El Gobierno de Javier Milei sumó una nueva renuncia. Se trata de la (ahora ex) directora de la Agencia de Seguridad Vial (ANSV), Daniela Ortíz, quien este lunes fue reemplazada por el licenciado Pedro Scarpinelli luego de que se conociera que en un depósito de la isla Demarchi hay más de 7.000 cascos para motociclistas que fueron comprados durante la gestión de Alberto Fernández y nunca se entregaron. 

Los cascos fueron adquiridos en 2022 por el gobierno anterior, por un valor de 400.000.000 pesos, y estaban destinados al Programa Federal de Entrega de Cascos y Equipamiento Refractario, que tiene como objetivo la capacitación de motociclistas, las principales víctimas de los accidentes de tránsito.

Tiempo atrás, el senador del Frente de Todos Mariano Recalde había presentado un pedido de informes para conocer detalles sobre la implementación del programa durante los primeros seis meses del año, reclamando al gobierno libertario datos concretos de acciones, materiales con los que cuenta el programa en la actualidad, y actividades programadas.

El pasado 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial, y luego de que se conociera que hay más de 7.000 cascos destinados a ese programa sin entregar, Ortiz presentó su renuncia, que recién fue aceptada este lunes mediante el decreto 588/2024, donde se designó en su reemplazo a Pedro Scarpinelli, quien fue Asesor estratégico en la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2020, y Director de la Unidad del Observatorio y Estadísticas en seguridad vial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entre 2018 y marzo de 2020.

“Había una investigación interna para saber si estaban vencidos pero no había motivos para retenerlos”, reconoció sobre la renuncia de Ortíz un vocero de la Secretaría de Transporte consultado por Infobae, quien aclaró que los cascos se entregarán cuanto antes.

La salida de Ortíz, señaló el vocero, estuvo motivada por "la demora en la ejecución de procesos específicos, como la distribución de entre 7 y 10 mil cascos de seguridad, que estaban disponibles para ser entregados de manera gratuita a diversos municipios” pero también por “demoras en la designación de cargos clave dentro de la agencia” y los “retrasos significativos en el inicio de gestiones habituales y esenciales para el correcto desempeño del organismo”.