Las 11 personas asesinadas el 6 de julio de 1976 en la conocida como Masacre de Palomitas serán recordadas hoy, día en que se cumplen 48 años de ese crimen cometido en el marco del terrorismo de Estado. 

Habrá dos actos, por la mañana y por la tarde. El primero, convocado por las organizaciones reunidas en la Mesa de Derechos Humanos de Salta, comenzará a las 10,30, en el monolito que recuerda a las víctimas en el Parque San Martín. “Reflexionemos juntos los valores de la democracia y la importancia de su defensa, para el desarrollo de una sociedad que tienda cada vez más a garantizar la igualdad, la justicia y la libertad de expresión”, invitó la Mesa en la convocatoria a este evento.

Por otro lado, Familiares de Detenidos Desaparecidos e HIJOS en la Red por la Defensa de los DDHH, y otras organizaciones políticas y sociales, convocan a una marcha con concentración a partir de las 14, en el mismo monolito. 

Estas organizaciones se manifestaron "Contra la impunidad, el hambre, saqueo y la represión de ayer y de hoy" y enumeraron un listado de exigencias, entre ellas, la apertura de "todos los archivos ocultos del Terrorismo de Estado (1974/83)", la preservación de los sitios de memoria, "continuidad al rescate e identificación de los Detenidos - Desaparecidos en enterratorios clandestinos".

La Masacre de Palomitas fue uno de los hechos por los que se acusó en el Juicio a las Juntas en 1985. Once personas que estaban en la cárcel de Villa Las Rosas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y con conocimiento del juez federal Ricardo Lona (fallecido), fueron sacadas del penal con la excusa de que iban a ser trasladadas a una cárcel de mayor seguridad en Córdoba pero fueron acribilladas en el camino, sobre la ruta nacional 34 a la altura del paraje Palomitas, más de 60 kilómetros al sur de la ciudad de Salta.  

El detenido Julio Raimundo Arroyo contó el momento en que las víctimas fueron sacadas de la cárcel. Entre las 19.30 y las 20 del día de la masacre, el inspector subalcaide Luciano Rodríguez ordenó que encerraran a todos los presos por razones políticas. Entonces se apagaron las luces del pabellón D y cerraron las mirillas de las puertas de las celdas. Desde su celda Arroyo tenía algo de visión porque alcanzó a trabar la mirilla antes de que la cerraran totalmente. Así vio a los penitenciarios cuando comenzaron a sacar a los presos políticos varones. "Primero desde su celda lo sacan a (Benjamín) Ávila", contó. Luego sacaron a Roberto Luis Oglietti, a José Víctor Povolo, Rodolfo Pedro Usinger, Alberto Simón Savransky y a Pablo Eliseo Outes. Arroyo vio pasar a dos de estos detenidos "encapuchados y con las manos hacia atrás".

Del pabellón donde estaban detenidas las mujeres, sacaron a Georgina Graciela Droz, María Amaru Luque de Usinger, Evangelina Mercedes Botta, María del Carmen Alonso de Fernández y a Celia Leonard de Ávila, que había dado a luz en prisión y tuvo que dejar a su bebita en brazos de otra detenida.

Una vez consumada la masacre las autoridades militares, con la anuencia de las otras, aseguraron que un grupo de guerrilleros había intentado liberar a estas personas y se había generado un tiroteo durante el cual huyeron ocho detenidos y detenidas, Povolo, Alonso de Fernández, Outes, Botta, Usinger, Droz, Oglietti y Luque, habían logrado fugars y que luego Usinger, Oglietti y Luque de Usinger fueron muertos en un enfrentamiento en el puesto de control de Pampa Vieja en Jujuy, y lo mism pasó con Outes, Povolo y Alonso de Fernández, en Ticucho, Tucumán. En ambos casos los represores montaron escenas para sostener su versión. En la Justicia ya se probó que fue una mentira. 

Como ocurrió en otros hechos de similares características durante los años del terror, en el "enfrentamiento" mentado por las autoridades solo hubo víctimas del lado de la guerrilla, mientras que las fuerzas armadas y de seguridad no siquiera tuvieron un lesionado. 

Los testimonios que se volcaron en el largo trámite judicial sobre este hecho, dan cuenta de la saña de los asesinos, y del montaje del supuesto enfrentamiento. 

El ex policía José Michel, que para el momento de la masacre se desempeñaba en la Comisaría de General Güemes y fue comisionado para custodiar la camioneta Ford usada junto a otros dos automóviles para simular el enfrentamiento, recordó que cuando llegó la camioneta todavía estaba incendiándose. "El personal militar estaba provisto de armas largas, como FAL, PA 3 e Itaka de caño corto", contó; dijo que luego recogieron 200 cápsulas servidas y dentro de un automóvil Torino vieron "abundante salpicaduras de sangre" y restos humanos. El ex policía aseguró que lo que había en el Torino y la Ford revelaban que las personas que iban en esos vehículos fueron acribilladas ahí mismo.

Su relato se completa con el de otro policía de General Güemes, Ricardo Arquiza, que también llegó cuando la camioneta aún ardía y vio que al lado del Torino había un camión del Ejército "con personal de esa fuerza que se movilizaba a su alrededor portando armas largas". Unos minutos después ese camión partió en dirección a Tucumán. Arquiza vio que el Torino "estaba acribillado por todas partes", vio restos humanos y por comentarios supo que "momentos antes se habían levantado los cuerpos". 

Los cuerpos de Povolo, Outes, Alonso de Fernández, Ávila y Leonard fueron entregados a sus familiares en cajones cerrados y la custodia de las fuerzas de seguridad les impidió verlos como también prohibió que hubiera expresiones de dolor. 

Los cuerpos de Evangelina Botta y Georgina Droz permanecen desaparecidos. Si bien en la Ford, que quedó quemada y baleada en Palomitas, se encontraron dos cuerpos descuartizados que aparentemente habían sido quemados, para la justicia no hay elementos para afirmar que fueran de estas jóvenes. La versión oficial afirmaba que habían huido, pero fue "desechada de plano".

La investigación de la Masacre de Palomitas se inició el 6 de junio de 1983, por una acción de amparo presentada por un grupo de presos de Rawson, Chubut, que denunciaron maltratos, apremios, torturas y homicidios en distintos lugares del país, entre ellos Salta. 

En el lento trámite judicial que siguió, fueron condenados, entre otros, el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall (f); el entonces capitán Hugo César Espeche (f), que encabezó la comitiva militar que se llevó a las víctimas hasta el lugar de la matanza; el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez (f); el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil (f); el comisario Joaquín Guil y el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray.