incluso en un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social, y de estímulo al desarrollo productivo.