Desde Santa Fe.

Miguel Lifschitz y José Corral metieron ayer más presión contra los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí que investigaban causas sensibles para el poder político, pero fueron desplazados por su jefe, el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti. La coincidencia dejó a la vista un movimiento de pinzas contra ambos funcionarios. El gobernador adelantó que pedirá que se los "investigue a fondo" porque a su juicio solicitaron las escuchas al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro "sin razones que lo fundamenten" y sin que el juez que las ordenó, Nicolás Falkenberg, "tuviera total conocimiento" de quién era el titular de la línea. Mientras que Corral solicitó lo mismo, que los investiguen por el allanamiento de la Municipalidad de Santa Fe que ordenó el juez Sergio Carraro, el 10 de octubre. El gobernador y el intendente coincidieron en agitar la misma sospecha, de una supuesta "intencionalidad política" porque los hechos sucedieron "en fechas cercanas a las elecciones", dijo Lifschitz.

Los fiscales investigaban a Pullaro en una causa por presuntos "actos de corrupción", según el informe del Colegio de Jueces de primera instancia de Santa Fe que ratificó esta semana la legalidad del monitoreo de las comunicaciones de Pullaro. Mientras que tenían bajo la lupa a dos secretarios de Corral en lo que se conoce como los "Corral papers" y por eso allanaron sus oficinas, el 10 de octubre. El intendente estaba en su despacho en las horas del procedimiento y después se reunió a solas con Lifschitz en la Casa Gris, donde uno de los temas de agenda fue la situación del "Movimiento Público de la Acusación", según informó El Litoral. Al día siguiente, Arietti le sacó a Apullán el legajo de la causa Corral y le impidió el acceso a los documentos incautados.

Ayer, Lifschitz se declaró "muy preocupado" y "muy molesto" por las escuchas a Pullaro y adelantó que su gobierno pedirá que "se investigue a fondo" a los fiscales porque a su criterio intervinieron el teléfono del ministro "sin razones que lo fundamenten" y sin que el juez Falkenberg, "tuviera total conocimiento" de quién era el titular de la línea. "Lo cual refleja una situación poco clara".

El gobernador fue consultado en un acto en Rosario: "Estoy personalmente muy preocupado y muy molesto por cómo se han dado las cosas en esta causa. Nosotros valoramos muchísimo todo el proceso de reforma del sistema penal de la provincia y ponemos el esfuerzo y el compromiso en dotar al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los recursos necesarios. Pero eso no puede significar que haya incumplimientos de las normas y procedimientos pocos claros de algunos fiscales".

"Vamos a pedir que se investigue a fondo la situación que se ha dado con los fiscales de Santa Fe, que de manera bastante irregular han solicitado la intervención" del teléfono "de un ministro, sin razones que lo fundamenten y sin que tuviera total conocimiento el juez, lo cual también refleja una situación poco clara, violando el derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas que debemos garantizarles a todos los ciudadanos, al ministro, al gobernador y a cualquiera", adelantó.

"No descartamos una intencionalidad política detrás de esa operación, porque nos llama la atención que haya sido en fechas cercanas a las elecciones y lo más grave es la divulgación de cosas que no tenían nada que ver con la presunta investigación", agregó.

"Vamos a agotar todas las instancias para que esta situación se investigue hasta las últimas consecuencias y se determinen las responsabilidades que correspondan", afirmó Lifschitz. "Las herramientas que les da la ley a los fiscales deben ser usadas con prudencia en el marco de los procedimientos habituales y con absoluta objetividad cumpliendo todos los pasos establecidos".

Corral pidió que se investigue a Apullán y Martí, pero por el allanamiento de la Municipalidad y se quejó porque nadie le avisó. "Yo estuve en mi despacho y nadie se presentó a avisarnos cuál era la medida. Queremos que nos expliquen por qué se hizo de ese modo".

Y acerca de las escuchas a Pullaro, Corral dijo que "todos tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, incluidos los fiscales y los jueces".  "Si hay alguna duda de que las escuchas no fueron legales o no estuvieron  bien hecha, la justicia que la habilitó tiene que rendir cuentas. Quienes estamos en el gobierno también tenemos que rendir cuenta y no enojarnos".

"Todos los que tememos responsabilidad tenemos que dar explicaciones. No hay que enojarse. Los fiscales, los jueces, quienes administramos recurso públicos, quienes están a cargo de la Seguridad , tenemos que dar las explicaciones del caso", concluyó Corral.