Bajo el título "Sin industria argentina no hay empleo", los sindicatos industriales, integrados en la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira) y los gobernadores que no firmaron el Pacto de Mayo reiteraron su rechazo al DNU 70/23, la Ley Bases, el Pacto Fiscal y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), principales instrumentos jurídicos de la gestión nacional de Javier Milei. La razón principal del documente pone acento en la acelerada destrucción de la industria que generan esas normativas que representan la base de lo que el Presidente definió como la "primera fase" de su gobierno.
El documento se presentó este jueves en la sede central del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata). Allí se reunieron los secretarios generales de la Csira junto con los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; La Rioja, Ricardo Quintela; Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de La Pampa, Sergio Ziliotto, convocados con preocupación frente a la pretendida modernización laboral promovida por el gobierno nacional.
También estuvo el gobernador santiagueño Gerardo Zamora, que hace apenas setenta y dos horas asistió a la ceremonia en Tucumán y estampó su firma en el acta. Su presencia fue destacada por sus pares que viajaron hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro que sirve como contracara del acuerdo impulsado por Milei que tuvo su acto el pasado lunes por la noche estuvo motorizado por el espacio sindical que está integrado por el Smata, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (Uomra), la Asociación Obrera Textil, la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y por la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines.
Los datos del documento
“La pretendida modernización laboral que impulsa el actual Gobierno se sostiene sobre un ostensible falseamiento de la realidad”, concluye el comunicado, en una de las afirmaciones más taxativas respecto de la realidad actual, en la que el equipo económico de Milei, en su totalidad, proviene del sector financiero.
El otro dato relevante de la jornada son las 330 mil cuentas sueldo que se dieron de baja durante el último semestre, según la información publicada por el Banco Central. Desde la asunción del gobierno autodefinido como "anarco capitalista", la situación económica de las empresas ha empeorado, tal como confirman los datos arrojados por la segunda encuesta realizada a las organizaciones sindicales miembros de la Confederación.
“Del relevamiento, elaborado por 36 gremios entre 61.728 empresas de 18 sectores diferentes, surge que el 90 por ciento de las organizaciones indicaron que la situación económica de las empresas ha empeorado y que en el 80 por ciento de las compañías se redujo personal, ya sea por despidos, suspensiones o jubilaciones anticipadas”, sostiene el mencionado informe.
De acuerdo al material, el 65 por ciento de las empresas consultadas declararon que las caídas de las ventas superan el 15 por ciento impactando negativamente sobre los trabajadores, la capacidad productiva y el cumplimiento de las obligaciones.
El 40 por ciento de las fábricas utiliza 6 de cada 10 máquinas, sólo el 56 por ciento puede abonar a sus trabajadores en las fechas establecidas y el 80 por ciento de las empresas han tenido despidos por un lado y han realizado acuerdos de retiros voluntarios por el otro, mientras que el 60 por ciento señala que sus trabajadores sufrieron algún tipo de suspensión y licenciamiento.
Los datos de la economía real
Todos estos datos implican un agravamiento o profundización de las tendencias que ya se manifestaban en la edición anterior de la misma encuesta, concluida durante el pasado mes de abril. El caso de las licencias y suspensiones es, tal vez, el más preocupante, ya que esa clase de medidas de contingencia se duplicaron en apenas un bimestre.
Cuando las empresas pierden volumen de negocios, el primer paso suele ser el adelanto de vacaciones, el siguiente la suspensión de turnos o parada transitoria de la planta y, finalmente, el despido de trabajadores.
Muchas fábricas intentan, por le general, evitar esta última instancia, especialmente cuando se trata de trabajadores expermentados, formados y capacitados por la propia empresa, que será lento, difícil y costoso reponer cuando el ciclo de la economía vuelva a ser virtuoso.
En medio de todo ese contexto, los referentes reunidos en la sede de Smata cargaron contra la reforma laboral, uno de los objetivos de los grupos económicos que dominan el gobierno de Milei, plantado en el DNU, suspendido por la Justicia e incluido finalmente en la Ley Bases.
“El sector del trabajo y los empresarios han hecho los cambios pertinentes frente a los nuevos desafíos en los convenios colectivos, no es cierto que no se haya privilegiado a los nuevos cambios y adaptaciones por actividad, y sin necesidad de modificar la reglamentación vigente. Prueba de ello son los trabajos por actividad sectorial de los planes estratégicos que han realizado empresas y sindicatos asistidos por Universidades Nacionales, públicas y privadas”, agrega el documento.
El caso de Smata es uno de los ejemplos más claros. La semana pasada su secretario general, Ricardo Pignanelli, compartió un panel de la expo IndustrializAR, en el distrito de Pilar, en el conurbano norte, con el CEO de Toyota Argentina, Daniel Herrero. Allí se observaron profundas coincidencias entre ambos, sobre todo en lo que refiere a la necesida de mejorar la competitividad y garantizar el empleo.
Sin embargo, desde hace ya tres meses, la planta que el gigante nipón posee en Zárate tiene abierto un programa de retiros voluntarios, para adecuar sus operaciones a la drástica caída de la demanda del mercado. Algo similar ocurre en casi todas las terminales, ya que según un reporte reciente de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) la demanda interanual se desplomó 40 puntos.
Los dirigentes de la entidad, con su presidente Martín Zuppi a la cabeza, se reunieron hoy con el ministro Luis Caputo. Aunque circularon distintas versiones sobre el contenido del encuentro, el parte oficial de la entidad indica que para las empresas "las medidas anunciadas y otras en vías de implementación han sido señales muy importantes para las casas matrices y estimamos que son herramientas claves que pueden contribuir a mejorar las condiciones para retornar a la senda del crecimiento”.
"Seguimos trabajando para avanzar en la consolidación del perfil exportador de la industria, el fomento de las inversiones y el crecimiento de la producción con su consecuente derrame en el desarrollo económico del país", concluye el texto.
Peligro RIGI
Hace apenas dos semanas, Kicillof y Ziliotto visitaron juntos la empresa Apex, que constituye un caso paradigmático de los vaivenes de la economía argentina. Apex es una metalúrgica que provee insumos muy específicos y de alto valor agregado a la industria hidrocarburífera, como varillas de bombeo, cuplas, y otros bienes intermedios. El grueso de su producción se destina a Vaca Muerta, a unos 800 kilómetros de distancia.
La empresa nació como start up en 2020, en plena pandemia, con fuerte apoyo del Banco de La Pampa y la agencia de inversiones provincial. La firma, de capitales nacionales en un 90 por ciento y el 10 por ciento restante estadounidense, tenía entonces 15 empleados. Hoy son alrededor de cien.
En Apex la preocupación por el futuro es muy grande. Hace un año, había acuerdos con la conducción de YPF para incrementar el volumen de producción, pero con el recambio de autoridades se paralizaron y siguen sin concretarse. A eso se suma el RIGI, que los deja en una situación desventajosa frente a los proveedores del exterior.
El propio Ziliotto declaró hoy, luego del encuentro que "el documento de la Csira lo expresa: hay que sumar actores vinculados a la industria para imponer una agenda que marque lo nocivo de las políticas nacionales a contramano del desarrollo industria. Lo dije anteriormente y lo repetí hoy: vamos a un nuevo indistricidio, quizá inédito".