El Tercer Tribunal de Garantía de Santiago aceptó retener todos los bienes del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como parte de las medidas cautelares solicitadas por los querellantes en la causa por presuntos delitos de corrupción en las farmacias populares. La defensa del líder del Partido Comunista chileno (PC) pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar de forma urgente la prisión preventiva que la justicia chilena dictó contra él, al tiempo que se conformó un Comité internacional integrado por más de 100 figuras del ámbito político, académico y cultural que piden su liberación.
La solicitud realizada por los querellantes (la empresa Best Quality y el Consejo de Defensa del Estado) busca revisar la disposición patrimonial del imputado, con la finalidad de asegurar la existencia de bienes suficientes para, eventualmente, fijar la reparación o indemnización en caso de comprobarse la comisión de un delito. En ese sentido, pidieron que se prohíba que Jadue pueda celebrar contratos o convenios con cinco de sus propiedades (tres departamentos y dos casas), además de un auto.
La jueza Katherine Román acogió la petición, por lo que dichos bienes serán cautelados hasta una eventual condena. Ante la decisión, su defensa señaló que apelarán. "En el estado en que se encuentra la investigación, los supuestos que harían procedente estas medidas no concurren, ni siquiera está definido que exista perjuicio y cuál es su monto”, sostuvo la defensa, en declaraciones recogidas por el medio chileno Bío Bío.
La acusación
La justicia chilena ordenó el 3 de junio la prisión preventiva en contra de Jadue, acusado como autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las llamadas "Farmacias Populares", que impulsó a partir de 2016 como competencia de las cadenas comerciales a través del ofrecimiento de medicamentos a precios más accesibles.
La jueza Paulina Moya dictaminó la prisión preventiva al estimar que la libertad de Jadue resultaba peligrosa para la seguridad de la sociedad, en línea con lo solicitado por la Fiscalía. Antes de entregar la medida cautelar, la jueza afirmó que el tribunal no tomaba en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión.
Durante la pandemia del covid-19 fueron comprados insumos médicos que terminaron almacenados. Uno de los proveedores presentó una demanda por una deuda de casi un millón de dólares y acusó a Jadue de pedirle que le entregara insumos al PC como pago por ganar la licitación, entre otros ilícitos. La Fiscalía argumentó que cuando el alcalde era candidato presidencial en 2021 era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas de las farmacias populares, debido a que su trayectoria política podía ser desvirtuada por una mala gestión.
Más de 100 firmas
El jueves se dio a conocer la conformación del “Comité Nacional e Internacional de Justicia para Daniel Jadue”, una agrupación de personalidades del ámbito académico, político, cultural y social, provenientes de todo el mundo, que piden por la liberación del alcalde de Recoleta. Algunos de sus integrantes realizaron un acto cívico frente al Palacio de los Tribunales de Justicia, donde leyeron una carta en la que afirman que la prisión preventiva que afecta al jefe comunal es desproporcionada y aberrante.
Entre las 104 personalidades que firmaron la carta, destacan el músico británico Roger Waters y el exvicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias. Además, más de una docena de argentinos firmaron, incluyendo al analista político Atilio Boron, la investigadora Dora Barrancos y el parlamentario del Mercosur por Unión por la Patria, Franco Metaza.
"Un caso de lawfare"
En diálogo con Página/12, Metaza señaló que el encarcelamiento de Jadue es un caso de lawfare para disciplinar a los militantes políticos sobre la implementación de políticas públicas y la ampliación de derechos. "Los precios de los medicamentos son muy poco accesibles y las farmacias populares vinieron a revertir esta situación. Es tan grosero y evidente el lobby de los laboratorios y de las farmacéuticas que el encarcelamiento de Jadue está directamente relacionado con esto", consideró. "Es importante poner un freno al lawfare. Este disciplinamiento, en definitiva, lo que quiere es que no haya un desarrollo nacional de nuestros países", apuntó.
En la misma línea, Juan Pablo Sanhueza Tortella, abogado y vicepresidente del izquierdista Partido Popular chileno --que también encabeza los reclamos por la liberación de Jadue--, indicó a este medio que la situación del alcalde tiene elementos comunes con otras causas judiciales contra dirigentes como Lula Da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador. "Tenemos, por una parte, un dirigente o un proyecto político, que en este caso sería contrahegemónico o molesto para los poderosos; medios de comunicación al servicio de los poderes establecidos; y finalmente, un poder judicial que actúa no en consecuencia de la justicia, sino en favor de otros intereses", sostuvo.
"Este caso consiste en una condena anticipada que los medios de comunicación han establecido hace tres años, desde que inició esta investigación", subrayó. "Se realizaron transmisiones parciales con la parte acusatoria pero sin los argumentos de la defensa, se inoculó una presunción de culpabilidad en la opinión pública, y se buscó mediante diversos argumentos tratar de manchar más allá del caso mismo la figura de Jadue, para empañar su carácter de dirigente político y potencial candidato presidencial", añadió.
El pedido a la CIDH
El miércoles la defensa de Jadue presentó junto con otros abogados una solicitud urgente de revisión de las medidas cautelares ante CIDH, con el objetivo de evitar que el excandidato presidencial cumpla los 45 días de prisión preventiva, lo que conllevaría a su destitución como jefe comunal por ausentarse de su cargo, según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Según informó la prensa local, en el escrito presentado a la organización con sede en Washington argumentaron que la no adopción de una medida cautelar diferente a la prisión preventiva supondrá un daño irreparable en los derechos fundamentales de Jadue. En ese sentido, manifestaron que si la prisión preventiva se mantiene pasado el 18 de julio, se materializará definitivamente la vulneración de los derechos de participación política del alcalde.
“Daniel Jadue representa una figura influyente en la política chilena contemporánea, reconocido por su liderazgo municipal progresista, su activismo en defensa de los derechos sociales y su impacto en el debate político nacional siendo esta y no otra la razón de la persecución que viene sufriendo y que se termina concretando en las medidas de prisión preventiva y manifiesto intento de deponerlo como alcalde de Recoleta que son el objeto de la presente demanda de medidas cautelares”, enfatizaron los abogados en el documento.
"Hay que luchar"
Mientras tanto, Jadue envió una carta desde la cárcel, agradeciendo las muestras de apoyo hacia él por parte de más de 400 organizaciones de América Latina y el Caribe. “Agradezco también a los dirigentes políticos de distintos países que hicieron llegar sus saludos, y además al equipo de juristas nacionales y extranjeros que se sumaron a nuestra defensa“, expresó el alcalde en la misiva difundida en sus redes sociales, las cuales están manejadas actualmente por su partido y su familia.
En la carta, el alcalde también aprovechó para referirse al alza del salario mínimo concretado el lunes pasado. “Valoro el aumento del salario mínimo, sin embargo, este sigue siguen insuficiente para satisfacer las necesidades de las familias chilenas”, mencionó, además de llamar a no olvidar la situación de los palestino en Gaza. "Hay que luchar, luchar y seguir luchando, aunque en ello se nos vaya la vida”, remarcó.
Informe: Axel Schwarzfeld
