Un puesto de venta de drogas relacionado al clan Tripi que funcionaba en pasaje Acuña y avenida Rouillón fue derribado ayer en un operativo en el Fonavi Parque Oeste, en el marco de la ley de Microtráfico. El juez provincial Gonzalo Fernández Bussy, a instancias del fiscal Franco Carbone, ordenó desactivar otros dos inmuebles situados en Pedro Lino Funes al 2400 y Riobamba al 5700, considerados puntos de venta y aguantaderos de la banda. La investigación se inició tras amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro. “Llevamos casi 30 derribos en toda la provincia”, sostuvo el secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereira, sobre los operativos que se llevan adelante desde principios del año.

El fiscal Carbone detalló que se llevó adelante “el derribo de una instalación que tiene que ver con una disputa territorial que viene sucediendo hace mucho tiempo en esta zona y que está relacionada al clan Tripi, el grupo narco criminal que lidera la venta de estupefacientes en la zona de Parque Oeste”. Según señaló, “este lugar fue sindicado por vecinos como un punto neurálgico de la familia Tripi y acá comenzó una investigación este año por amenazas que nombraban al gobernador Maximiliano Pullaro con distintas balaceras y con mención también a la Tropa de Operaciones Especiales”.

Carbone remarcó que a partir de esas amenazas se inició una investigación que culminó con “un procedimiento que fue falseado por tres agentes del Comando Radioeléctrico que plantaron tres armas de fuego a una persona allegada al clan Tripi y eso fue en este lugar, teniendo al objetivo seleccionado a propósito, porque los Tripi trabajan en esta zona en particular. A partir de ahí, esos efectivos fueron detenidos y luego continuamos con allanamientos que derivaron en la detención de siete personas vinculadas al clan Tripi -con presos e imputados-. La teoría del caso es que está todo relacionado a una banda rival de este clan”, sostuvo. "En este barrio, en el último año calendario, hubo un total de dos mil reportes por violencias altamente lesivas, hay disputas territoriales todo el tiempo", dijo.

El fiscal recordó además que se trata de una organización delictiva que "regentea la venta de droga en el Fonavi Parque Oeste de Rosario hace años” y que “el otro punto que se inactivó está cruzando una cancha de fútbol, sobre calle Riobamba al 5700 y junto con otro lugar sobre Pedro Lino Funes al 2400 son dos puntos muy importantes donde vendían droga al menudeo”. En el lugar derrumbado ayer, "se vendía, se acopiaba, se guardaba no solo droga, sino también armas", aseguró el fiscal.

Por su parte, Pereira enfatizó: “En acciones de esta naturaleza se configura lo que establece la Ley de Microtráfico, ya que es un punto de venta de estupefacientes que genera, en un barrio Fonavi característico de Rosario, una situación de violencia extrema con muertos, armas, disparos, a metros de la escuela del barrio, convirtiéndose en un punto que corrompe la tranquilidad de los vecinos”. 

Al mismo tiempo, el funcionario señaló que "en estos puntos de venta inactivados se vendía cocaína y marihuana". Y aseguró: "Continuaremos trabajando en esta línea por la que ya llevamos casi 30 derribos en toda la provincia”.

El nuevo derribo corresponde a un puesto vinculado al clan que fue noticia la semana pasada: mientras sus últimos soldaditos libres fueron detenidos e imputados, uno de ellos se escapó de la comisaría 5ta en plena imputativa, vía zoom. Aunque fue recapturado, la fuga fue la tercera en menos de dos meses en esa dependencia y generó que el jefe policial rosarino Daniel Acosta echara de su cargo a Gabriela Alesso, como publicó este diario días atrás.

Este tipo de operativos de derribo de bunkers en el marco de la ley de Microtráfico comenzó a principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales. Se trata de una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un bunker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.