Los representantes de Medamax no asistieron a la audiencia convocada por el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en el conflicto abierto por el despido de los 70 trabajadores de la sucursal que la firma posee en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. 

Luego, por vías informales, hicieron llegar la propuesta de pago de indemnización en doce cuotas, que los delegados rechazaron de plano. La velocidad de la propuesta confirma o al menos sostiene la hipótesis de los trabajadores. Dicen que se trata de una "quiebra simulada" y que se trata de un vaciamiento para poder despedir a los trabajadores “caros”, tanto los que cobran un diferencial por la antigüedad en el puesto como aquellos que tienen beneficios por convenios laborales. De acuerdo con esa versión, el objetivo es reabrir en un par de meses y contratar trabajadores bajo el nuevo régimen que permite la Ley Bases, con períodos de prueba más largos y sin multas al empleo ilegal.

El lunes pasado, según lo establecido por el Ministerio de Trabajo, la empresa debía abrir las puertas y permitir el ingreso de los trabajadores para que pudieran retirar sus pertenencias y efectos personales que habían quedado adentro del lugar, pero tampoco se presentaron.

El incumplimiento por parte de la empresa derivó en una denuncia penal formalizada por el delegado, Gastón Figueroa. Ahora esperan, mediante la intervención de la fiscalía, poder recuperar sus cosas en los próximos días, lo que, consideran, sería “una victoria importante”.

En un contexto de recesión profunda en el que muchas empresas y comercios cierran por la caída de las ventas, Medamax podría ser un caso pionero de otro tipo de práctica empresarial: la de despedir a los asalariados contratados que tienen sus derechos garantizados por la reglamentación previa, en función de aprovechar las ventajas que ofrece el nuevo marco normativo.

Figueroa sostiene que, de lograr su objetivo con ellos, la empresa repetirá el mismo modus operandi con los trabajadores de las sucursales restantes, ubicadas en Claypole, José C. Paz, Berazategui y Bernal. 

La tesis del delegado es que comenzaron por La Matanza por tratarse de la sucursal con la organización sindical más fuerte. Empezar por cualquier otra, hubiera significado alertarlos y exponerse a una resistencia aún mayor.

Los trabajadores de la firma cumplirán este viernes dos semanas consecutivas de acampe frente al que fue su lugar de trabajo, en muchas noches con temperaturas por debajo de los cero grados, con el objetivo de impedir que la empresa se lleve la mercadería restante a las otras sucursales, que funcionan con normalidad.

El Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (SEOCA) de Zona Oeste, realizó el domingo pasado un festival solidario, con presencia de payasos, artistas y animadores, al que asistieron tanto los hijos de los trabajadores como los vecinos de la zona.

También el municipio de La Matanza, a través de su secretaría de Trabajo, asiste a los trabajadores, tanto con alimentos para sostener el acampe, como en la negociación por el monto y la forma de pago de las indemnizaciones. 

A la vez, fuentes sindicales resaltan el llamativo contraste entre los dos ministerios de Trabajo, el provincial que conduce Walter Correa y el nacional, devenido secretaría, a cargo del hombre de Techint, Julio Cordero. Mientras el primero se involucra y cita a las partes, el otro no responde. Aunque el silencio y la inacción de la cartera nacional no son exclusivos del conflicto de Medamax.

Diez mil empresas menos

El vaciamiento de Medamax por parte de sus propietarios, la familia De Lucía, es verosímil por la profundidad del contexto recesivo. Según un informe presentado por Empresarios Nacionales (ENAC), en el semestre pasado se perdieron diez mil empresas en todo el país. 

Consultado al respecto por Buenos Aires/12, uno de los voceros de la organización, Leonardo Bilansky, afirma que "la mitad de esas empresas son bonaerenses, porque la actividad productiva se concentra en un radio de 500 kilómetros alrededor del AMBA y luego en el Gran Córdoba y el Gran Mendoza. Las vinculadas a la construcción fueron las primeras en cerrar. Las industriales intentan resistir, achicándose". 

Los datos surgen de la comparación de empresas que pagan cargas sociales: eran 537.600 en diciembre y hoy son diez mil menos, con un promedio de 12 trabajadores por empresa. Bilansky agrega que "muchas de esas pymes son negocios de supervivencia, en los que el empresario casi no se distingue de sus empleados. No son Techint, que puede parar una planta dos meses. Si paran, mueren. Viven del mercado interno, que es el más golpeado. No crean riqueza, sino que tienen una doble función muy importante, crear empleo y pagar sueldos. Después, cada cien, una crece, se perfecciona, exporta, etcétera. Pero para llegar a eso tenés que partir del universo de cien". Y concluye: "Hay gente que cree que el verdadero gobierno de Milei empieza ahora, que tiene la ley de bases y el pacto que quería. Pero estas diez mil empresas las destruyeron sus políticas".