El juez federal a cargo del Juzgado Federal Nº4 de Rosario, Marcelo Bailaque, dispuso el procesamiento de cinco personas -dos de ellas con prisión preventiva- acusadas de conformar una asociación ilícita fiscal que montó una red de 150 usinas de comprobantes apócrifos para la emisión de aproximadamente 40 mil comprobantes electrónicos desde enero del 2018 hasta mayo de este año, período en el que habrían facturado un valor estimado de 10 mil millones de pesos y 2 mil millones de pesos en crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La medida judicial incluyó la traba de un embargo sobre los bienes de los imputados por 7 millones de pesos.
En la causa intervinieron el titular de la Unidad Fiscal Rosario, Javier Arzubi Calvo, y la fiscal federal coadyuvante María Virginia Sosa, quienes el 4 de junio pasado requirieron los allanamientos de diez domicilios. En los procedimientos intervinieron la Policía Federal (DUOF Rosario) y personal especializado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que secuestró elementos de interés para el avance de la investigación como teléfonos celulares, computadoras/notebooks, discos externos, pendrives, vehículos y diversa documentación.
