Tras seis meses de Gobierno de Javier Milei quedó clara la voluntad de distintos sectores políticos para privatizar o eliminar los medios públicos, incluida la agencia de noticias. Y no fue estruendosa su defensa en las voces más escuchadas del periodismo. Conviene tomar nota de esto porque la avanzada sobre estos medios no parece detenerse.

Un amplio abanico de políticos parece satisfecho con la diversidad y el pluralismo informativo que ofrece el sector mediático comercial. También destaca en muchas declaraciones la incapacidad de ponderar el funcionamiento de los medios públicos más allá de una cuenta económica sobre el gasto público. La cobertura mediática sobre la ley ómnibus que propuso la privatización de empresas del Estado es una muestra de los vacíos informativos que se producen en un escenario mediático concentrado, que las plataformas no solucionan sino que reproducen. El tema tuvo escaso recorrido por las noticias del mainstream periodístico. Se advierte en la navegación sobre las pantallas de celulares: el vacío y la pobreza informativa se pueden amplificar en las redes.

Las reiteradas críticas sobre el seguidismo gubernamental en las emisoras públicas deben ser atendidas, con urgencia y seriedad. Es imperioso ofrecer prácticas periodísticas intachables y plurales para legitimar esos espacios. Hay experiencias propias y aprendizajes recientes donde nutrirse. Pero no pueden desestimarse algunas evidencias: en los últimos 20 años estos medios también ofrecieron innovación artística y tecnológica, acceso amplio a eventos deportivos y culturales relevantes, la búsqueda de federalizar miradas, asociaciones virtuosas con el sector privado audiovisual y el hallazgo de periodistas, expresiones, temas y formatos marginados de la lupa comercial. Además han extendido con ambición su audiencia en el ámbito educativo y en los canales digitales. Aunque en forma intermitente, allí también se supo alterar la homogeneidad y el aplanamiento de la agenda periodística local.

Pese al proceso legislativo opaco, el debate en torno a la ley ómnibus puso sobre la mesa una cuestión central: ampliar la libertad de expresión y crear expresiones culturales cuesta dinero. Y el contexto entrega más dudas que certezas en este aspecto. La producción periodística y audiovisual atraviesa una crisis en sus modelos de negocios. Productores de noticias y entretenimiento ven cada día más precarizado su trabajo ¿Será el mercado el que garantizará la diversidad, el pluralismo y el debate público enriquecido en la era de las plataformas? Hay quienes creen que sí, quizás porque ven asegurado su lugar de expresión y la reproducción de sus ideas con el mapa mediático actual. Pero la diversidad cultural es otra cosa: es garantizar el lugar de decir, de escuchar y de mostrarse de todos y todas.

Si hasta ayer no existía un consenso político claro sobre cómo financiar y administrar los medios públicos, hoy tampoco hay un acuerdo respecto a su valor social. La situación exige una reflexión, fundamentalmente de quienes creemos en su valor democrático y en su capacidad de ampliar los márgenes de la expresión cultural e informativa.

Sin abordar las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que reconocen el valioso rol que pueden desempeñar los medios públicos independientes, renunciar a ellos supone una lesión grave a la libertad de expresión. Con su caída pierden aquellos y aquellas que menos espacios encuentran en los medios comerciales, o quienes acceden al precio de sortear coberturas sesgadas y desfavorables, o quienes no pueden acceder porque tienen la mala suerte de vivir lejos de la capital. La renuncia a los medios públicos no sólo lesiona libertades, también expresa un retiro de la política de la construcción de lo público, en este caso en la arena mediática.

* Investigador del CONICET y autor del libro “Medios públicos en la Argentina: políticas, democracia y comunicación (2003-2019)”.