Si bien el ministerio Capital Humano comenzó a enviar parte de los alimentos que tenía retenidos en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo (Tucumán) a las provincias, el problema de la inacción de Sandra Pettovello frente a la gravísima situación de hambre en los barrios populares está lejos de haber sido superado. Juan Grabois, querellante en la causa contra la ministra, señaló que los alimentos por los que se planteó el reclamo ante la justicia federal alcanzan sólo para un mes, y el estado nacional no ha hecho compras para sostener la continuidad de la asistencia en momentos en que ha duplicado la pobreza extrema; en la Utep están por eso a la espera de una definición de otro fuero, el contencioso administrativo, sobre un amparo más general, destinado a que se restablezca el envío de insumos a todos los comedores y merenderos.

Entre ellos hay 600 que tenían convenios con el Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sujetos a mecanismos de rendición de cuentas y controles, pese a lo que siguen sin ser abastecidos por Pettovello, que con el argumento de supuestos hechos de abuso en algún comedor puntual, les ha cortado los alimentos a todos.

Aunque la ministra viene consiguiendo sostener su decisión de cortarle los alimentos a las organizaciones sociales, va complicando cada vez más su propia situación como funcionaria pública.

Por ejemplo, ha autorizado el pago al PNUD 14 mil millones de pesos para la compra de insumos destinados a comedores conveniados, autorización que firmó en el mes de febrero; pese a que transcurrieron 5 meses --y a que esos 14 mil millones fueron pagados-- a los comedores para los que se encargó la compra de comida aún no les llegó nada.

Grabois denunció que este incumplimiento se mantiene, al menos sobre los del Movimiento de Trabajadores y Excluidos, por lo que como abogado de esos comedores pedirá que la justicia cite a declarar al PNUD, para que informe si en estos comedores se encontró alguna vez situaciones de desvíos o abusos.

“Los vamos a citar para que atestigüen que es mentira lo que están diciendo (desde el ministerio de Pettovello), para mostrar que no hubo corrupción”. Grabois señaló que en los barrios, como en toda la sociedad, “hay gente mala y gente buena, y hay gente que ha abusado de su poder; parte de los mecanismos de abuso de poder son estos que describe el gobierno, que a partir de estos casos, toma una muestra y la generaliza”.

Además, el MTE le pidió a la Universidad de Buenos Aires que haga una auditoría sobre sus asociaciones, para demostrar que la medida de Pettovello es prejuiciosa y no está basada en hechos reales.

El pedido de amparo que se espera sea definido está en el despacho del juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa, que ya ha aceptado que el recurso se tramite como un amparo colectivo.

La Utep solicitó en él que el ministerio Capital Humano cese en la interrupción del envío de mercadería a los comedores comunitarios.

Como demandante, planteó que el Estado nacional está incumpliendo con su obligación de “garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de toda la población argentina, con especial atención a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad económica y social”. Esa obligación fue asumida con la sanción de las Leyes N° 25.724 que, aprobada por el Congreso en 2003, que creó el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional. De manera más amplia, la Constitución Nacional otorga garantías básicas para la protección y desarrollo de las personas que habiten en la Argentina, y el derecho a la alimentación está reconocido dentro de algunos de los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir que ningún plan económico, por más motosierra que incluya, puede dejar en el desamparo a los ciudadanos.

Por otra parte, en el pedido de amparo los denunciantes plantearon que existen partidas presupuestarias destinadas a solventar la asistencia alimentaria, pero que el Ministerio de Capital Humano las subejecutó.

Al aceptar que el amparo sea tramitado como recurso colectivo, el juez Lara Correa expuso entre sus razones "la obligación que tiene el Estado Nacional de brindar asistencia alimentaria en virtud de la Constitución Nacional, los Instrumentos Internacionales y las demás normas y normativas aplicables". De esta manera, adelantó entonces, se realizará "un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada", resguardando al mismo tiempo "el derecho de acceso a la justicia".   

Los comedores comunitarios, mientras tanto, tratan de no seguir funcionando, con la ayuda de algunos municipios y de las gobernaciones, que sin embargo, no son suficientes para responder al grado de necesidades que se plantean hoy. Intendentes y gobernadores han tenido que compensar, en estos meses, los recortes que Pettovello también hizo de la asistencia destinada a los comedores escolares, agravando el contexto general. 

Por esto algunas organizaciones han lanzado campañas nacionales contra el hambre. El MTE está haciendo una campaña solidaria de donaciones para sostener sus ollas y comedores, y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) que encabeza el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, inició una acción llamada “La peor violencia es el hambre”, a través de la que está denunciando las políticas de ajuste, con la exigencia de que se reconstruyan todas las áreas desmanteladas.