La madrugada del 20 de agosto de 2010 la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la ley que impuso el 82 por ciento móvil para los jubilados. Fueron 135 votos a favor, 89 en contra y 17 abstenciones. Los bloques que impusieron el número fueron los que por entonces conformaban el Grupo A: la UCR, el PRO, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el Peronismo Federal con Felipe Solá a la cabeza, el GEN de Margarita Stolbizer y el socialismo. Rechazaron la iniciativa el Frente para la Victoria y aliados provinciales,  por considerar que ponía al sistema jubilatorio recuperado por el Estado dos años antes en situación de insolvencia, al no establecer la ley opositora mecanismos de financiamiento para sostener los aumentos. Se abstuvieron por la misma razón los diputados de Proyecto Sur, Libres del Sur y Nuevo Encuentro, con la excepción de Miguel Bonasso, que acompañó la propuesta. Carrió fue esa noche una de las más enfáticas defensoras del proyecto. “Hay que hacerse cargo de los jubilados y esta es una manera responsable de hacerse cargo”,  aseguró. Oscar Aguad y Patricia Bullrich también remarcaron la obligación moral de saldar esa deuda con los jubilados, lo mismo que dijeron en el Senado los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz. En la Cámara alta la votación salió empatada y el que inclinó la balanza a favor de otorgar el 82 por ciento móvil a los jubilados fue el vicepresidente Julio Cobos. Su voto esa vez fue positivo. Amado Boudou, entonces ministro de Economía, había polemizado con Morales y Sanz en los debates previos en el Senado porque aseguraba que el camino para ir recuperando el poder adquisitivo de las jubilaciones –que estuvieron congeladas durante el menemismo y sufrieron una rebaja del 13 por ciento con la Alianza, con Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger en roles destacados para la toma de esa decisión– era la Ley de movilidad previsional, sancionada un año y medio antes con los apoyos invertidos, el Frente para la Victoria casi en soledad a favor y la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el bloque que lideraba Claudio Lozano en contra. Después de la aprobación del 82 por ciento móvil, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley al calificarla como una trampa para hacer trastabillar a la jubilación pública y forzar a su gobierno a una medida impopular. Mauricio Macri se lo recriminó: “La Presidenta no tiene autoridad moral para decir que no le alcanza la plata, cuando viene despilfarrando recursos en forma cada vez más grotesca”. 

Hoy ya nadie habla del 82 por ciento móvil. Dejó de ser una obsesión para las fuerzas políticas que lo impulsaron en su momento. Por el contrario, la reforma previsional que plantea el Gobierno tenderá a ensanchar la distancia entre los salarios de los trabajadores activos y los haberes jubilatorios, hundiendo cada vez más a estos últimos. Esto es por el reemplazo de la fórmula de movilidad actual por un sistema que ajustará los ingresos previsionales de acuerdo a la evolución de la inflación. Con la movilidad sancionada durante el kirchnerismo, la jubilación mínima escaló de 690 pesos en marzo de 2009 a 7246 pesos en septiembre de 2017, un incremento del 950 por ciento. En el mismo período, la inflación fue de 692 por ciento, tomando las mediciones de consultoras privadas, el promedio de los institutos provinciales y desde 2016 el IPC de la Ciudad de Buenos Aires y del Indec. Como explicaron en este diario Javier Lewkowicz y Alfredo Zaiat, si entre 2009 y 2017 las jubilaciones se hubieran actualizado por la inflación, como propone ahora Cambiemos, la jubilación mínima se ubicaría en este momento en 5470 pesos. Es decir, casi 1800 pesos menos por mes para los jubilados de la mínima, en lugar de los 7246 que están percibiendo. Hubiera significado un recorte del 24,5 por ciento. El perjuicio se extendería al universo de los jubilados, ya que la ley de movilidad determina dos aumentos al año, en marzo y en septiembre, para todas las jubilaciones.

“De todas las medidas propuestas por el Gobierno, la reforma previsional es la más importante: si no sale eso, lo demás no sirve y yo creo que va a salir”, destacó anteayer el economista Carlos Melconian en referencia al proyecto de Cambiemos. Como queda claro, no es la más importante porque vaya a mejorar la situación de los jubilados ni permita acercar sus ingresos al famoso 82 por ciento móvil. El ex presidente del Banco Nación hasta enero pasado, palabra autorizada para el establishment, lo dijo por el recorte de gastos que implica para el Estado. Eliminar la ley de movilidad actual y reemplazarla por aumentos atados a la inflación significará el año próximo un recorte en las partidas para el pago de haberes previsionales de más de 100 mil millones de pesos. La ley de movilidad también se utiliza para establecer los aumentos de la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares, la pensión universal para el adulto mayor, las pensiones no contributivas (invalidez y otras) y la pensión a los ex combatientes de Malvinas. Con todo el paquete, hay estimaciones que circulan por el Congreso que estiran el monto del ajuste arriba de los 140 mil millones de pesos. La ley de presupuesto 2018 que consiguió aprobar el Gobierno contempla un aumento en las partidas para jubilaciones y todos esos rubros del 22 por ciento, mientras que si se pasara a actualizaciones de haberes y pensiones con la inflación, la proyección del Banco Central es que los incrementos serían de 10 a 12 por ciento.

El recorte de jubilaciones es una pieza clave para facilitar el acuerdo entre la Nación y las provincias que determina un aumento de las partidas para el gobierno de María Eugenia Vidal de 20 mil millones de pesos el próximo año y el resto de la ingeniería que se entrelaza con la reforma tributaria y el blanqueo laboral. Es un esquema que cuenta con el apoyo explícito del Fondo Monetario Internacional, que desde el año pasado venía reclamando la cancelación de la ley de movilidad previsional del kirchnerismo. Lo mismo solicitó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países neoliberales al que el Gobierno aspira a incorporarse. Más allá de esa presión internacional, la expectativa de Melconian respecto a que el Gobierno avanzará con el cambio en la forma de determinar los aumentos a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones radica en la atribución que consiguió el año pasado para hacerlo por decreto, por la declaración de emergencia previsional que sancionó el Congreso con la Ley de Reparación Histórica. Como la Ley de Solidaridad Previsional de Domingo Cavallo en los ‘90, que significó el congelamiento de las jubilaciones por una década, ahora la Ley de Reparación Histórica habilitaría el achatamiento paulatino en los haberes jubilatorios. Seguramente para que vuelva a exigirse el 82 por ciento móvil habrá que esperar a que el actual oficialismo regrese al lugar de oposición.