El proyecto de ley que impulsa el Gobierno para habilitar en el país el juicio en ausencia a los responsables del atentado a la AMIA encierra grandes contradicciones y asoma la mugre que se esconde debajo de la alfombra, de acuerdo con la denuncia del periodista y escritor Horacio Lutzky, que ha publicado varios libros sobre el ataque terrorista que sufrió la mutual judía el 18 de julio de 1994.
La iniciativa que impulsa el gobierno de Javier Milei fue presentada esta semana por los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, a días de que se cumplan 30 años del ataque terrorista, ocurrido el 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas y más de 300 heridos.
En diálogo con la 750, Lutzky señaló que todo apunta a que el Gobierno busca apresurar el cierre de la causa suscribiendo a una “historia oficial” que no avanza sobre las pistas locales ni encubrimientos.
Lutzky explicó que para ver la contradicción hace falta, tan solo, repasar un durísimo proyecto de resolución que presentó en el año 2000 ni más ni menos que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando era un diputado nacional por Acción por la República.
Allí Francos, junto a otros dos diputados, “denunciaban el encubrimiento que se había hecho durante el Gobierno de Carlos Menem de la pisa Siria”. “Y en este proyecto de resolución donde instaba a las autoridades a retomar la buena senda investigativa, imputaba a los funcionarios del Gobierno de Menem en lo que después se comprobó, que fue el desvío de la información”, señaló Lutzky.
A lo que, luego, añadió: “Perdía retomar la investigación sobre el encubrimiento de una serie de personajes muy cercanos a Menem y los lazos que había con el contrabando de armas. Todo el desvío que hizo el penoso juez Galeano a instancias del poder político. Todo lo que después se fue confirmando”.
Francos decía en este documento: "Mucho se ha escrito sobre la posible participación del Hezbollah en los atentados a la AMIA y la embajada de Israel. Sin embargo, creemos que la ligereza y superficialidad con la que se ha abordado este tema se deben sobre todo a dos elementos sustanciales: el primero, la falta de conocimiento de la compleja realidad del Medio Oriente y segundo, la premeditada intención de culpar a organizaciones extrañas a nuestra realidad política para de este modo ocultar a los verdaderos responsables de los crueles ataques en Buenos Aires".
Por eso, para Lutzky es altamente llamativo que, luego de denunciar con firmeza la intención de encubrimiento –donde la Justicia de manera intencional decidió descartar todo tipo de pistas que apuntaran al ámbito local– ahora Francos y su gabinete promuevan avanzar con un juicio en ausencia que lo único que hace en poner un “broche final” suscribiendo al pie de la letra la “historia oficial” sin que nunca termine de salir a la luz la mugre que se esconde debajo de la alfombra de la investigación por uno de los más cruentos atentados de la historia argentina.
