Cerca de 40 organizaciones no gubernamentales enviaron una carta a los tres candidatos a ocupar el rol vacante de defensor del Pueblo de la Nación para solicitarles que declinen la postulación "hasta tanto se realice un procedimiento amplio, transparente y participativo". Sin audiencias públicas ni información oficial sobre sus antecedentes en la defensa de derechos, el expresidente del bloque de diputados peronistas durante el menemismo Humberto Roggero, el diputado provincial del Frente Renovador Jorge Sarghini y el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, fueron los ternados por el dictamen de mayoría en la Comisión Bicameral de la Defensoría el miércoles pasado, a partir de un acuerdo entre los legisladores de Cambiemos, el PJ y el massismo.
Frente a esa maniobra legislativa, los organismos les recordaron públicamente a los ternados que de aceptar el puesto no cumplirían con "el criterio de idoneidad que el cargo exige" y les solicitaron "un pronto pronunciamiento público" para convocar a un procedimiento abierto. En caso de continuar en marcha el proceso legislativo, Roggero, Sarghini o Amor necesitan conseguir los dos tercios de los votos en ambas cámaras.
Las organizaciones detallaron sus "objeciones a la prosecución del procedimiento de designación", al considerar que "se ha vulnerado el derecho a la participación ciudadana", resaltaron la ausencia de mujeres en la terna de mayoría e insistieron con que "el rol trascendental que le reconoce la Constitución exige que el titular sea una persona con idoneidad técnica y moral, independencia y proactividad (demostrada con la trayectoria) en la defensa de derechos".
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Poder Ciudadano y el CELS, entre otra decena de organizaciones, habían advertido antes de la audiencia de la Comisión Bicameral sobre la falta de legitimación social que tendría la selección de una terna a espaldas de la sociedad y habían enviado, sin respuesta de los legisladores, modelos de reglamentación para la participación.
Sin embargo, la presidenta de la comisión, la senadora del PRO Marta Varela, avanzó con el aval del acuerdo cerrado con el PJ y el Frente Renovador y consiguió un dictamen de mayoría con los tres candidatos, que ahora suman el pedido de declinación de casi 40 organizaciones, entre ellas, Ni Una Menos, Fundación Directorio Legislativo Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) Fundación Vía Libre y hasta el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
"Si ustedes como candidatos aceptan ser designados de este modo, estarían convalidando que decisiones políticas de esta envergadura se adopten sin escuchar al pueblo, y con ello, traicionando desde antes de asumir el mandato que pretenden ejercer", les advirtieron los organismos.
La carta pública rechaza "la falta de reglamentación" como una excusa para saltear un procedimiento abierto para elección de un puesto vacante hace ocho años, argumento en el que se escudaron los legisladores el miércoles pasado, y subraya los estándares internacionales suscriptos en los Principios de París de la ONU y International Ombudsman Institute, que sostienen la necesidad de activar mecanismos participativos.
"La necesidad de establecer un procedimiento participativo no solamente se funda en el derecho de la ciudadanía de peticionar a las autoridades y de participar en la vida política, sino que tiene especial sentido por sus efectos positivos respecto a la calidad e imparcialidad de la decisión final", sostuvieron los organismos y volvieron a interpelar a Roggero, Sarghini y Amor: "Un candidato a ocupar la Defensoría del Pueblo que permita ser elegido mediante un procedimiento que excluye a la ciudadanía, no está cumpliendo con el criterio de idoneidad que el cargo exige".
