"Hay un cambio de época, este es un nuevo estadio en la criminalización y represión de la protesta", dice Matías Aufieri. Habla como abogado defensor de tres de las 33 personas "cazadas" por la policía el 12 de junio frente al Congreso, y como integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Como tal participó de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del jueves pasado, en la que el Gobierno insistió en presentar a los manifestantes -y también a legisladores de bloques opositores- como sediciosos que no fueron a protestar, sino a planear un golpe de Estado. Pero Aufieri puede dar testimonio también en primera persona: en la represión del 1° de febrero pasado, también frente al Congreso y en la manifestación contra la ley Bases, él mismo perdió la visión de un ojo por un balazo de goma que le tiró a corta distancia la Policía Federal. 

Lo que cuenta Aufieri de aquel día se repitió como un guión, o más exactamente un protocolo, el 12 de junio pasado. La manifestación que se vuelve multitudinaria. La gente que sigue llegando, durante varias horas. El exagerado despliegue policial. Hasta que en un determinado momento, y sin que cambie nada en la actitud de los manifestantes, la policía irrumpe. Dispara, pega, detiene. Dispersa. Se repiten también escenas que contrastan por su violencia con todo lo vivido antes, protagonizadas por gente que "aparece" a la marcha. Son las que terminan ocupando los titulares de los diarios al día siguiente, pero, casualmente, en las causas que se abren a los detenidos no figura conexión ni investigación alguna al respecto, como ocurrió con la quema del móvil de Cadena 3. 

“Las motos de las fuerzas de Bullrich y de la Ciudad están para sembrar el terror y terminar con cualquier manifestación opositora”, concluye Aufieri. Aquel día, recuerda, las motos de la Federal se metieron entre las dos plazas del Congreso y dispararon al rostro, a unos diez metros de distancia. Luego avanzaron con las detenciones. "El objetivo era vaciar la plaza, impedir que llegaran más manifestantes. No querían la foto de una plaza llena contra el gobierno. Y el 12 de junio fue lo mismo", observa. "En ambas fechas asistimos al montaje de un coto de caza. Cuando la ley fue al Senado se dio un paso más: detenciones masivas y cargos graves. Y un fiscal que copia y pega la acusación de sedición del Gobierno".

Un guión que se oscurece

Aufieri hoy defiende a Martín Di Rocco, Mateo De Tore y Germán Moyano -tres de los detenidos el 12 de junio- junto a Myriam Bregman y Carlos Platkowski, que a su vez llevan su causa por el daño sufrido en el ojo. A sus defendidos, como al resto de los "cazados", Stornelli les achacó delitos graves como intimidación pública, sin más prueba que la palabra de policías que, en varios casos, ni siquiera eran los que había hecho las detenciones, y hasta (como en el caso de Camila Juárez, por ejemplo) declaran haber estado en un lugar desde el que hubiera sido imposible presenciar lo que relatan. 

"Hay una inversión del principio de inocencia, no es que había pruebas para sus procesamientos, tuvimos que salir a buscar pruebas para que no queden procesados. Presentamos filmaciones que desmienten las acusaciones pero sabemos que hay más, y queda en manos de la policía conseguir las filmaciones de comercios y domos, aún no lo han hecho. Por eso entre otras cosas es que decimos que las causas no son solo contra ellos, son para intentar intimidarnos a todos", analiza. 

Aunque esto ocurrió con cada uno de los detenidos y la acusación de "intimidación pública" se cayó en todos los casos, incluso en los de las dos personas que siguen detenidas (ver aparte), el Gobierno sigue repitiendo el guión que Stornelli no pudo sostener en la justicia. El jueves, ante la CIDH, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y funcionarios del ministerio de Seguridad eludieron todas las denuncias de las organizaciones que solicitaron la audiencia, así como los planteos de los miembros de la CIDH, y en cambio insistieron con la teoría de una conflagración violenta urdida por los manifestantes afuera y los bloques opositores adentro del Senado, con el objetivo de impedir la sesión. 

Cambio de época

"Los cargos de intimidación pública y delitos más graves como los que introduce Stornelli los empezamos a experimentar en 2017, con abogados outsiders que se presentaban a hacer denuncias de sedición contra diputados. Lo que pasa es que antes les daba vergüenza y lo hacían por esa vía indirecta, desde ya las causas se cerraban al poco tiempo porque eran insostenibles. La gran diferencia es que ahora lo plantean directamente desde el gobierno", anota Aufieri. Suma el detalle de que en la causa fue aceptado como querellante el mismo Senado, aun cuando no fue una solicitud de todo el cuerpo sino una decisión de su presidenta, Victoria Villarruel, casi como una proyección del Ejecutivo. También por esta vía se insistió en la teoría de una conflagración de la que habrían sido parte diputados y senadores que querían levantar la sesión. 

"Hay un manto de dudas enorme que se mantiene sobre los hechos que más ameritaron esta batería de acusaciones gravísimas, como la quema del móvil de Cadena 3. El auto que aparece circulando tranquilamente con toda la zona vallada desde temprano, ¿a nadie le pareció raro? Al fiscal Stornelli, por lo pronto, no, porque no hay un solo elemento en la causa que vincule a los que fueron detenidos con este hecho, no hay una sola línea de investigación al respecto tampoco. Esa es la mayor muestra del gran dislate jurídico que plantearon", agrega. 

Desde su lugar de militancia en derechos humanos y como asesor de las bancas del Frente de Izquierda, el 1° de febrero Aufieri fue uno de los que había ido a relevar lo que estaba sucediendo en la represión (que había comenzado la noche anterior, cuando detuvieron a cuatro mujeres -una de ellas militante de la Juventud Radical- que cantaban el himno cerca del Congreso). Como él, fueron muchos los heridos por los gases y las balas de goma, entre ellos más de veinte trabajadores de prensa. En su caso, tuvo intervenciones en el ojo y le restan más, con un largo tratamiento; la posibilidad de recuperar parte de la visión es aún incierta. Desde aquella agresión hasta ahora, el guión represivo del gobierno se siguió oscureciendo.