Liberado del confinamiento de una oficina sin cargo ni funciones, Federico Sturzenegger volvió al ruedo. El decreto que desregula la actividad aerocomercial es solo el primer paso del Terminator de Javier Milei que busca, como su presidente, destruir al Estado desde adentro. Sturzenegger tiene preparado un paquete de desregulaciones económicas, agrupadas bajo el novelesco título de "Ley Hojarasca", que pretende aprobar --si la oposición se lo permite-- en agosto. Son más de un centenar de leyes que el flamante ministro de Desregulación quiere eliminar para evitar el "entorpecimiento del sistema económico": la segunda parte del mega DNU 70/2024 que, al día de hoy, explica la liberalización del precio de las prepagas y de los alquileres, así como la facultad de Milei para desarmar, vaciar y privatizar las empresas públicas. "Esto recién empieza", deslizan en La Libertad Avanza, en donde se preparan para enviar un paquete de iniciativas que pretender reformar la Justicia, la Educación y el sistema electoral.
Sturzenegger, el Terminator de Milei, pretende centralizar la agenda legislativa de lo que queda del 2024 y tiene ya listo el paquete de proyectos que irá lanzando en las próximas semanas. El más anunciado es la "Ley Hojarasca", la nueva iniciativa libertaria con tintes refundacionales que pretende barrer con más de un centenar de normas que regulan la actividad económica. Ya el DNU 70/2023 había barrido con la Ley de Tierras --que limitaba la adquisición de tierras por parte de extranjeros--, la de Góndolas, la de Abastecimiento, la de Compre Argentino, la del Observatorio de Precios. Y, fundamentalmente, la de Alquileres: a Sturzenegger le gusta explicar los beneficios que arrastrará la desregulación del mercado a partir de la eliminación de la Ley Alquileres, argumentando que generó un incremento de la oferta de inmuebles, pero sin dar detalles de algunas de sus consecuencias secundarias. Como la presencia de una mayoría de contratos en dólares, con abusivos requisitos de ingreso y actualizaciones ajustadas a piaccere por las inmobiliarias (o los propietarios).
Control de las palomas mensajeras y el carné del mochilero: estos son los dos ejemplos de leyes "obsoletas" que Sturzenegger pone de ejemplo cuando le consultan por las leyes que pretende eliminar. Más allá de la anécdota --aunque ya hay organismos, como la Federación Colombófila Argentina, que sacaron comunicados pidiéndole al gobierno que no elimine la ley regula la carrera de palomas--, Sturzenegger se prepara para introducir la desregulación de varios sectores de la Economía. Como la eliminación de las barreras arancelarias para la importación de azúcar o la eliminación de la ley que fija un precio único de la venta de libros: dos derogaciones que se incluyeron en la Ley Bases original y que el gobierno tuvo que quitar por el fuerte rechazo de los sectores productivos afectados. Algunas voces del oficialismo deslizan, incluso, que la promesa de la libre competencia de monedas --el paso previo a la dolarización-- podría terminar incluyéndose en esta ley.
El proyecto, nuevamente, tiene la forma de una mega ley ómnibus con cientos de artículos, pero en Casa Rosada no descartan que tengan que mandarla por separado. "Pichetto ya les avisó que si vuelven con otra ley ómnibus se las vamos a poner de sombrero", reconocen en Hacemos Coalición Federal, en donde no es ningún secreto la antipatía que Miguel Ángel Pichetto siente por Sturzenegger. El gobierno ya comenzó a tantear a la oposición amigable, pero algunos son más ariscos que otros. HCF, que viene de rechazar participar del Pacto de Mayo en Tucumán, observa con desconfianza los movimientos del oficialismo. "Tiran grandes titulares pero después queda todo en veremos. Quieren un poco de pan y circo", cuestionaban en las filas pichettistas.
En el radicalismo, mientras tanto, hay otra actitud. La UCR viene funcionando como un leal aliado del gobierno y observa con buenos ojos la lógica de varias de las desregulaciones de Sturzenegger. "Lo de las leyes obsoletas son para generar discurso. Pero detrás de eso vienen las desregulaciones económicas y varias serán bienvenidas si traen precios más bajos para los consumidores", advierten en la bancada que preside Rodrigo de Loredo.
La reforma electoral y judicial
Detrás de la Ley Hojarasca, sin embargo, hay acumuladas varias iniciativas que están esperando su momento para comenzar el debate legislativo. Una de ellas es la reforma política que obsesiona al gobierno de cara a las elecciones del año que viene. Si bien Guillermo Francos viene anticipando varios proyectos de ley, las prioridades del gobierno son dos: la eliminación de las PASO y la modificación del sistema del financiamiento de los partidos políticos. El argumento oficial detrás de ambas iniciativas es el mismo: ajustar el gasto.
En el caso de las PASO, el argumento no es nuevo: Mauricio Macri, por un lado, y los gobernadores, por el otro, lo vienen esgrimiendo hace años. Peronistas, macristas, radicales, fuerzas provinciales: todos los partidos, en algún momento, han presentado un proyecto que propone la eliminación de las primarias. Y si bien el argumento siempre es el mismo --el gasto-- los motivos van variando según los espacios, los oficialismos y los tiempos electorales. En el caso de LLA, el deseo de eliminar las PASO está directamente vinculado a la estrategia legislativa de 2025 y su deseo de fusionarse con el PRO. De existir las PASO, Mauricio Macri podría pedir ir a una interna en cada provincia con LLA, consciente de que el mayor desarrollo territorial del PRO le permitiría ganar las primarias e instalar senadores y diputados propios. Karina Milei no quiere saber nada al respecto: pretende que la lapicera sea de LLA y, si el PRO no quiere, que compita por afuera y se arriesgue a quedar tercero (o cuarto).
La reforma del financiamiento de los partidos políticos, mientras tanto, apunta a eliminar el tope máximo de donaciones por personas y empresas, así como una disminución del financiamiento del Estado (como la eliminación de los espacios gratuitos en los medios para hacer campaña). Son varios los aliados que se oponen a esta reforma, incluso dentro del PRO. Al igual en la eliminación de las PASO, que a las críticas del sector más macrista se le suma el rechazo de gran parte de la UCR.
Por último estará la pata Judicial y Penal. El gobierno pretende volver con los juicios por jurados, así como la propuesta de "divorcio simplificado" que estaba en la primera versión de la Ley Bases. Se incluirá, además, el proyecto de Patricia Bullrich de baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, así cómo la insistencia en varias de las incitativas que ya presentó (como la que aumenta las penas para quienes protestan en la calle). La última novedad fue el proyecto de "Juicio en ausencia" que presentaron ayer Bullrich y Mariano Cúneo Libarona que, tal como ya informaron desde Casa Rosada a los aliados, se buscará impulsar apenas finalice el receso invernal.
Quedan pendientes, por otro lado, los proyectos vinculados a la Educación. El gobierno quiere volver a avanzar con la posibilidad de arancelar las universidades para los extranjeros no residentes. En resumen: un segundo ciclo intenso para un gobierno desesperado por llamar la atención y distraer de la realidad económica.
