Días después de que el Gobierno decretara la desregulación de la actividad aerocomercial, la administración de Javier Milei dio un paso más y dispuso este viernes la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por 180 días.
A través de un nuevo decreto, el 606/2024 publicado en el Boletín Oticial, se argumenta que esta medida apunta a "elevar los estándares de seguridad operacional, optimizar y digitalizar procesos administrativos" y a "auditar los últimos años de gestión del organismo".
La decisión fue adelantada este jueves por la noche por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien celebró la medida: "Dios bendiga a la República Argentina", posteó en su cuenta de X.
En el decreto se detalla que la intervención se extenderá por 180 días y podrá ser prorrogada por única vez por el mismo plazo.
Así, el Ministerio de Economía —bajo cuya órbita se encuentra la Secretaría de Transporte— designó a María Julia Cordero como interventora del organismo. Sus funciones serán:
- Elaborar y elevar a la Secretaría de Transporte un informe del estado de situación del organismo.
- Evaluar la estructura de la ANAC y determinar una reorganización funcional y operativa.
- Evaluar e informar sobre el estado financiero del organismo.
- Desarrollar los procedimientos tendientes a adoptar las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas (LAR).
- Implementar mecanismos tendientes a agilizar y digitalizar los procesos del organismo.
En un comunicado oficial difundido este jueves se explicó que la intervención es "instrumento más adecuado" para reestructurar la ANAC y cumplir con "las exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que van en consonancia con las reformas que se están introduciendo en materia de desregulación del sistema aerocomercial".
La medida preocupa a los trabajadores del organismo, quienes se encuentran en estado de alerta ante posibles despidos por el eventual achicamiento de la ANAC y sus funciones.
Qué implica la política de cielos abiertos
A través de tres decretos, el Gobierno le abrió las puertas a la profundización de la política de cielos abiertos. Modificó el Código Aeronáutico y limitó la capacidad del Estado para otorgar rutas, espacios aéreos, horarios y hasta el servicio de rampas.
Así, se habilita habilita el ingreso de nuevos operadores y se reducen los requisitos para el otorgamiento de rutas aéreas. También se desregula el servicio de rampas y permite que pequeñas aeronaves puedan volar de ciudad a ciudad y provincia a provincia con menos requisitos y controles.
Asimismo, se desregula el control y las tarifas, habilitando a las compañías aéreas privadas a ofrecer su propio servicio de rampa y viajar más barato, aunque con menos controles.
Estas medidas suponen un fuerte golpe para Aerolíneas Argentinas, ya que le quita la exclusividad de rutas, frecuencias y servicios.
“Primero se desregulan las tarifas para poder rebajar pasajes, luego hacen quebrar (a las compañías que no pueden igualar los precios) y después ellos suben los precios a las nubes y toman de rehenes los municipios, provincias, cámaras hoteleras y gastronómicas” que más utilizan esos vuelos, denunció el titular dela Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró. Y agregó que en materia de seguridad se “transforma la gestión y el control (aerocomercial) en un sello de goma”.
Por otra parte, deja en manos del mercado aerocomercial la posibilidad de acceder a rutas sin la necesidad de audiencias públicas. También permite que se cierren rutas no tan rentables en términos turísticos pero que hasta ahora siguen en pie por su carácter estratégico de conexión del país.
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