La jueza Loretta Preska que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, tiene vía libre para publicar, a partir de hoy, el fallo que ordenaría o no al país a transferir la titularidad de las acciones que el Estado posee en YPF en el marco de la demanda que el fondo buitre Burford lleva contra la República Argentina en Estados Unidos por la forma en que se nacionalizó YPF en el 2012.
Este martes los demandantes presentaron escrito final pidiendo que la jueza Preska le ordene a Argentina entregar acciones de YPF en pago de la sentencia de primera instancia, que fue apelada. "A partir del martes 9 de Julio, tres eventos pueden ocurrir: la publicación del fallo, que la Jueza Preska llame a una audiencia a todas las partes involucradas, y que la magistrada neoyorquina deslice la posibilidad que ambas partes inicien una mediación (poco probable)", aseguró en X el economista y director de Latam Advisors Sebastián Maril.
En un juicio que aún no cuenta con sentencia firme - tanto Argentina como los demandantes presentaron sus apelaciones, y la Cámara deberá citar a una audiencia-, el fondo buitre Burford acelera su postura ofensiva para asegurarse el cobro de los 16 mil millones de dólares que Argentina deberá pagar si el juicio quedara en sentencia firme.
Una de las estrategias fue intentar introducir la figura de "alter ego", para que la jueza resuelva sobre si YPF y el Estado argentino son “lo mismo” y, de esa manera, embargar los activos de la compañía. Según la jurisprudencia estadounidense, una sociedad sería un alter Ego del Estado que es su accionista solo en el caso de que el control estatal sea tan fuerte que no se los pueda considerar una persona jurídica distinta.
El argumento de Argentina
El viernes 24 de febrero el Gobierno apeló ante los tribunales de Nueva York. En el escrito sostiene que el caso tiene que ser juzgado en el país y que se “inflaron enormemente” los daños de los demandantes.
La línea de la apelación, el primer avance en el caso bajo el gobierno de Javier Milei, sigue la misma argumentación de la defensa del Estado argentino durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, intentando invalidar la injerencia de la justicia de Estados Unidos en el caso.
En el documento, la Argentina le pidió a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que se reviertan las sentencias en su totalidad por estar fundadas en errores de derecho argentino y bajo la premisa de que una corte de los Estados Unidos debió abstenerse de ejercer jurisdicción sobre casos fundados íntegramente en derecho argentino. Se cuestionan tanto las conclusiones de la corte de distrito sobre la supuesta responsabilidad contractual de la Argentina como lo relativo al cálculo de daños.
Luego de un ida y vuelta de escritos, el 27 de junio Argentina presentó uno con argumentos nuevos que complementan los incluidos en su escrito inicial contra pedido de los demandantes de que Preska le ordene entregar sus acciones de YPF en pago parcial de la condena de primera instancia.
El abogado y ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler resumió los principales argumentos en Twitter: "Argentina dice que doctrina de international comity prohíbe que una corte de EEUU ordene a estado extranjero hacer algo en su propio territorio. Sobre todo si implica violar o cambiar una ley - en este caso la Ley 26.741 prohíbe transferir acciones de YPF expropiadas sin voto 2/3 del Congreso-". Además agrega que "Argentina presenta informe experto del Dr. Alfonso Santiago (especialista en derecho constitucional) que explica que la prohibición de transferir las acciones expropiadas sin aprobación del Congreso aplica tanto a transferencias voluntarias como a las ordenadas judicialmente". Finalmente, "El Foreign Sovereign Immunities Act solo permite ejecutar "bienes en EEUU de un estado extranjero usados para una actividad comercial en EEUU". Las acciones expropiadas están en Argentina (registradas en Caja de Valores) y solo se usan para votar en asambleas en Argentina".
Los y las argentinas cuentan con un recuerdo bastante cercano de embargos de bienes. Es que la declaración del default de los bonos emitidos en los años 90 por el fugaz presidente Adolfo Rodriguez Saá el 22 de diciembre del 2001 disparó una ola de embargos o intentos de embargos de bienes del país fuera del territorio nacional, algunos con más prensa que otros. Se confiscó la residencia del embajador argentino en Washington, la casa-museo donde pasó sus últimos años José de San Martín, en Boulogne Sur Mer, al norte de Francia.
Alerta buitre
El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012 la República adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.
Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.
Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio es el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.
