Industriales al frente de pequeñas y medianas empresas manifestaron su apoyo al proyecto de Ley de Góndolas que envió Axel Kicillof a la Legislatura. La iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires contrasta diametralmente con la decisión de Javier Milei, que derogó la misma norma a nivel nacional. Para las PyMEs se trata de la posibilidad de vender sus productos en grandes cadenas de supermercados y quebrar con el orden oligopólico de los proveedores.
“La derogación de la ley nacional ha sido un inconveniente porque limita la entrada de pequeños productores en las cadenas comerciales”, explica Daniel Rosato a Buenos Aires/12. El titular de Industriales PyMEs Argentinos (IPA) remarca que muchas empresas que integran la organización que preside fueron beneficiadas por la Ley de Góndolas nacional sancionada en 2020 y, por ende, el efecto de su anulación negativo para el sector.
La baja de la Ley Nacional N° 27.545 o Ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia es sólo uno de los componentes de la dura realidad que padecen las PyMEs desde que asumió Milei. Tal como viene contando Rosato en múltiples apariciones públicas, la apertura en las importaciones, la caída del poder adquisitivo de los salarios y un consecuente desplome en el consumo, golpearon de lleno al sector.
A nivel nacional, asegura, ya cerraron más de 10 mil PyMEs. “Dentro de IPA cerraron empresas metalúrgicas matriceras y también pequeñas productores de baja escala que elaboraban productos que se integraban a otros productos elaborados que ahora llegan importados”, indica Rosato.
En este contexto desalentador, la Ley de Góndolas de Kicillof quiere ser una bocanada de oxígeno. Así, y por medio de un comunicado, IPA advierte que “es muy importante que las PyMEs industriales tengan la posibilidad de estar en el market share de los grandes supermercados, debido a la concentración de las marcas de las grandes empresas”. Esta condición oligopólica del mercado, afirma, tiene dos consecuencias: excluye a las PyMEs e impide a la sociedad a tener una mayor variedad de productos y precios.
Es que, tanto como lo viene explicando a este medio el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, con menos de una veintena de empresas un supermercado puede abastecerse. Por eso, en más de una ocasión, el funcionario habla de la necesidad de “democratizar las góndolas”.
No es el único. A principios de año, desde las distintas cámaras que aglutinan a los supermercados, le aseguraban a este medio que con un puñado de firmas se pueden obtener casi la totalidad de los productos necesarios para llenar las góndolas de un comercio de las grandes cadenas.
Este incentivo a la variedad en la oferta tiene aparejado otro punto que Rosato destaca: “mejores precios para afrontar momentos de incertidumbre económica como el que estamos atravesando en este momento en el país”.
Esa incertidumbre se puede traducir en certeza a partir de los últimos datos publicados por el ministro de Economía de la provincia, Pablo López. En el mes de marzo, el desempeño de la industria bonaerense cayó por encima del 20 por ciento respecto al mismo mes de 2023 y acumuló una disminución del 14,5 por ciento para el primer trimestre del año.
En el mismo trimestre, asegura López, la economía bonaerense se contrajo por encima del 6 por ciento, un número que sólo fue superado por la pandemia desde el 2018 a hoy.
La variación de precios que pregona Rosato apunta a mejorar un índice que no deja de caer en la provincia: el consumo. Un gráfico del ministro López en su red X muestra que la variación interanual real de las ventas en supermercados en toda la provincia para el mes de abril fue catastrófica: cayó 15,7 por ciento.
Al respecto, Rosato afirma que no se percibe una reactivación del consumo y que hubo una mínima mejoría luego de los últimos aumentos paritarios, aunque no es significativo. “Vemos que los aumentos de los salarios no fueron a parar a las góndolas, fue a pagar las facturar de los servicios”, sostiene.
La Ley de Góndolas provincial
Tal como contó este medio, Kicillof envió al Senado presidido por Verónica Magario el proyecto de una Ley de Góndolas para la provincia de Buenos Aires. La norma alcanza a los establecimientos que se dediquen a la venta de alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza del hogar, tanto mayoristas como minoristas. A su vez, demanda que su aplicación sea en las góndolas físicas y virtuales de estos comercios.
