El gobernador Maximiliano Pullaro gestiona el día a día como si lo hiciese en medio de una pandemia, una profunda sequía o cualquier otro desastre natural o humano. ¿Qué otra alternativa tiene? La macroeconomía no depende de él y la administración que impuso y sostiene en base a su centralidad política el presidente Javier Milei; tampoco pueden modificarse desde la provincia de Santa Fe que, en su momento, también lo coronó de votos en aquel sorprendente final de balotaje contra el peronismo. Claro que se podría esperar del mandatario provincial otra enjundia discursiva a la hora de disputar con nación los intereses de Santa Fe y, también, no reproducir hacia adentro esquemas de ajuste y maltrato a los trabajadores del Estado.
El máximo ejemplo de enfrentamiento con el poder central desde la recuperación de la democracia, lo protagonizó el entonces intendente de Rosario Horacio Usandizaga. El Vasco primero mandó a Raúl Alfonsín a “plantar rabanitos a Chascomús” y después dijo que renunciaría a la intendencia si Carlos Menem se imponía en las presidenciales de 1989. Y lo hizo, se fue del Palacio de los Leones. No sirvió de mucho, y menos a los rosarinos.
En estos tiempos, Pullaro firma un día el Pacto de Mayo pero se niega a ir vestido de negro como exigía el dress code impuesto por la hermana Karina Milei. El papel que rubrica junto a otros 17 mandatarios provinciales es la tumba de las pymes industriales de Santa Fe, pero explora los resquicios del Régimen de incentivo a la Grandes Inversiones (RIGI) para ver si puede colar empresas de esta provincia en los megaemprendimientos mineros en otras regiones. Como esa firma de Villa Gobernador Gálvez que fabrica componentes para maquinaria pesada que opera en Vaca Muerta. Claro que esa relación comercial se desarrolló antes de la vigencia del ultra concesivo régimen contenido en la Ley Bases.
El gobernador piensa que puede incidir en la reglamentación del RIGI y pretende que se incorporen al texto de la ley, observaciones que trabaja una mesa técnica junto a empresas proveedoras, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra).
El ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini comparte el entusiasmo de Pullaro y trabaja en esa dirección. Está convencido de que con el incentivo a las grandes inversiones, puede abrirse un nuevo escenario de posibilidades para Santa Fe. El funcionario dijo públicamente que desde esta provincia “tenemos mucho para aportar al futuro de la minería, con recursos humanos calificados y una matriz productiva muy potente y diversa". En ese escenario sostienen que el objetivo de fondo de Pullaro es meterse en la agenda del litio, el mineral sobre el que el mundo posa sus ojos y que abunda en Argentina.
Con ese objetivo, el gobierno provincial recibió en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires a la Cámara Argentina de Empresas Mineras, a quienes le mostraron el portfolio de proveedores. La versión del gobierno provincial es que le agradecieron el “interés en el tema minero” a Pullaro que se patentó con la participación santafesina en la Expo San Juan en mayo y que continuará con Argentina Mining Salta 2024 y Argentina Oil & Gas Patagonia 2024. Según confirmó Letra P, invitaron al gobernador para que en octubre visite alguna de las mineras en el norte.
También se avanzó esta semana en reuniones dirigidas a elaborar el anteproyecto de Ley de Biocombustibles. En el tema se abrió una hendija cuando Milei aflojó posiciones para la sanción de la Ley Bases. Por ahí se quiere meter la la Liga Bioenergética que integran Jujuy, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, que tiene el 82% del biodiésel nacional. Con plantas que están hoy prácticamente paradas y que están distribuidas estratégicamente para un desarrollo integral porque así lo exigía la normativa que las creó en el gobierno de Néstor Kirchner.
Muy lejos de estos postulados está no sólo la oposición en la provincia, sino la realidad de un mercado interno e industrial y comercial que se cae a pedazos día a día. Cuando los diputados nacionales de Santa Fe le pedían a Pullaro que no convalide con su firma el Pacto de Mayo, recordaban el escenario al que se ve sometida la provincia desde la asunción de Milei. El recorte de 6.900 millones de pesos por el Fondo de Incentivo Docente, los 5.700 millones que nación no giró en transferencias para la seguridad social, básicamente para hacer frente al déficit de la Caja de Jubilaciones; los 1.500 millones menos para las ayudas alimentarias, los 1.000 millones menos en obras públicas, viviendas y saneamiento; otros 900 millones de pesos que ya no están para la emergencia agropecuaria y plan carnes. Los 1.100 millones recortados en subsidios a los biocombustibles, los 220 millones sustraídos a la salud comunitaria y la atención de enfermedades crónicas y los millones que ya no tiene el transporte urbano en materia de subsidios.
La suma es realmente abultada y obstruye seriamente el funcionamiento de la provincia. Pero el gobierno de Santa Fe no lo admite públicamente, elige no pelearse con Milei e ir por lo poco que pueda arrebatarle. También, aprovechar la sequía para mostrar la capacidad propia en materia de obras públicas. Claro que el ritmo es de tortuga para los trabajos con dineros propios. Así se anuncia con estridencia la reparación de algunos kilómetros de la autopista Rosario-Santa Fe u otros trabajos que sin el aporte nacional tardarán muchos años e irán deteriorando la infraestructura existente en todo el territorio.
La presentación en Rosario esta semana del Informe del Observatorio Social, Económico y Productivo de Santa Fe (Osep), arrojó indicadores alarmantes. Allí se destaca la contracción de la actividad industrial en un 18% interanual, afectando al 89% de las ramas manufactureras y provocando una caída del empleo, especialmente en los rubros metalúrgico, vigilancia, construcción, gastronomía y alimentación.
En esa presentación, el presidente de la Confederación General de la Producción de la República Argentina, Gastón Borsini advirtió que “el modelo que nos quieren imponer no es el de EEUU, es el de Indonesia, con trabajo esclavo y niños y niñas que trabajan cobrando 10 centavos de dólar. Eso es lo que votó el Congreso de la Nación en estos días y hacia donde nos están llevando”. El Osep además revela datos como la disminución de los ingresos reales de los agricultores por la devaluación del 118% de diciembre, la caída de la producción de leche en un 14% interanual en el primer trimestre de 2024 (la más baja de los últimos cinco años), y el estado de alerta de los pequeños y medianos productores de carne porcina de Santa Fe.
Por otro lado, el gobierno provincial ya demostró capacidad para crear situaciones que permitan imponer tarifazos de las empresas públicas de agua y de energía; y también de negociar a la baja las paritarias con los trabajadores estatales. El primer paso siempre es el mismo: Desprestigiar primero el objeto a doblegar, como es el modus operandi del gobierno nacional. Así se hizo aquí hablando mal de la EPE y de Assa. También de los docentes a los que espera para negociar cuando terminen las vacaciones.
Pero primero les mostrará a maestros y estatales en general cómo los santafesinos se ahorraron supuestamente 7 mil millones de pesos en el primer semestre sólo con el más rígido control de licencias por enfermedades y accidentes laborales. La idea es que todos les creamos a la Dirección Provincial de Autoseguros de Riesgos de Trabajo (Dipart), que se encargó de la tarea y mostró los resultados. Se sabe, pegarle a los empleados públicos en este país y en esta provincia, es gratis.
