Desde Bogotá
Ya se conocen los integrantes de la Comisión de la Verdad que, como parte de lo pactado en el Acuerdo de Paz negociado en La Habana, entrará en funcionamiento el año próximo. Se trata de cinco mujeres y seis hombres diversos que tendrán la labor de investigar y presentar a la sociedad la verdad sobre el conflicto colombiano con el objetivo de comprender, reparar y avanzar en la construcción de paz que defiende un amplio sector de la sociedad colombiana, pese a los contradictores de derecha, sector empresarial y grupos ilegales que no están interesados en pasar la página de la guerra.
La Comisión Para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición tendrá un carácter extrajudicial, es decir, sus hallazgos y publicaciones no podrán vincular a procesos judiciales a sus implicados. Sin embargo, la esperanza en la utilidad de su entrada en funcionamiento va más allá de poner a cualquiera tras las rejas sino que se cifra en conocer, al fin, las verdades sobre las causas, orígenes, víctimas y responsables de la larga guerra en Colombia. Su función, según el Acuerdo de Paz que avanza en una atropellada implementación en el Congreso, será contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación promoviendo el reconocimiento de las víctimas.
Por eso, entre sus 11 integrantes se encuentran personas que han acompañado de cerca las comunidades afectadas por el conflicto como el escritor Alfredo Molano, la gestora cultural Lucía González Duque, y María Patricia Tobón Yagarí, indígena y víctima. Quien presidirá será el sacerdote católico Francisco De Roux a quien han empezado a llamar el apóstol de la paz por su compromiso con la reconciliación. Además, un militar hace parte del grupo: el mayor del Ejército Carlos Guillermo Ospina Galvis. Ospina fue director de la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado desde 2013.
También una periodista, Marta Cecilia Ruiz, asesora de la Revista Semana, fue elegida para integrante este organismo histórico que saldará una deuda pendiente en Colombia. Los abogados e investigados también hacen parte del grupo seleccionado por el Comité de Escogencia: Saúl Alonso Franco Agudelo, Carlos Marrín Beristain, Alejandra Miller Restrepo, María Ángela Salazar Murillo, y Alejandro Valencia Villa.
Para Soraya Bayuelo, lideresa de la región Montes de María donde paras, guerrillas y Estado aporrearon por décadas a los más inocentes, “este es un grupo excepcional, fueron escogidos con mucho acierto; todos tienen una capacidad de comprensión, ética y reconocimiento, y además algunos se destacan por su acompañamiento directo a nosotros las víctimas en nuestros momentos más difíciles”. Bayuela dice que es importante que los comisionados tengan un oído muy grande y el corazón abierto para desarrollar tan loable labor.
“El Padre Francisco, por ejemplo, es un hombre admirable y excepcional. Lucía González de seguro hará un aporte grandísimo con su mirada desde la cultura… Nosotros las víctimas nos sentimos representados en ellos y rechazamos a sectores de la política que desde el Congreso han señalado que esta escogencia va en contra de nosotros”, asegura la mujer a PáginaI12. “Me parece una falta de respeto la polémica que quieren generar, es una ofensa contra nosotros que hablen a nombre de las víctimas”, asegura.
“Estará bueno que en Colombia nos dejemos de distractores y nos centremos en la esencia, en que el proceso de paz que siga adelante, y que conozcamos la verdad”, agrega Soraya con júbilo porque, pese a que existen bastantes informes del conflicto y producciones de memoria en el país, esta será la primera Comisión de la Verdad en el país. También el Comité de Escogencia entregó al Fiscal General la terna de nombres para la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, otro órgano contemplado en el Acuerdo de Paz. Se trata de Nubia Stella Chávez, Geisa Larrota Peña y Martha Janeth Mancera.
Esta Unidad también derivada del acuerdo de paz será responsable de investigar a los “responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo a las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
