Con un Feriazo frente al Congreso, las organizaciones de la economía popular de la UTEP cuestionaron la política económica del Gobierno y reclamaron medidas para construir soberanía alimentaria. En sus puestos comercializaron a 4600 pesos el kilo de asado (que con Cuenta dni quedaba en $ 2760) y a 1000 pesos el kilo de pan. También llevaron a los stands verduras agroecológicas, pescado, quesos y otros alimentos a precios populares.

Instalaron la feria en la plaza, separados del Congreso por el vallado policial que el ministerio de Seguridad mantiene desde las protestas contra la Ley Bases. Como una señal de los tiempos que corren, mientras hacían el Feriazo, los comedores de algunas de las organizaciones presentes eran allanados, debido al avance de nuevas causas judiciales impulsadas por el ministerio de Patricia Bullrich. La guerra del gobierno contra los movimientos sociales sumaba un nuevo capítulo.

La cooperativa agroecológica La Foresta montó un puesto con harinas, tanto blanca como integral. “En La Foresta trabajamos 60 personas, que nos fuimos mudando de la ciudad a zonas rurales. La mayoría arrancamos con un plan; hoy, aunque no estamos tan bien como para decir 'me compro zapatillas todos los meses', lo cierto es que tenemos para vivir”, contó Marcela Carrizo. En la situación actual de aumento de la pobreza y la indigencia, no es poco. 

La cooperativa arrancó con una huerta en Ciudad Oculta, y de ahí en más la fueron peleando. Hoy trabaja en la Matanza, donde siembran en los terrenos de un frigorífico recuperado por sus trabajadores. Además, otros grupos producen en Trenque Lauquen y Bahía Blanca.

El Feriazo combinó dos mecanismos para bajar sus precios: por un lado, la venta directa del productor al consumidor, por el otro la posibilidad de comprar con la Cuenta DNI del Banco Provincia, que implementada por el gobernador Axel Kicillof aplica descuentos del 40 por ciento en Ferias y Mercados bonaerenses. 

Estrategias

En los puestos se formaron largas colas. La gente compraba lo imprescindible, pero compraba. Algunos de los emprendimientos hacen difusión por las redes, anunciando en qué fecha y lugar van a estar, por lo que no sólo llegaron vecinos del Congreso sino también de barrios más alejados. En la esquina de la plaza, trabajadoras de los comedores populares sirvieron una chocolatada con galletitas a quien quisiera. "Tenemos que seguir haciendo visible nuestro trabajo, a pesar de las dificultades", planteó Norma Morales, de Barrios de Pie.  

El Mecopo, la comercializadora del Frente Darío Santillán, montó un puesto con productos de almacén. Allí Eva Verde contó que frente a la caída del consumo, las comercializadoras populares están apelando a distintas estrategias. “Volvimos a ofrecer combos, como en 2015, porque es la única manera de bajar los costos. Y en los barrios, las promotoras de soberanía alimentaria arman compras colectivas destinadas a que las familias puedan comer. La comercializadora lo gestiona sin llevarse ganancias porque esa es la urgencia: los comedores abren menos días desde que el gobierno nacional no manda alimentos, en muchos lugares ya no hay ollas. Las organizaciones sociales hoy están defendiendo que la gente pueda comer, la cuestión de generar trabajo quedó, lamentablemente, desplazada”, describió Eva. 

La producción de los alimentos que se vendieron en el Feriazo, todos salidos de la economía popular, hoy se está sosteniendo sin subsidios, aseguró en la plaza Rafael  Klejzer, del MP La Dignidad. 

El referente explicó que con esta actividad frente al Congreso, la Utep buscó “promocionar la idea de la feria como una unidad económica entre productores y consumidores, sin intermediarios, con la que se pueden conseguir precios entre un 30 y 40% más baratos en un momento en el que el acceso a los alimentos está muy complicado”.

“En Argentina, comer tiene que ser barato”, planteó. Sin embargo, lograrlo depende de contar con soberanía alimentaria, lo que requiere de políticas públicas. 

En ese sentido, la Rama Rural de la Utep reclamó la apertura de los programas para la producción de alimentos, abandonados en la gestión de Milei. También que la agricultura familiar acceda a tarifas diferenciadas en los servicios públicos.

Las críticas al rumbo económico y productivo fueron largas. “por un lado, se redujeron las cargas impositivas para importar agroquímicos y fertilizantes, se habilitó la compra de tierras a manos extranjeras y se permitieron desmontes en tierras donde antes estaba prohibido", señaló la Rama Rural de la Utep en un documento. "por otro, los tarifazos multiplicaron por cuatro los costos de luz para los campesinos y pequeños agricultores (un insumo imprescindible para distintas etapas de la producción, como el riego y la provisión de agua a los animales); se duplicó el costo del gasoil, el precio de las semillas sufrió un aumento exponencial; se cerró el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y se echó a sus trabajadores; se abrió la importación de alimentos (mientras que los países llamados ‘desarrollados’ limitan la llegada de nuestra producción para preservar la propia); y se dieron de baja programas centrales para la asistencia alimentaria, como el Pro Huerta”.

“Así, se encarecen los precios de la producción y se fomenta el abandono de las chacras por parte de las familias productoras, que buscan otros modos de subsistencia migrando hacia los márgenes de las ciudades, mientras los precios de los alimentos se multiplican en las verdulerías y carnicerías”.