El proyecto detalla la regla de exhibición de productos para fomentar la presencia de las PyMEs. En los casos de los establecimientos que pertenecen a una cadena comercial, estarán obligados a exhibir al menos cinco proveedores o grupos económicos por producto. Para los establecimientos que no pertenezcan a una cadena pero cuenten con una superficie mayor a los 300 metros cuadrados y/o cuenten con dos líneas de cajas, el mínimo será de tres proveedores.
En el noveno artículo se determina un marco de protección a las PyMEs que no cuentan con la misma espalda económica que los grandes productores. Establece que debe haber plazos máximos de pagos a quienes estén en la categoría de MIPyMEs bonaerenses, sumado a restricciones en las exigencias de aportes o adelantos financieros, así como la eliminación de condiciones desfavorables, como entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión.
Para Rosato, es importante que las provincias “puedan tomar decisiones independientes del marco nacional, para que en sus territorios se pueda continuar con políticas de cuidado de la producción nacional, conjuntamente con el resguardo de la capacidad de consumo de la población”.
Además, cuenta que, desde IPA, se están promoviendo distintas medidas que se pueden aplicar en las provincias como el establecimiento de controles técnicos para la importación y que se restablezcan controles de salubridad.
Respecto a este punto, la entidad industrial critica que el DNU 70 no sólo echó por tierra la Ley de Góndolas, si no que también puso fin a reglamentos técnicos sobre productos importados aplicados por la Secretaria de Comercio, Por ende, indicaron, muchos insumos ya no tienen que atravesar por controles de calidad y salubridad.
Esperanza en el desierto
A lo largo del diálogo con este medio, Rosato explica que mantuvo una reunión con el jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Francos, para poder llevar adelante una Ley PyMEs. El objetivo es poder contar con las mismas facilidades con las que contarán aquellas grandes empresas a partir del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Rosato condena el RIGI porque, desde su lectura y experiencia, no hace más que distorsionar aún más la falta de equilibrio competitivo entre las PyMEs y las grandes empresas. Con el régimen aprobado en la Ley Bases, las facilidades tributarias que tendrán los peces gordos de la industria dilapidan las ilusiones de las pequeñas y medianas empresas para poder competir.
Esa competencia, indica el empresario de Berazategui, ya es desleal porque el acceso a los insumos importados es mucho más difícil para las PyMEs. Además, es más duro competir con los productos importados, ya que las materias primas en Argentina son mucho más costosas en el exterior, entre ellas la energía, “que se paga dos o tres veces más”.
“Hemos mandado propuestas que tienen que ver con la presión tributaria y situaciones que hacen a la competitividad del sector PyME industrial”, detalla el presidente de IPA.
Su insistencia no es caprichosa y vaticina que, de seguir por este rumbo económico, muchas empresas no serán sustentables en lo que resta del año. “Hay que tomar medidas abruptas para cambiar situación de competitividad y al consumo”, apunta Rosato.
La importancia del control
La iniciativa ya había sido celebrada por el titular de Apyme Mar del Plata, Gustavo Casciotti, que la consideró “sumamente oportuna” en el contexto marcado por el decretazo de finales del año pasado.
“Se borraron todas las leyes que podían generar algún tipo de contención, control o administración de la participación”, dijo el referente pyme a Radio Mitre Mar del Plata. “Esta posible reimplementación oxigena las góndolas y permite la democratización”, señaló en sintonía con la administración provincial.
En esa entrevista, Casciotti también advirtió sobre la necesidad de fortalecer los controles, si es que la norma se aprueba en el legislativo bonaerense. “Lo vimos con la aplicación de Ley de Góndolas nacional, que si bien fue muy incipiente, no se contó con los mecanismos de contralor”, advirtió, consiente también de que la capacidad provincial de llevar a cabo esos controles se verá reducida ante la retirada del Estado nacional.
“Va a tener que apalancarse con cada uno de los municipios, pero no hay dudas que el control es fundamental”, consideró. “La provincia lo tendrá que instrumentar con agentes propios, con tercerización o articulación con asociaciones gremiales empresarias, con algunos gremios, a nosotros nos parece viable", considderó y agregó que "lo fundamental es la decisión política de que esta ley pueda controlarse, es algo crucial”.
