El Gobierno de Javier Milei ordenó reducir el consumo energético en todos los edificios públicos nacionales, mediante la Resolución 148/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El objetivo, explicó la gestión libertaria, es cumplir con los "criterios de ahorro económico y eficiencia energética" fijados y que el sector público cumpla una "función ejemplificadora" frente a la sociedad. 

La nueva resolución, amparada en la emergencia del Sector Energético Nacional declarada a finales del año pasado, establece que las empresas distribuidoras de energía "deberán modificar la potencia eléctrica contratada por los Organismos Públicos a fin de reducirla a la máxima potencia demandada en el mes inmediato anterior a que entre en vigencia la presente resolución, con el objetivo de cumplir con criterios de ahorro económico y eficiencia energética".

En caso de que exista variación de potencia eléctrica estacional, aclaró la resolución, que lleva la firma del secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, "la potencia eléctrica contratada deberá adecuarse al período de alta demanda, y posteriormente reducirse, de modo de permitir una adecuada capacidad de suministro y funcionamiento de las instalaciones y equipos consumidores instalados en las dependencias de los Organismos de la Administración Pública Nacional".

La medida aclara, a su vez, que "si hubiere Organismos Públicos que hubieren excedido el límite de consumo contratado y se encuentren cumpliendo penalidad por dicho exceso, la recontratación deberá efectuarse una vez finalizado dicho período".

La resolución también establece que todas las dependencias públicas "deberán implementar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROUREE)", creado con el fin de mejorar la eficiencia energética de los sistemas de iluminación de los edificios públicos, capacitar al personal en buenas prácticas de uso eficiente de la energía, incluir en los sistemas de compras del Estado Nacional criterios de eficiencia energética para la adquisición de bienes y servicios, y confeccionar un inventario detallado y actualizado de todas las instalaciones de energía eléctrica, gas, equipos de acondicionamiento de aire, sanitarios y agua potable de todas las dependencias estatales.

En ese sentido, añade la resolución, las dependencias públicas tendrán que ir "completando y actualizando la información requerida en las etapas previstas en la metodología de implementación (Registro, Revisión Energética y Planes de Eficiencia Energética), que contempla distintos registros que permiten mediante la centralización de la información mejorar los procesos involucrados, con el objeto de fortalecer el PROUREE".

La decisión de reducir el consumo energético en edificios públicos nacionales, dice el documento, también se explica mediante la postura del oficialismo de que "resulta necesario y conveniente que el sector público asuma una función ejemplificadora ante el resto de la sociedad, implementando medidas orientadas a optimizar el desempeño energético de sus instalaciones".

Además, agrega la resolución, la eficiencia energética en edificios públicos también permitirá el "mantenimiento de los servicios energéticos a un menor costo, protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad".