La jueza Mónica Lamperti admitió a la provincia de Santa Fe como querellante en la megacausa por fraude inmobiliario, que tiene a diez personas imputadas por conformar una asociación ilícita “de guante blanco”. Se trata de la primera vez, en el marco del nuevo sistema procesal penal, que el Ejecutivo es parte de una investigación; en este caso, por delitos económicos. La idea, según adelantó tras la audiencia oral el fiscal de Estado, Pablo Saccone, es “colaborar” con la pesquisa, ya que se afectaron bienes jurídicos de la ciudadanía. Al mismo tiempo, fue aceptada la querella de Juan Marcelo Borghi, el último comprador del campo de Villa Amelia, contra el agente bursátil imputado, Jorge Oneto. La Fiscalía entiende que hasta Oneto las sucesivas ventas del campo --que implica a la mayoría de los imputados-- fueron por “precio vil”. Luego, “la hicieron ingresar al circuito legal” y Borghi fue calificado como el comprador “de buena fe”. Por ello, la víctima pretende acusar por estafa a Oneto, quien se lo vendió. “Sabían (los imputados) a quien pertenecía el campo, y siguieron adelante”, dijo el fiscal Sebastián Narvaja.

Pese a los planteos de los abogados, que consideraron que la ciudadanía ya está representada por la Fiscalía Regional, Lamperti fundamentó el por qué del aval a la provincia para querellar contra los acusados. “No veo lesión concreta en el debido proceso, igualdad de armas y derecho de defensa”, esgrimió la jueza, que refutó uno por uno los cuestionamientos de los letrados para que sea rechazada la pretensión. Sí hizo una salvedad y le dio un plazo de 10 días a la provincia para que presente el informe que da cuenta de la instrucción del gobernador Miguel Lifschitz para que se avance en la presentación. “Es una cuestión formal”, estimaron desde Fiscalía de Estado.

Ante un pedido de los defensores, la magistrada aclaró que la intervención del Estado será dentro de las carpetas judiciales imputadas en octubre pasado, por siete hechos, y no en las últimas acusaciones por nuevos delitos como el de tenencia de armas.

Saccone se manifestó satisfecho con la decisión. “Tenemos otros antecedentes, pero con el nuevo sistema penal es la primera vez que seremos querellantes. La jueza hizo lugar, estimando que la provincia podía tener alguna lesión en sus bienes jurídicos, y por lo tanto le permite ser parte en el proceso”, celebró. “Vamos a estudiar si nos presentamos ante los nuevos hechos, pero todavía no tuvimos acceso al legajo judicial. Más que nada queremos colaborar con la acción de la Fiscalía, porque desde adentro de la administración tenemos acceso a un plexo probatorio que podemos agregar a la causa”, señaló.

Por su parte, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos indicó que se trata de una investigación complicada que puede sumar nuevos delitos y las querellas analizarán si se suman o no a esas acusaciones.

Al mismo tiempo, el funcionario judicial se refirió a cuestiones planteadas en la audiencia de apelación realizada anteayer, que terminó en horas de la madrugada de ayer. “El viernes (por mañana) sabremos qué resolverá el juez (Daniel Acosta) al respecto. El lunes vencen las prisiones preventivas y tenemos otra audiencia, pero nuestro planteo estará supeditado a lo que se resuelva en la Alzada. Consideramos que debe confirmarse la decisión de la jueza Lamperti, que dictó prisiones y libertades bajo fianza, en octubre”.

Narvaja también habló de la intención de Oneto de devolver el campo de Villa Amelia a su dueña, como fue expuesto por sus abogados en la audiencia de apelación. “Entendemos que no está claro que lo que ofrece devolver sea suyo, porque justamente uno de los elementos de la causa es que lo vendió (a Borghi) y ese comprador es una víctima que se presentó como querellante, además de ejercer posesión del inmueble. Pretende aparecer como una puesta a derecho para reencausar las cosas, pero tenemos acreditado que estas personas (las intervinientes en la venta del campo) sabían desde junio de 2015 que la propiedad pertenecía a la señora Luppi; y en lugar de tomar acciones para devolvérselo, se decidió seguir adelante en las ventas para cubrirse legal y formalmente, quedándose con la propiedad y obteniendo los beneficios de la venta”.

En la causa que investiga la saga de maniobras delictivas con propiedades inmuebles mediante estafas por más de 40 millones de pesos y lavado de activos están imputados el gerente de diario La Capital, Pablo Abdala, quien permanece en libertad bajo fianza, al igual que el escribano Luis María Kurtzemann. También están imputados Oneto; el vendedor de autos Roberto Aymo, su esposa (en domiciliaria) y su chofer, Jonatan Zárate; el escribano Eduardo Torres y su par Juan Bautista Aliau (en prisión domiciliaria por enfermedad). Además están presos y acusados el sindicalista Maximiliano González de Gaetano, y el empresario automotriz Leandro "Lelo" Pérez. La mayoría está en prisión preventiva, pero mañana se sabrá si las mismas son confirmadas por la Cámara Penal.